Estos son los ocho vinculados al caso Metástasis, proceso penal que ya cuenta con 39 procesados

Para la fiscal Diana Salazar, en este caso, ha existido una convergencia de un sinnúmero de actuaciones propias de una estructura criminal, de una delincuencia organizada, ya que este tipo de criminalidad busca, por ejemplo, paraísos jurídico-penales donde las conductas pueden ser cometidas y salgan exentas de responsabilidad penal.

“En ese contexto, los factores de financiamiento, planificación y dirección dirigidos a la compra de impunidad toman evidente relevancia, pues la tendencia del crimen organizado en relación con la corrupción estatal es la utilización de facilitadores y proveedores en escenarios corruptos y, a su vez, deslindar a las personas que no se prestan para sus fines ilegítimos y que resultan incómodos para estos grupos de poder. Recordemos, cuentan con financiamiento ilegal, tráfico de drogas”, señaló la titular de la Fiscalía.

Según la Fiscalía, existen suficientes elementos de convicción que revelan que las ocho personas vinculadas mantuvieron relaciones con la “empresa criminal” en la que en la parte alta estaba el narcotraficante Leandro Norero. Estos ocho vinculados, más las 31 personas a las que se les formularon cargos el 15 de diciembre pasado, conformarían una organización criminal que se estructuró para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Norero y sus familiares.

LOS VINCULADOS

Xavier E. J. M., alias Marido, XJ, Pili, Ravioli, Mauricio o Daddy Yankee, 48 años de edad.

Sería miembro de la cúpula criminal, quien conjuntamente con los coordinadores de la organización delictiva ponía a disposición sus recursos económicos y humanos, así como materiales para cumplir con el plan criminal de Leandro Norero. Entre estas colaboraciones puestas a disposición del otro jefe ahora asesinado, una de las más notorias sería la oferta de Xavier J. a Norero con el fin de utilizar sus empresas para justificar el movimiento del dinero ilícito que estaba siendo auditado dentro del proceso de lavado de activos.

En las conversaciones periciadas, por ejemplo, se hablaría sobre un departamento ubicado en Barcelona, una propiedad en la vía a la costa, una casa en Salinas, lotes en El Cortijo, propiedades en Samborondón y la subida de un bote de islas Caimán a Miami. Además de esto, Xavier J., alias Marido, Daddy Yankee, Mauricio, Ravioli o Pili, planificaba en conjunto con Leandro Norero la ejecución de los diferentes fraudes procesales en el proceso de lavado de activos, recomendando y planificando manipular, por ejemplo, un peritaje financiero dentro de tal proceso, pues según su criterio, sin el peritaje no hay caso, y así el juez Ronald G., coprocesado en esta causa, lo dejaría libre.

Según Salazar, Xavier J. ya tenía experiencia, principalmente, por el proceso que tiene pendiente por delincuencia organizada por el tema de comercialización de medicinas.

La Fiscalía no dejó de mencionar la participación de Xavier J. en la instigación para cometer delitos en contra de varias personas, entre ellas, funcionarios públicos y periodistas como Fernando Villavicencio, Sara Ortiz, Cristian Zurita y al exasambleísta César Litardo, entre otros. Según Salazar, existen conversaciones en las que Xavier J. le dice a Norero que Villavicencio le tenía cansado y le pedía el favor de eliminarlo.

Otro tema del que existirían conversaciones es la forma como amedrentar a los medios de comunicación y a las personas que se interponían en sus objetivos a través de la interposición de demandas por difamación, por daño moral. Incluso Xavier J. habría participado en la planificación para lograr, mediante un habeas corpus la libertad del exvicepresidente Jorge Glas, quien se mantiene al momento como huésped en la Embajada de México en Ecuador.

El habeas corpus fue interpuesto en conjunto con el ahora coprocesado Daniel S. Según la Fiscalía, Xavier J. solicitó a Leandro Norero que “apoye” a JG, el alias de Jorge Glas, por cuanto el líder criminal (Norero) tenía el control en la provincia de Manabí a través del presidente de la Corte Provincial, el coprocesado Carlos Z.

