Caso Plaga: exjuez penal de Chone relata, en testimonio anticipado, cómo funcionaba la ‘organización criminal’ para reclutar jueces que otorguen medidas cautelares

Cerca de cuatro horas duró el testimonio anticipado del exjuez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Chone (Manabí) Joffre R. R., en el que reconoció haber sido parte de una red de corrupción que operó en el sistema de justicia de varias provincias para negociar acciones de protección y medidas cautelares, entre otras, sentencias constitucionales. El testimonio fue parte del caso Plaga, proceso penal en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.

Lo que contó el procesado en el caso Plaga tuvo que ver con su paso por la Unidad Judicial de Chone entre los años 2022 y 2023, tiempo en el que fue juez penal, y también lo que se dio meses después, en 2024, poco antes de la operación en la que se empezó a detener a los ahora procesados.

“Tomé esta decisión de relatar estos hechos porque quiero limpiar mi alma, quiero estar bien ante Dios, ante la patria. Pido perdón ante la sociedad ecuatoriana, a la administración de justicia, a mi familia, a quienes ocasioné mucha angustia. Estoy aquí para seguir colaborando con la justicia ecuatoriana. He manifestado todo lo que tengo que decir. Señor fiscal y señor juez, estoy en sus manos”, aclaró el juez que es testigo protegido de la Fiscalía.

Los acercamientos de Joffre R. R. con miembros de este “grupo criminal” se habrían iniciado en marzo de 2023, cuando el juez de Garantías Penitenciarias de Bahía de Caráquez Marcos Iván Mendoza fue a su despacho para decirle que buscaba hablar con él un supuesto funcionario del Consejo de la Judicatura (CJ), a quien lo identificó el testigo como Lenín Vimos, también procesado en Plaga.

Según el testimonio, Vimos buscaba ganarse su confianza para que tramitara medidas cautelares que beneficien a personas privadas de la libertad. A favor de Vimos habría intercedido el juez Mendoza, asegurando que Lenin Vimos era una “persona de confianza”, debido a que ya había trabajado anteriormente con jueces de otras jurisdicciones “sin consecuencias” y que además el abogado contaba con el respaldo de la Judicatura.

Joffre R. R. pidió tiempo para analizar la propuesta, pero tanto Vimos como Mendoza no esperaron nada e ingresaron en la judicatura del juez de Chone un escrito para que disponga medidas cautelares autónomas para dos privados de libertad con sentencia que alegaba violación al derecho a la salud. Para que tenga confianza y no tenga miedo el juez Joffre R. R., incluso Vimos le hizo una llamada con el director de una cárcel que trabajaba con ellos y que tenía todo listo para proceder con la libertad de los internos.

Exjuez afirma que abogado de Leandro Norero se le acercó buscando que emita medidas cautelares para el regreso de Rafael Correa a Ecuador

Por esas medidas cautelares otorgadas, Lenin Vimos le habría depositado a Joffre R. R. $ 5.000 y $ 7.000. Vimos no solo monitoreaba el cumplimiento de las medidas cautelares ya negociadas, sino también llamaba constantemente para coordinar más concesiones de medidas cautelares a varios privados de la libertad, “alegando que tienen muchos contactos alrededor del país y que hay más interesados en seguir trabajando de esa manera”.

Vimos le aclaró al entonces juez penal de Chone que contaba con un juez que se encargaría exclusivamente de captar más jueces de la provincia de Manabí para estos fines.

Las irregulares medidas otorgadas por Joffre R. R. le significaron el inicio de un proceso administrativo dentro del CJ. Eso le hizo sentirse engañado al juez de Chone, por lo que revocó las medidas otorgadas y ordenó la inmediata localización y captura de los inicialmente beneficiados. Ante esa situación, Vimos y otros que eran parte de la organización le garantizaban al juez que su sumario se archivaría, pero que eso no sería gratis, le dijo el juez de Montecristi Fernando P. que eso le costaría $ 40.000, pues tenía los funcionarios adecuados para ese tema en el Consejo de la Judicatura en Quito.

