La suspensión de la jornada laboral por la crisis energética decretada por el presidente de la República, Daniel Noboa, se aplica tanto para el sector privado como para el público. Sin embargo, hay trabajadores remotos, informales y emprendedores que no caben exactamente dentro de la sombra de esas clasificaciones, o que no pueden dejar de producir o laborar por un día, peor por dos.

El local de encebollados de María Alejandra Veintimilla, por ejemplo, ha tenido que trabajar “a menos de media llave” a consecuencia de los apagones de seis horas diarias.

Se han visto obligados a reducir las compras de materia prima, los elementos para elaborar el encebollado, con el fin de mantener vacíos los congeladores y evitar pérdidas en la cadena de frío. Ya tuvieron que realizar compras extras de materia prima porque los refrigeradores no funcionaban.

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Han registrado una caída del 40 % en ventas. Veintimilla pronostica que la suspensión de la jornada laboral, además, afectará aún más a su negocio, ubicado en el norte de la ciudad. “Urdesa es un sector comercial lleno de oficinas y negocios, que si cierran así sea solo por un día nos va a golpear”, indica.

Un caso similar al de Veintimilla es el de Nancy, de 33 años, quien tiene un restaurante en un centro comercial en Guayaquil. Aunque usan el generador del centro, este no les permite utilizar el horno eléctrico para pizzas, esencial para su negocio, pues a pesar de vender otros productos, lo que más comercializan son pizzas. La suspensión de la jornada laboral también le afectará, pues las horas más movidas en su local son la hora de almuerzo y en la noche, cuando sus clientes salen de sus empleos.

Según datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca para 2022, en Ecuador existen 1,9 millones de microempresas (más del 97 % del total), 27.600 empresas pequeñas, 13.700 medianas y 4.600 grandes.

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Las últimas cifras de trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (febrero de 2024), además, indican que el 55,5 % de la población empleada trabaja en el sector informal y solo el 33,9 % de los ecuatorianos tienen un trabajo pleno.

Pablo Castro es uno de esos trabajadores informales. Él se pasea por el centro de la urbe todos los días con su canasta de pasteles de carne, vendiéndoles a los trabajadores de ese sector de la ciudad. Le afectaría gravemente que de repente sus clientes no vayan a trabajar.

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Los trabajadores remotos también se han visto afectados por los apagones. María Reina, de 24 años, trabaja para una empresa estadounidense desde su hogar, y necesita de una conexión a internet estable, además de poder tener sus dispositivos cargados. En su sector de la ciudad les han cortado la energía eléctrica por siete horas al día.

“Esto ha sido terrible para mí. Hemos experimentado cortes de siete horas y no se respetan los horarios. Se va la luz una hora antes, a veces se extiende y no nos avisan nada. Me ha estado causando muchos problemas en mi trabajo, no sé qué decir, no puedo asegurar cuándo voy a estar presente: se me acaba la batería, se me va el internet. Tengo cargadores portátiles, pero no me duran tanto tiempo. No puedo trabajar”, indica la joven.

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La crisis energética en Ecuador llega cuando el país está a las puertas de una consulta popular, que se efectuará este domingo, 21 de abril. Daniel Noboa enmarcó los apagones con este contexto, aduciendo que la crisis de la infraestructura eléctrica del país se debe a sabotaje, supuestamente por parte de 22 altos funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, incluyendo a la ahora exministra Andrea Arrobo.

El Gobierno anunció la mañana de este 17 de abril que presentó una denuncia en Fiscalía contra estos 22 funcionarios por el supuesto delito de paralización de servicios públicos, que acarrea penas de 1 a 3 años de cárcel, según lo estipulado por el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal. (I)

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