Leandro Norero, a fin de cristalizar esta ayuda, habría solicitado como contraprestación de la misma que Xavier J. mueva sus influencias con el partido político “RC” para retirar a su candidato a la alcaldía de Manta, a un ciudadano de apellido Estrada, y que lo dejen tranquilo a Agustín Intriago, que trabajaba directamente para Leandro Norero. “Señor juez, esa es la narcopolítica en el Ecuador”, anotó Salazar.

Ronny Aleaga niega ser alias ‘Ruso’ y rechaza que la fiscal Diana Salazar lo involucre en el caso Metástasis como ‘vínculo de Leandro Norero’

Christian Geovanny R. M., abogado con el alias Globalpax, 33 años de edad.

Para Diana Salazar, este abogado en libre ejercicio no estaba ejerciendo su profesión, sino que era un planificador y gestor de delitos en contra de la tutela judicial efectiva y la eficiencia de la administración pública. Lo que él realizaba, afirmó la Fiscalía, no es una defensa técnica, sino fraudes procesales, oferta de tráfico de influencias, cohecho y hasta instigación para que asesinen o atenten en contra de la vida de quienes estaban investigando, por ejemplo, la fiscal Lidia Saravia.

Aparentemente, Christian R. intervenía de manera directa en los procesos judiciales como abogado de Leandro Norero para dotar de legitimidad a las resoluciones que ya habían sido acordadas previamente a cambio, no de su defensa técnica, sino de los sobornos pagados y pactados con los administradores de justicia y sus colaboradores.

“Después se venden a través de los medios de comunicación y redes sociales como exitosos abogados. Usted va a ver también más adelante en los chats, hemos conseguido más de 17 causas ganadas, hemos liberado a tantas personas, por supuesto, corrompiendo el sistema de justicia. Así también afirmaba y se jactaba este ciudadano de tener control completo de la Corte Nacional de Justicia, manchando también y arrastrando a su inmundicia a la más alta corte del país, y menciona tener el control absoluto de jueces como Bayron Guillén, Wilman Terán y Luis Rivera”, refirió Salazar.

En relación con este abogado en libre ejercicio, en el expediente existirían evidencias de la entrega de dineros que para Christian R. eran necesarios para “motivar” a los jueces a colaborar con la organización, “encaramelizarlos” o para los “jueces suicidas” que pierden la vida y la dignidad al estar al servicio de la delincuencia.

A Christian R. se lo relacionaría con la entrega de $ 500 a la secretaria del juez procesado en este caso Emerson C., quien liberó a los delincuentes alias Cuyuyuy y alias Madrid, y a más de 50 personas más, entre asesinos y violadores; y a los jueces de Latacunga, también procesados en esta causa, que conocieron el habeas corpus de la hermana de Leandro Norero.

Para la Fiscalía, el abogado Christian R. ganaba sus casos, a costa de la corrupción, comprando fallos, sobornando jueces, policías, testigos, buscando ayuda para fiscales, conforme la finalidad de la organización. Además, se mencionó, los chats evidenciarían el sentido de pertenencia a la organización del abogado y su participación en el resguardo de los bienes de Leandro Norero.

Daniel Josué S. B., alias DS o el Bellito, 36 años de edad.

Aparentemente él sería visto como el planificador de estrategias ilegítimas destinadas a obtener la libertad de Leandro Norero por medio de ofrecimientos de sobornos a operadores de justicia. Sistema, explicó Salazar, que ya se había establecido existiendo funcionarios judiciales que no respondían a los intereses de la justicia, como por ejemplo los coprocesados Mayra S., el juez Richard G. y el exjuez Ronald G.

