El Consejo de la Judicatura (CJ) busca la condición de víctima dentro del caso por delincuencia organizada Metástasis. Así consta en un oficio ingresado el 12 de marzo pasado por los abogados delegados por el director general del CJ.

La Judicatura liderada por el presidente temporal Álvaro Roman no solo presentó un escrito para que se les notifique sobre las diligencias que se ordenan en el caso por parte de la Fiscalía, sino también para buscar que se defina al órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial como sujeto procesal de la causa en calidad de víctima. Desde la Fiscalía se agregó al expediente el pedido, asegurando que será considerado en el momento procesal oportuno.

Al momento el Estado ecuatoriano está representado en el caso Metástasis por abogados de la Procuraduría General del Estado, principalmente porque la delincuencia organizada es un delito contra la seguridad interna del Estado.

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Se entendería que la calidad de víctima dentro de la causa penal que investiga a un “grupo criminal” liderado por el narcotraficante Leandro Norero es solicitada porque esta estructura no solo infiltró y afectó al sistema de justicia nacional para sus ilegales propósitos, sino que también para lograr sus objetivos involucró en el delito a un entonces juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y a jueces de diversos niveles en provincias como Guayas, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

De esa lista de procesados hace parte Wilman Terán, hoy exmagistrado de la Corte Nacional y expresidente del CJ; Ronald Xavier G. C., alias la Momia; Jhoan Gustavo M. M., alias Puma; Adolfo Richard G. G. y Glenda Elizabeth O. M., jueces y exjueces del Guayas; Santiago Paúl Z. S. y José Luis S. D., juez y exjuez de Cotopaxi; Emerson Giovanni C. U. y Ángel Harry L. V.; de Santo Domingo de los Tsáchilas; y Carlos Alfredo Z. N., alias el Presi, expresidente de la Corte Provincial de Manabí.

Después del viernes 15 de marzo próximo, una vez se realice la audiencia de vinculación solicitada por la fiscal general, Diana Salazar, serán 52 personas las procesadas en el caso Metástasis. A los 39 sospechosos investigados, la Fiscalía sumará trece personas más, entre ellas, el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronnny Aleaga; la exfiscal provincial de Guayas Yanina Villagómez, y la colombiana Claudia Garzón, quien hizo parte de la Comisión de Pacificación de Cárceles durante el gobierno de Guillermo Lasso.

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La organización investigada por la Fiscalía y liderada por Norero habría tenido como objetivos conseguir fallos favorables y beneficios penitenciarios para el narcotraficante conocido con el alias el Patrón, su familia y cercanos de la organización.

En la mira de personas a vincular además están los empresarios accionistas de firmas dedicadas a las telecomunicaciones, informática, servicios exequiales y compraventa de inmuebles, entre otros, Elio A., Ángel L. y Marcel L.; Eduardo R., socio en una empresa de seguridad del prófugo Fabián Camposano, alias Yankee, quien, según la investigación del caso Metástasis, era socio de Norero en el negocio del narcotráfico; y Romel T., exadministrador de una constructora.

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Dos guías penitenciarios que aparecen en el expediente de Metástasis se sumarán a la causa penal. Estos son: Katherine G., guía penitenciaria que aparentemente recibió dinero de la red del narcotraficante Leandro Norero, según ciertos apuntes y recibos de transferencias a su nombre que constan en el proceso; y Carlos M., a quien la Fiscalía señala por ayudar a Norero durante su estadía en el CPL de Cotopaxi.

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La teniente de policía de la Unidad Antinarcóticos Doris O., perito especializada en finanzas que actuó en los casos Yunda y Sobornos, es parte de la lista de trece vinculados. También, la académica Myriam Delgado, exintegrante de la Comisión de Pacificación de Cárceles.

Finalmente, Juan Pablo J., colombiano de 37 años, quien fue proveedor de insumos médicos a hospitales públicos de Guayaquil y al momento es procesado por peculado en un caso de venta de insumos médicos en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil. Este caso fue investigado por el asesinado a finales de enero pasado César Suárez, entonces agente fiscal del Guayas.

Un día antes de que sean vinculados formalmente, Elio A., Katherine G., Doris O., Eduardo R., Claudia Garzón, Marcel L. y Carlos M. fueron llamados por la Fiscalía a rendir versión este jueves 14 de marzo. (I)

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