Mientras esperaba que se concretara un préstamo para pagar los iniciales $ 20.000 para que se archivara su sumario administrativo, Joffre R. R. recordó que el 31 de mayo de 2023 el juez Mendoza se le acercó nuevamente indicando que otro “importante” funcionario del CJ quería hablar con él. Ese personaje habría sido Christian R., abogado en libre ejercicio que representó legalmente al narcotraficante Leandro Norero y actualmente es procesado en los casos Metástasis y Plaga.

A decir del exjuez de Chone, Christian R. lo buscaba para que colaborara en unas medidas cautelares que pretendían “restituir los derechos (políticos)” del expresidente Rafael Correa “para que regresara al país para ser candidato a las elecciones presidenciales”. Aparentemente el escrito que debía conocer Joffre R. R. y la posterior resolución iban a ser realizados por Patricio Pazmiño, exjuez de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según la Fiscalía, el testigo informó que el entonces presidente del CJ, Wilman Terán, tenía conocimiento de este hecho. Christian R. le indicó al juez Joffre R. R. que si tomaba la decisión de aceptar y conceder estas medidas cautelares no podía echarse para atrás, porque las circunstancias serían catastróficas para su vida. La propuesta de Christian R. incluía el acceso a los equipos informáticos en los que trabajaba el juez para esconderlos llevándolos a una finca, en caso de que la Fiscalía decidiera realizar allanamientos.

Joffre R. R. aclaró que él no tenía la constancia de que todo lo que decía el abogado Christian R era conocido por el expresidente Correa. Finalmente el hecho no se concretó, esto debido a que todo lo que planificaba Christian R. fue hecho público por el periodista Carlos Vera, mediante un mensaje en su red social X, en esos tiempos llamada Twitter.

Exjuez Banny Molina fue sentenciado a un año de prisión por extender fuera de funciones ‘habeas corpus’ a favor de Jorge Glas y de otros dos detenidos

Para garantizar la participación de Joffre R. R., además del dinero que se le entregaba, al juez se le ofrecía una vocalía en el CJ, un puesto de juez en la Corte nacional o ayudarlo en el concurso de 2023 que buscaba seleccionar y designar a varios jueces nacionales.

Mientras continuaban los pedidos de dinero para archivar el sumario administrativo que existía en contra de Joffre R. R. en el CJ por parte del juez Fernando P. y ahora Marcelo V., funcionario de la Judicatura que en Manabí era conocido por extorsionar a los funcionarios judiciales de esa provincia, las exigencias de que siguiera entregando medidas cautelares a privados de libertad de alta peligrosidad, a favor de situaciones específicas en el cantón Calceta, en Bahía de Caráquez o en el Oriente ecuatoriano, se mantenían.

Otra medida cautelar que tramitó para un ciudadano estadounidense y por la que Joffre R. R. aceptó haber recibido $ 30.000 le valió una denuncia penal por el delito de prevaricato en Bahía de Caráquez. Ese y otros hechos le ocasionaron nuevas extorsiones de quienes le ofrecían que al pagar $ 150.000 sacaban su nombre de la investigación penal, que por $ 5.000 hacían que no trascendiera la denuncia de la Policía contra el juez de Chone o que al cancelar $ 60.000 otros supuestos funcionarios del CJ archivaban el sumario administrativo existente.

Del exjuez de Portoviejo Banny Molina, también procesado en Plaga, dijo que era una de las personas que más insistentemente solicitaban que se emitieran medidas cautelares para privados de libertad de alta peligrosidad con sentencia que ya habían negociado y entregado dineros anticipadamente. Molina fue el juez que dio paso a un habeas corpus a favor del líder correísta Jorge Glas y el empresario sentenciado por actos de corrupción durante la pandemia Daniel Salcedo, ordenando su libertad.

Luego de reconocer que cometió un error y que al decir la verdad y colaborar con la justicia en algo repara el daño que ocasionó, el hoy exjuez dice no entender cómo Marcos Iván Mendoza no es investigado en estos casos de corrupción o en otras causas en las que se analiza la utilización del sistema de justicia a favor de peligrosos delincuentes que pagan por su libertad desde los $ 20.000 hasta los $ 40.000 y $ 50.000. (I)