“Señor juez, usted debe tener la claridad de que Daniel S. ya ha sido objeto de varios procesos penales y de los cuales todos han quedado en la impunidad. Ahora sabemos por qué y no necesariamente por el excelente ejercicio de la defensa, sin ofender a los abogados que lo patrocinan, sino porque están acostumbrados a ser funcionarios judiciales”, refirió la fiscal general.

También existiría evidencia de que Daniel S. se habría jactado de haber obtenido la libertad de once privados de la libertad, como por ejemplo, entre ellos, de Adolfo Augusto Briones, procesado y sentenciado por el caso Las Torres. Estas resoluciones, indicaba Salazar, eran extrañas no solamente para la Fiscalía sino para toda la ciudadanía. “¿Ahora entendemos a qué respondían? A la corrupción”.

Así mismo, alias el Bellito o DS, habría sido el planificador de delitos contra la administración pública en empresas estratégicas como Petroecuador, CNEL (Corporación Nacional de Electricidad), CELEC (Corporación Eléctrica Nacional), IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), cuyo método de acción era comprar espacios públicos para poner luego como gerente a personas a su antojo y empezar a gestionar contratos y recuperar “lo invertido”.

De igual forma, su rol en la cúpula criminal también habría giraba alrededor de la planificación de formas de cómo lavar de activos, cómo hacer limpias las cosas.

Fabián Gilmar C. B., alias Yankee, de 32 años.

Él sería el brazo operacional, económico, financiero de la organización criminal. De las actividades de Gilmar C. se desprendería que los recursos para corromper a los funcionarios judiciales provendrían del narcotráfico. Alias Yankee sería quien planifica y comercializa los paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, cuyos réditos servían para financiar los gastos judiciales de Leandro Norero y sus familiares, entre ellos el pago de sobornos a funcionarios judiciales, policiales y abogados.

“Los abogados también están manchados por el dinero proveniente del narcotráfico. Me refiero a los abogados defensores de esta cúpula. (...) El relato de la Fiscalía da cuenta de que Leandro Norero efectivamente fue un narcotraficante, que Gilmar C., ahora prófugo, forma parte de estas actividades ilícitas, y que todas las personas a su alrededor se beneficiaban directamente del dinero que generan estas actividades ilícitas. La dinámica en la que actuaban estas personas permite entender las razones de las decisiones jurisdiccionales escandalosas que la sociedad ecuatoriana ha tenido que presenciar perturbada, sin tener idea de toda la podredumbre que había por detrás de estas”, aclaró Salazar.

La fiscal general Diana Salazar denuncia que los mismos que mataron a Fernando Villavicencio quieren atentar contra ella

Carlos Alfredo Z. N., alias el Presi, 43 años de edad.

Se desempeñó como presidente de la Corte Provincial de Manabí y su rol de colaboración lo efectuó desde el ámbito administrativo armando escenarios idóneos para que los procesos en contra, por ejemplo, de Agustín Intriago, asesinado alcalde de Manta, no progresen. Estas actuaciones eran supuestamente coordinadas directamente por el coprocesado Helive A.. alias Estimado, miembro de la cúpula criminal, quien conjuntamente con Leandro Norero, alardeaban de tener total control de la justicia en Manabí.

El control de la justicia en Manabí, según Salazar, habría llegado hasta incorporar como funcionario judicial en la Corte de Manabí al hermano del coprocesado Helive A. “Este control sirvió para que Xavier J., el señor que se encuentra en Estados Unidos demandando a la fiscal, solicite ayuda a Leandro Norero para gestionar el beneficio indebido del habeas corpus que habían interpuesto Daniel Salcedo y el huésped de la Embajada de México, Jorge Glas, cuyo gestionador fue Helive A., quien afirma haber hablado con Carlos Z. y que él le copiaba al cien”, dijo la fiscal general.

El “J suicida” (juez suicida) para dicho fin, es decir, el juez que se jugó su profesión otorgando este habeas corpus habría tenido un costo de $ 150.000. Para este hecho se habría construido el escenario idóneo, en el que el juez suicida para decidir la libertad de los mencionados, Banny Molina, ya estaba a puertas de ser destituido por error inexcusable, entonces ya no tenía nada que perder.

