En menos de cinco meses la Convención Constitucional de Chile debe haber concluido sus labores. Para esto, el órgano ya se encuentra trabajando contra reloj y ya empezó a votar desde el 15 de febrero las 1.275 propuestas de norma que se lograron concretar en la primera fase.

El 1 de febrero se cerró el plazo para que los 154 convencionales y la ciudadanía presentaran sus propuestas de normas constitucionales al órgano. Los constituyentes introdujeron 947, la ciudadanía 78 y 250 los escaños reservados de los pueblos indígenas. Para que estas propuestas se vuelvan norma necesitan dos tercios de aprobación, es decir, 103 votos.

Hasta el momento, el órgano ya ha discutido y aprobado más de una treintena de normas relacionadas con temas del sistema de Justicia y a la forma de Estado con lo que se convierten en artículos para el texto final.

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Entre los cambios más significativos en comparación con lo que está vigente en la Constitución actual, Chile sería un Estado regional, plurinacional e intercultural “conformado por entidades territoriales autónomas” y el Poder Judicial se reemplazaría por “sistemas de Justicia”.

A la par de las aprobaciones, se han presentado casos de normas que no han sido aprobadas por el pleno y deberán volver a la comisión que las presentó para ser corregidas o precisadas.

Polémica por algunos temas

No obstante, esta tarea no parece fácil y las iniciativas que están siendo presentadas han causado controversia en varios sectores de la sociedad chilena, que debe participar este año en un plebiscito obligatorio para aprobar o no la nueva Constitución y dentro de la bancada de derecha.

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Normas que plantean la revisión de todos los tratados de libre comercio, la temporalidad de los jueces, entre otras, o la de eliminar los tres poderes del Estado y remplazarlos con una “asamblea plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos, que fue rechazada antes de llegar a la discusión en el pleno”, están entre las que han causado más cuestionamientos.

A la par, hay gran expectativa cuando entren en discusión las iniciativas ciudadanas. De un total de 2.496 iniciativas, se admitieron 78. La que consiguió más firmas (60.852) fue la propuesta “Con mi plata no”, que busca garantizar que los jubilados elijan una aseguradora privada o una institución pública para guardar sus ahorros y poder heredarlos. También recibieron un sólido apoyo propuestas para garantizar el derecho a la propiedad privada, el libre uso de la marihuana o la legalización del aborto.

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Algunos convencionales exponen diferencias

No obstante, se ha podido conocer a través de los mismos convencionales que el ambiente es tenso y hay diferencias. En el órgano la derecha está muy disminuida y las principales fracciones se evidencian en los partidos de izquierda y progresistas. El Colectivo Socialista y el Frente Amplio, dos fuerzas políticas que serán clave en el mandato del presidente electo, Gabriel Boric, son mayoría.

“El desorden es grande, abundan el cansancio y la dispersión, no hemos conseguido estructurar una coordinación política y hay, en efecto, buenas razones para la desazón, pero la importancia del reto es tal que no hay esfuerzos por escatimar”, reveló el convencional Patricio Fernández, quien relata en su sitio web semanalmente cómo va la Convención.

También hay críticas más severas. Como la de Bernardo Fontaine, convencional de derecha. “La discusión constitucional hoy parece un barco a la deriva y con riesgo de naufragio”, sentenció con especial preocupación por algunas de las normas vinculadas a estatizar la minería y caducar los derechos de agua, recoge El País.

Chilenos confían en que plazos se cumplan

Saúl Vargas, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) de Chile, califica a las presuntas tensiones o polémicas como algo artificial y que no tiene repercusión en las normas aprobadas y hace énfasis en que las que han sido rechazadas no es porque no alcanzaron los dos tercios, sino por temas de redacción.

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“La polémica tiene que ver con el sector de más ultraderecha de la Convención, que frente a la aplastante derrota que tuvo está planteándose si vale la pena seguir participando en el proceso, es un pequeño grupo que no tiene incidencia hasta ahora”, apunta.

Vargas dice que cuando se definieron los dos tercios de votos para la aprobación de normas, la idea surgió de la misma derecha, quienes lo consideraban un margen difícil de alcanzar, mas esto no ha sido lo que ha ocurrido.

No obstante, hay temor de que la Convención no logre la propuesta de texto constitucional hasta el 4 julio, cuando finalizan sus labores, ya que hasta ahora no se han manifestado intenciones de aumentar el plazo de trabajo del órgano.

Otra situación de alarma sería que la eventual propuesta sea rechazada en el plebiscito de salida, previsto para agosto o septiembre. Al igual que el escenario que consiga ser aprobada por un margen mínimo, dejando en Chile una eterna discusión constitucional. Últimos sondeos revelan que el proceso cuenta en estos momentos con respaldo del 33 % y un rechazo del 44 %.

El exvocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) Agustín Salazar dice que hay gran posibilidad de que se cumplan los plazos y que existe un gran control dentro del órgano por parte de los bloques de centro y centroizquierda que evitan que haya trabas o rupturas desde la izquierda y la derecha.

En cuanto a contenidos, manifiesta que en términos económicos cree que podrían quedar fuera transformaciones necesarias en el tema de propiedad y potestades de producción sobre todo de minería, la mayor fuente de ingresos para Chile, ya que son ideas que ciertos sectores no contemplan.

“En términos políticos parece haber un consenso a avanzar hacia un Estado con mayor descentralización política, mayor integración étnica, plurinacional, con mayores avances en materia de género, paridad y mayores posibilidades de apertura democrática... pero hay cosas que ya son un problema de raíz que no se van a tocar y tenemos que ver desde los movimientos sociales cómo las afrontamos”, apunta.

Los chilenos deben participar obligatoriamente en un plebiscito de salida, previsto para agosto o septiembre, en el que se decidirá si se aprueba la nueva Constitución. Foto: EFE

Por su parte, Vargas confía también en que se cumplan los plazos y en pocos meses se desarrolle el plebiscito de salida, y refiere que cree que el texto final de la posible nueva Constitución será mucho más avanzado de lo que se esperaba y que será algo poco probable el que no resulte aprobada.

La redacción de una nueva Constitución fue la salida que la izquierda y buena parte de la derecha chilena acordaron para sacar a Chile de la crisis social derivada del estallido de 2019. La opción de la nueva Carta Magna es respaldada por completo por Boric, quien asumirá el 11 de marzo. Distintos analistas coinciden en que el éxito de su presidencia está en el éxito que consiga la Convención.

Giorgio Jackson, el futuro ministro de la Secretaría General de Gobierno, ha reconocido en entrevistas que “sin un cambio constitucional, la reforma de la salud y la reforma de los derechos sexuales y reproductivos corren el riesgo de ser consideradas inconstitucionales bajo la actual Carta Magna y lo mismo sucede con algunas normas laborales”. (I)