Fiscalía asegura que en el caso Encuentro hubo un ‘acuerdo de voluntades’ para realizar actividades ilícitas

“Esta delincuencia organizada o estructura criminal contaba con un acuerdo de voluntades para realizar dichas actividades ilícitas por medio de sus colaboradores, cuyo fin último era la obtención de réditos económicos indebidos y otras de orden material”.

Con esa frase terminaba la fiscal Luzmila Lluglla el relato de los hechos que para ella configuran el delito de delincuencia organizada dentro de lo que se conoce como caso Encuentro desde octubre del 2023. El pedido para formular cargos en esta causa fue hecho por Lluglla, luego de nueve meses de investigación previa y una vez que recabó los suficientes elementos de convicción para formular cargos contra los sospechosos de haber participado en un entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico.

El recuento de los hechos ocurridos en Encuentro arrancó con el Decreto Ejecutivo 107, del 12 de julio de 2021, con el que uno de los procesados, Hernán Luque Lecaro, fue delegado para presidir el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), designación que, dijo Lluglla, fue aprovechada por Danilo Carrera, dirigente deportivo y cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Rubén Cherres para “cometer varios delitos y obtener réditos económicos indebidos a través de varias empresas públicas.

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La Fiscalía asegura que todas estas acciones contaron con la participación tanto de funcionarios públicos, personas particulares y contratistas vinculados al sector eléctrico.

“Esta estructura criminal se encontraba conformada por sus líderes. ¿Cuáles eran sus líderes, señor juez? El señor Danilo Carrera Drouet y el señor Rubén Cherres Faggioni, quienes mantenían una relación de amistad de años anteriores y direccionaban las operaciones delictivas a través de sus colaboradores, evidenciándose la existencia de roles de cada uno de los participantes de dicha estructura”, refería la fiscal del caso.

A decir de Lluglla, los líderes de esta “organización criminal”, para cumplir con su “plan delictivo”, habrían contaban con colaboradores como Luque Lecaro, quien al momento está a la espera de que exista una respuesta al pedido de extradición que hace a Argentina la justicia de Ecuador en esta causa. Él mantiene una orden de prisión preventiva vigente.

De Luque Lecaro se dijo que una vez estuvo en el cargo, con base en la relación de amistad y familiar que mantenía con los “líderes de esta estructura criminal” y a fin de cumplir con el objetivo de dicha estructura abusó de sus funciones como miembro de los directorios de las empresas públicas e “instauró un esquema de corrupción sistemática” en la empresa pública Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP).

“Para el efecto, a fin de asegurar la designación del gerente general de dicha empresa y para los fines de la estructura criminal, (Hernán Luque) presentó una terna direccionada, la misma que se encontraba encabezada por una persona de su confianza para dar una aparente figura de legalidad. Colocaba en dicha terna a dos personas más, cuyos perfiles ya habrían sido analizados previamente y cuyo puntaje sería inferior a la persona de su confianza, esto es Antonio Clemente I. M., quien a su vez en el cargo realizaría las coordinaciones necesarias con el ejecutor principal de esta estructura criminal, Leonardo C. A.”, explicó Lluglla.

Para la Fiscalía, Leonardo C. A. era quien realizaba las labores de coordinación y operatividad respecto del direccionamiento de contratos, para así obtener réditos económicos indebidos, los cuales, puntualizó, llegaban a los líderes de esta estructura.

La dinámica delictiva de esta estructura criminal también habría contado con la colaboración de Gabriel Naím M. V., quien habría mantenido una relación de amistad de años atrás con Antonio Clemente I. M. Según Lluglla, con base en la confianza, la amistad, el sospechoso habría manejado varias unidades de negocio para así obtener réditos económicos indebidos, los cuales eran entregados a Antonio Clemente I. M., como gerente general de CNEL, y este a su vez los hacía llegar a los líderes.

El grupo organizado también habría contado con la participación de contratistas vinculados al sector público y específicamente al sector eléctrico. A decir del fiscal de la causa estos contratistas eran Karen C. O. y Tatiana F. M., empresarias a quienes en el año 2022, definió la Fiscalía, se les adjudicaron onerosos contratos en CENEL EP, tanto como personas naturales como personas jurídicas, a través de varios consorcios de los cuales formaban parte.

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“Estos consorcios eran dirigidos por Karen C. O. en colaboración, por ende, con Érica Tatiana F. M., las mismas que serían beneficiarias de la adjudicación de contratos direccionados a través de dichos consorcios, ya que habrían sido contactadas previamente por los colaboradores de esta red criminal para el direccionamiento de los contratos. En contraprestación del direccionamiento y la adjudicación de estos contratos, Karen C. O. entregaría un porcentaje de réditos económicos indebidos al señor Leonardo C. A., parte del grupo de colaboradores de dicha estructura criminal, el cual a su vez haría llegar dichos réditos económicos a los líderes de dicha estructura criminal.

Lluglla concluía resaltando que este esquema de corrupción también habría operado en BanEcuador y en el Servicio Nacional de Aduanas, instituciones públicas en las cuales Danilo Carrera y Rubén Cherres, líderes de esta organización, abusando de la cercanía que mantenían con el poder político, procedían a colocar amigos y familiares en dichas instituciones públicas en colaboración con varios funcionarios públicos, así como también solicitaban nombramientos.

Al momento la fiscal Luzmila Lluglla lleva más de cinco horas exponiendo los elementos de convicción que tiene para sustentar el dictamen acusatorio en el que define como autores directos del delito de delincuencia organizada a los siete sospechosos que quedan por procesar. Luego de anunciar la prueba pericial, testimonial y documental que usará en una posible audiencia de juzgamiento la Fiscalía, la institución deberá solicitar al juez anticorrupción Renán Andrade que todos sean llamados a juicio. (I)