El propio Helive A., alias Estimado, hermano del funcionario contratado por Carlos Z., en los chats que mantenía con Leandro Norero, afirmaba que el más corrupto estaba en una mesa anticorrupción en Quito. “Es gracioso, señor juez. Así se referían al amigo, e incluso a quien le había abierto las puertas de su familiar en la Corte Provincial de Manabí”.

Víctor Hugo A. B., alias Pillo Buena Gente, 35 años de edad.

Fue funcionario de la Fiscalía en Santo Domingo de los Tsáchilas y era el encargado de filtrar toda la información de operativos que la institución encargada del impulso de la acción penal emprendía, en conjunto con la Policía Nacional, poniendo en riesgo la integridad de las personas que participaban en cada uno de los operativos, ya sean sus propios compañeros fiscales y miembros de la Policía Nacional.

Su rol de facilitación habría ayudado a que los brazos armados de Leandro Norero no sean puestos a órdenes de la autoridad competente, pues ellos ya se encontraban anticipados de dichos actos de lucha contra el crimen por parte del Estado. “Cuando la Fiscalía y la Policía organizaban un operativo, alias Pillo Buena Gente, se encargaba de reportar a su jefe, esto es Leandro Norero, sobre los operativos que se iban a realizar en la provincia de Santo Domingo, y así poder lograr estar a buen recaudo los otros miembros de esta organización. Así ocurrió el 14 de diciembre pasado, que gracias a la información que circuló a través de redes sociales, alias Pillo Buena Gente se puso a buen recaudo”, sostuvo Diana Salazar.

Fernando Andrés G. A., cabo primero de Policía Nacional, 46 años de edad.

Él conjuntamente con el coprocesado Edín Alexander I. C. estaban ligados directamente con Leandro Norero. Su rol consistía en desarrollar actividades de vigilancia y operativas a favor de la organización. Por ejemplo, simular operativos policiales a fin de salvaguardar los bienes que se encontraban en el interior de la propiedad incautada que pertenecía a Norero en Riberas del Batán.

La pertenencia a la organización criminal en su rol colaborativo se verificaría a través del asesoramiento que le brindan al agente policial los abogados de Leandro Norero dentro del proceso judicial iniciado a consecuencia de la salvaguarda de los intereses de la cabeza criminal. Estos abogados le indicaron al policía la línea discursiva de su versión.

“Los mismos abogados que lograron la devolución de los bienes de Leandro Norero, a través de la ejecución del abogado Kevin Alexandre P. y del juez Ángel L., después asesoraban a este policía para que dé la versión cuando había sido objeto de una intervención por parte de la Fiscalía. No entendíamos por qué él estaba salvaguardando los bienes del delincuente. Cuestión que incluso se replica en la presente instrucción fiscal, pues en su versión responde al mismo contexto de lo que rindió en el proceso judicial mencionado. Se acuerda lo que le habían asesorado los abogados de la estructura criminal”, acotó Salazar.

Jairo Fernando V. M., ciudadano particular, 34 años de edad.

Su rol de colaboración se habría desarrollado en la esfera de la ejecución de la entrega de sobornos, específicamente la entrega del dinero al juez procesado en esta causa Emerson C., de Santo Domingo de los Tsáchilas, a cambio de la liberación del brazo armado de Leandro Norero al exterior de la cárcel. Esto es, alias Cuyuyuy y alias Madrid. Participación que se desprende de varias fotografías con grandes cantidades de dinero que fueron movilizadas en efectivo para conseguir este fin.

Desde este momento, son 39 personas las que son procesadas por el delito de delincuencia organizada definida en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). De la lista inicial de 31 procesados en la audiencia de formulación de cargos con la que se abrió la etapa de instrucción fiscal, el 15 de diciembre pasado, fueron parte el expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el general de la Policía (s. p.) Pablo R., exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). (I)