90.000 candidatos se proyectan para las seccionales del 2023, un 10 % más de lo registrado en los comicios del 2019

La Función Electoral prepara su logística para atender la inscripción y calificación de candidaturas para las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que se realizarán en febrero del 2023, pues se estima que experimentará un incremento del 10 % respecto de las candidaturas registradas en las elecciones similares que se efectuaron en febrero del 2019.

Dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hay expectativa por el alto número de candidatos que para estos comicios se proyecta bordearán los 90.000 en su aspiración de alcanzar una de las 9.799 dignidades que deben elegirse:

• 221 alcaldes
• 23 prefectos y 23 viceprefectos
• 864 concejales urbanos y sus suplentes
• 443 concejales rurales y sus suplentes
• 4.019 vocales de juntas parroquiales y sus suplentes; y,
• 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y sus suplentes

Los datos históricos recabados por el Consejo Nacional Electoral dan cuenta de que en los últimos tres procesos electorales de carácter seccional ha habido un incremento en la participación política.

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Después de la aprobación de la Constitución del 2008, se convocó –en el 2009– a elecciones nacionales para elegir presidente y vicepresidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos; así como alcaldes, prefectos, concejales y miembros de juntas parroquiales.

Hubo 65.903 candidatos: 33.631 principales y 32.272 suplentes, con un total de 584 organizaciones políticas habilitadas, de acuerdo con las cifras oficiales.

Cuatro años después, en el 2014, con 174 movimientos y partidos participantes, hubo 28.180 candidatos principales y 29.978 suplentes: 58.158 en total.

En las seccionales del 2019, el total de candidaturas fue de 81.149 calificadas, de 81.278 que solicitaron la inscripción, con la participación de 278 agrupaciones políticas.

En esa elección se registraron 1.879 candidaturas principales inscritas para las 221 alcaldías; 222 para las prefecturas y viceprefecturas; 6.660 para las concejalías urbanas; 3.697 para las concejalías rurales; y, 26.926 para los vocales de juntas parroquiales, recogió el informe final de la Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), que observó el desarrollo de esos comicios.

Para la OEA esos fueron los comicios “con el mayor número de candidatos (81.278) y de partidos y movimientos políticos (278) en la historia del Ecuador. La magnitud del proceso supuso un reto para el Consejo Nacional Electoral y otras autoridades electorales”, citan las conclusiones.

Este organismo observó con preocupación esa contienda electoral, al considerar como un “riesgo latente” la participación de tantos partidos y movimientos políticos, pues ello deriva en la “reducción del vínculo entre representantes y votantes”.

Ejemplificó que el 92,52 % de los nuevos alcaldes fue electo con menos del 50 % de apoyo popular. Tal fue el caso de la Alcaldía de Quito, en la que Jorge Yunda triunfó con el 21,3 % de votos.

“A medida que el número de candidatos va en aumento, la probabilidad de que alguno de ellos obtenga una votación mayoritaria tiende a descender. Es importante evaluar el impacto de la excesiva oferta electoral, incluyendo la disminución en el apoyo popular a los alcaldes, lo cual podría dificultar la gobernabilidad, aumentar la frustración de la ciudadanía y facilitar el surgimiento de otros eventos políticos que erosionen la calidad de las políticas públicas”, cita el documento.

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A este hecho se sumó que fue la primera vez que se eligió por voto popular a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para lo que se registraron 201 postulaciones. De ese total se habilitaron 43 candidatos: 11 candidatas mujeres, 28 hombres y 4 de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montuvios y de ecuatorianos en el exterior.

Con base en lo registrado en los comicios del 2019 es que el CNE proyecta que para el 2023 haya alrededor de 90.000 candidatos con un número de organizaciones políticas habilitadas a participar de 276, explicó el consejero electoral José Cabrera, quien anotó que debido a ese alto número se incentiva a los sujetos políticos a conformar alianzas electorales.

Sobre lo último, en el 2019 hubo un total de 426 grupos políticos que presentaron candidaturas, según el CNE: 7 partidos; 146 movimientos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales; y 273 alianzas electorales.

Hasta el 23 de mayo último, el CNE cerró la etapa de inscripción de organizaciones políticas con 276 que pueden registrar candidaturas para las seccionales. No obstante, el Tribunal Contencioso Electoral podría entrar a resolver recursos subjetivos de al menos seis agrupaciones que no fueron calificadas en el Consejo.

Es así que las 276 aprobadas son aún un número no concluyente. El TCE tiene plazo hasta el 7 de julio para resolver los recursos jurisdiccionales, pues desde el 12 de julio los partidos y movimientos empezarán los procesos de democracia interna para elegir a sus aspirantes.

Para el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, este proceso electoral es un reto tanto en lo logístico como en el cumplimiento de plazos.

Esbozó que la etapa de democracia interna será complicada, porque el tiempo estipulado en el calendario electoral es apretado, frente al número de agrupaciones existentes.

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Luego, el CNE deberá inscribir, calificar, resolver objeciones que se planteen a los inscritos; y que, después, ascienden al ámbito jurisdiccional, en el que el TCE deberá tramitar recursos subjetivos contenciosos.

Otra tarea es la del control de campaña y gasto electoral, pues “con el alto número de candidatos y organizaciones políticas es un reto para las autoridades electorales; es una tarea cuesta arriba”, opinó Pita.

Recordó que las reformas al Código de la Democracia establecen procedimientos para que los sujetos políticos reporten el gasto electoral al CNE cada quince días. Sin embargo, para efectuarlo necesitan personal, que no hay.

“Lo que necesitamos es tener el personal suficiente para hacer todo ese seguimiento, que esté dedicado; y este es un problema que podría afectar a la institución, porque el presupuesto asignado nos ha golpeado”, dijo.

Esto porque el Ministerio de Finanzas decidió asignar $ 12 millones menos al presupuesto total que aprobó el CNE.

El monto original que aprobó el Consejo Electoral para la organización de los comicios del 2023 ascendía a $ 109′344.945; pero la cartera de Finanzas informó el pasado 24 de mayo que asignaría $ 97,3 millones. Es decir, unos $ 12 millones menos. (I)