La Contraloría General del Estado se pronunciaría en unos dos meses sobre el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien además fue denunciado en la Fiscalía de Pichincha.

De acuerdo con Alejandro Rodas, constitucionalista y docente universitario, Guarderas incumple la ley de la consulta popular de febrero de 2017, que estableció que cualquier persona que tenga intención de representar a través de elecciones debe cumplir el requisito de no tener acciones, ser socio en países que para Ecuador son paraísos fiscales.

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Rodas aseguró que Guarderas es socio del estudio jurídico Quevedo & Ponce y de una compañía dedicada a temas inmobiliarios en Panamá, que fue creada desde la década de los años noventa por ese grupo de abogados.

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En las elecciones generales de 2017, se aprobó una consulta popular para prohibir que cualquier candidato a una elección sea beneficiario de alguna entidad en paraísos fiscales.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), la República de Panamá consta en un listado de países considerados como paraíso fiscal.

Con fecha del 30 de enero de 2022, agregó que Guarderas sigue siendo socio de la empresa Coppa en Ecuador. Así lo mencionó en su cuenta de Twitter.

El pasado 2 de febrero del 2022, según contó Rodas, en la Contraloría denunció una presunta inobservancia legal del alcalde, debido a que es la entidad que debe hacer un examen especial en máximo 60 días y en la Fiscalía de Pichincha, el pasado miércoles, denunció un posible delito de perjurio.

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Negó ser abogado de alguna empresa constructora. No descartó ser candidato en las próximas elecciones, pues indicó que tiene apoyo y ha tenido conversaciones con organizaciones políticas.

Señaló que a día seguido de presentar su denuncia, rompieron la ventana de su vehículo y solo se llevaron un maletín de papeles cuyo contenido es de tres concejales y del alcalde.

“Yo creo y estoy convencido en el control social (...) y aun teniendo un alcalde con cuentas y con acciones en paraísos fiscales que nunca ni siquiera debió ser concejal de Quito porque era la prohibición expresa”, sostuvo.

Rodas posteó en su cuenta en Twitter, un oficio de la Contraloría, fechada el 10 de febrero del 2022, en la que se le da a conocer que se ha dispuesto a la Dirección Nacional de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados emita una orden de trabajo para la ejecución de un examen especial a fin de determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad de Santiago Guarderas, por haberse posesionado en el cargo de alcalde de Quito, presuntamente teniendo bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales.

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En el mismo documento consta que según Rodas, citando a la Superintendencia de Compañías, Guarderas es accionista en la compañía Coppa & Pi Inmobiliaria S.A., así como en la sociedad extranjera Quevedo & Ponce Incorporated con domicilio en Panamá pero en sus declaraciones patrimoniales juramentadas ha declarado que no tiene bienes o capitales en paraísos fiscales.

El alcalde Santiago Guarderas no se ha pronunciado aún sobre las afirmaciones de Rodas. (I)