Una reconstituyente, reforma judicial, lucha contra la corrupción y otras propuestas en materia de seguridad corresponden a los candidatos a la Presidencia, Daniel Noboa, de la Alianza Democrática Nacional (ADN), listas 4-35, y Luisa González, aspirante de la Revolución Ciudadana, lista 5.

En la primera vuelta electoral, Noboa alcanzó el 23,47 % de aceptación y González, el 33,61 % de votos válidos, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Qué plantean Daniel Noboa y Luisa González en seguridad?

Propuestas de Noboa

Sobre la seguridad social:

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  • Transparencia y rendición de cuentas. Se reforzarán la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los fondos de jubilación para prevenir fraudes y malversaciones. incluso se plantea la aplicación de medidas rigurosas de control y auditoría y canales de denuncia eficaces y seguros.
  • Revisión de las políticas de inversión de los fondos de jubilación. El fin es asegurar que estén alineadas con los mejores intereses de los jubilados y sean capaces de generar rendimientos suficientes y sostenibles.
  • El mejoramiento del sistema de pensiones. El objetivo es mejorar su sostenibilidad. Esto puede incluir medidas como ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores, diversificar las fuentes de financiamiento y promover la inclusión de más trabajadores en el sistema.

Sobre seguridad:

  • Una reforma del sistema judicial y policial para mejorar su eficiencia y equidad. Una acción es fortalecer la capacitación de los oficiales de policía en técnicas de resolución pacífica de conflictos. Además, se desarrollarán programas de rehabilitación para reclusos para reducir las tasas de reincidencia.
  • La transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad. Esto incluirá auditorías regulares, la implementación de un código de conducta estricto y la creación de mecanismos de quejas ciudadanas.
  • Un programa de participación comunitaria a través de la vigilancia y la denuncia ciudadana. Además, se abrirán espacios para el diálogo y la resolución de conflictos a nivel local, reforzando así la cohesión social y la confianza en las instituciones.
  • Una educación para la paz. Se trabajará con las escuelas y las familias para promover la educación en valores, el respeto y la tolerancia desde la infancia. Se crearán programas educativos centrados en la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos.
  • Prevención del crimen a través de diseño urbano. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad basadas en el diseño urbano, lo que contribuye a la prevención del delito. Las acciones son mejorar la iluminación en las calles, parques seguros y espacios públicos bien mantenidos.

Sobre el sistema penitenciario:

  • Una reforma judicial y procesal. Un alto porcentaje de detenidos en prisión preventiva sugiere un sistema judicial lento y posiblemente ineficaz. Es crucial acelerar los procedimientos judiciales y garantizar el derecho a un juicio rápido y justo. Esto incluirá la contratación de más personal judicial, la implementación de tecnologías que agilicen el proceso y la revisión de las políticas de prisión preventiva.
  • Inversión en infraestructura penitenciaria. Los centros de detención sobrepoblados y en mal estado pueden fomentar la violencia y dificultar la rehabilitación. Es necesario invertir en infraestructura para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, garantizando la seguridad, la higiene y el respeto a los derechos humanos.
  • El fortalecimiento de programas de rehabilitación y reinserción. Implementar programas efectivos de rehabilitación dentro de las prisiones es esencial para reducir la violencia y preparar a los reclusos para su reintegración a la sociedad. Estos programas incluirán capacitación vocacional, educación, terapia y otras actividades productivas.
  • Mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario. La falta de control sobre los centros de detención sugiere una necesidad de mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario. Esto incluirá la formación en técnicas de resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y gestión de crisis.
  • Transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario. Es esencial implementar medidas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario. Esto incluirá auditorías regulares, el establecimiento de mecanismos de quejas para los reclusos y la supervisión independiente de las condiciones de los centros de detención.

Sobre la reforma al Código Orgánico Integral Penal:

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  • Potenciar la mejora de los programas que norman y regulan las medidas alternativas a la prisión preventiva. Esta debería ser el último recurso y usada solamente cuando sea absolutamente necesario. Para los acusados que aún no han sido condenados y representan un bajo riesgo, se deberían contemplar medidas alternativas, como el monitoreo electrónico, la presentación periódica ante una autoridad, la prohibición de salir del país o la obligación de permanecer en un lugar determinado.
  • Fomentar la consolidación y robustecimiento de las penas alternativas para delitos no violentos establecidos en la norma penal. Para los delincuentes no violentos se deben promover penas alternativas a la privación de libertad, como trabajo comunitario, multas, restitución a las víctimas, programas de rehabilitación y tratamiento para la dependencia de sustancias. Esto puede reducir la sobrepoblación en las prisiones y permitir que los infractores se rehabiliten y reintegren en la sociedad de manera más efectiva.

Propuestas de González

  • Recuperar la independencia, la imparcialidad y la plena sujeción a Ley y a la Constitución de la Función Judicial y la Fiscalía, para que cumplan con su función de sancionar delitos y no personas. Establecer medidas para impedir la utilización de la justicia como un mecanismo de persecución política, así como la aplicación del derecho penal del enemigo y el uso político del sistema de justicia.
  • Promover la adopción de leyes orientadas a evitar la intromisión de los poderes fácticos, incluidos los poderes económicos y mediáticos, en la administración de justicia, asegurando las posibilidades para hacer realidad el principio de imparcialidad de las y los jueces.
  • Promover legislación que garantice la independencia interna de la Función Judicial, equilibrando las atribuciones sancionatorias del Consejo de la Judicatura frente a la facultad jurisdiccional del juez.
  • Apoyar a la Función Judicial en el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Consejo de la Judicatura que aseguren la transparencia y la meritocracia en los procesos de selección, evaluación y promoción de los jueces y demás servidores judiciales.
  • Promover políticas para el respeto de los límites de la Función Judicial, a fin de evitar que sea el instrumento de combate entre adversarios políticos, persecución política.
  • Reivindicar la independencia y la imparcialidad de los jueces, fiscales y defensores públicos dotándoles de mecanismos efectivos.
  • Promover la formación continua de jueces, juezas y fiscales para conseguir un sistema de justicia de excelencia, con permanente enfoque de derechos humanos.

Lucha contra la corrupción y el crimen organizado

  • Acordar un pacto ético de toda la sociedad.
  • Promover una cultura anticorrupción a través de políticas de prevención.
  • Fortalecer los marcos legales y regulatorios. Establecer normas sólidas que penalicen la corrupción y el crimen organizado, y promover su cumplimiento efectivo. Esto implica mejorar la legislación existente, cerrar lagunas legales y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas.
  • Desarrollar políticas para la erradicación de la corrupción sistémica en el ámbito público, tales como la selección, evaluación y promoción transparente y meritocrática de los servidores públicos.
  • Implementar políticas y medidas que permitan la incautación, confiscación de activos y bienes obtenidos de manera ilícita por actos de corrupción y delincuencia organizada, y destinarlos a programas de desarrollo social y lucha contra estos delitos.
  • Garantizar la seguridad y protección de los testigos y denunciantes de corrupción y crimen organizado, brindando incentivos y mecanismos legales para facilitar su cooperación con las autoridades.
  • Promover legislación para sancionar las prácticas de “puertas giratorias”, por las cuales algunos políticos y funcionarios públicos pasan de sus cargos a los directorios de grandes empresas o se benefician de retribuciones en una y otra manera.
  • Promover legislación para transparentar el financiamiento de los partidos políticos.
  • Promover legislación para regular los lobbies, transparentando su incidencia política.
  • Fortalecer la transparencia del sistema de contratación pública.
  • Eliminar los privilegios de los cargos electos, tanto de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones (dietas, prebendas, etc.) como de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus mandatos (pensiones especiales, etc.), de manera que sus derechos sean como los del resto de los trabajadores.

Administración de justicia

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  • Recuperar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
  • Impulsar reformas legislativas orientadas a la eliminación de obstrucciones para el acceso a la justicia.
  • Restaurar el rol de la Defensoría Pública como garante del pleno e igual acceso a la justicia de todas las personas.
  • Sancionar la injerencia mediática, de instituciones o funcionarios públicos, sobre los operadores judiciales.
  • Reconocer los derechos de todas las personas y colectivos que han sido perseguidos políticos.
  • Incluir en los programas de rehabilitación elementos de capacitación en habilidades y oficios de vida y anclaje productivo que cubra costos de las personas privadas de la libertad y les faciliten el ahorro de capital semilla para iniciar con su propio emprendimiento cuando hayan cumplido su sentencia, para incentivar su reinserción de manera positiva a la sociedad.
  • Establecer programa de incorporación de ex-PPL en empresas, fábricas y actividades productivas, ofreciendo incentivos y estímulos tributarios.

Marco constitucional

  • Formar una Comisión de la Verdad con parámetros internacionales para evaluar y hacer justicia frente a la violación de la Constitución y los derechos humanos.
  • Impulsar un proceso reconstituyente para reinstitucionalizar el país luego del fraude del referéndum inconstitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del trujillato.
  • Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del Estado.
  • Defender la soberanía nacional y rechazar la aplicación de la extraterritorialidad de la ley: no a los Tratados de Asistencia Recíproca; no a la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio.
  • Promover esferas de cooperación entre los cinco poderes del Estado basados en la interpretación conforme a la Constitución.

Capacidades estatales

  • Recuperar la ruta del Estado descentralizado y desconcentrado, que potencie los territorios.
  • Recuperar la planificación estratégica para establecer prioridades y orientar la inversión pública.
  • Renovar el sistema de gestión presupuestaria para la inversión pública eficiente y eficaz.
  • Retomar y potenciar la profesionalización de la función pública mediante mecanismos de ingreso y permanencia que garanticen la igualdad de oportunidades, capacitación, desarrollo de carrera, salarios dignos y estabilidad.
  • Transparentar el uso de los fondos públicos y rendir cuentas para aumentar la confianza en el gobierno, permitiendo e incentivando el control ciudadano.

Participación y deliberación

  • Impulsar la reforma de la ley electoral para evitar la dispersión electoral.
  • Impulsar la democratización y modernización de las campañas electorales, promoviendo debates de calidad con atención a la paridad de género. (I)