Estos son los seis hechos investigados en el caso Purga relatados por la fiscal general, Diana Salazar

Al menos seis causas han sido investigadas por la Fiscalía General del Estado dentro del caso Purga por el delito de delincuencia organizada. En estos casos, ha dicho la fiscal general, Diana Salazar, resulta evidente la conformación de un grupo estructurado de tres personas que por medio de su liderazgo, planificación y gestión controlaron el sistema de justicia de la provincia de Guayas para sus intereses.

En esa trama también habrían colaborado funcionarios judiciales y terceros que ofrecían sus servicios incurriendo en la planificación y comisión de varios otros delitos sancionados con penas superiores a los cinco años de cárcel, según explicó Salazar mientras relataba los siguientes casos analizados desde el 20 de febrero pasado que saltó la notitia criminis que originó la investigación.

Caso 1: Habeas data Banco del Pacífico

Como un hecho previo de vital importancia y para entender este caso, Diana Salazar recordó que en 1989 y 1999 el Banco del Pacífico otorgó préstamos a los cónyuges Mónica A. y Pablo M., quien aún no era asambleísta. La falta de cancelación de estos valores provocó que la entidad financiera inicie y ejecute los respectivos procesos de cobro, como es usual en una entidad financiera frente a un moroso.

No obstante, el 13 de julio de 2020, los referidos cónyuges interponen una acción de habeas data en contra del Banco del Pacífico, pretendiendo justificar su presunto pago de las referidas deudas con la utilización de notas de crédito aparentemente falsas o adulteradas, a decir de la Fiscalía. Esto con la intención de que el banco reconozca la cancelación de la deuda y que pague a Mónica A. y a Pablo M. valores por daños causados, que ascendían a la cantidad de $ 3′983.040,00.

“Para hacerles más fácil: le otorgan un crédito a la cónyuge de Pablo M. y a él por $ 383.000. No pagan la deuda, les cobran, pero hacen registrar unas notas mediante el abuso de un habeas data y resulta que quien debía recibir el pago termina siendo el deudor y es obligado a pagar $ 3′983.040″, explicó la fiscal general durante la audiencia de formulación de cargos contra doce procesados realizada entre la noche del lunes 4 de marzo y la mañana del martes 5 de marzo.

Pese a la evidente ilegalidad del proceso de habeas data, indicó Salazar, el juez de la Unidad Penal Norte II de Guayaquil, Reynaldo C., uno de los doce investigados en el caso Purga, el 5 de noviembre de 2020 acoge la pretensión de los demandantes y dispone al Banco del Pacífico registrar los documentos de pago falsos en sus asientos contables, así como el resarcimiento económico a los presuntos afectados.

Como recompensa por dicha decisión, refirió la Fiscalía, Reinaldo C., solamente cuatro días después de haber emitido la última resolución de ejecutoría en esa sentencia, en el 2023, fue designado como juez provincial del Guayas. Esto se dio pese a que no cumplía los requisitos para dicho cargo, no solo por haber sido destituido de su función como juez, sino también por mantener varios sumarios administrativos abiertos.

Como era obvio, el Banco del Pacífico presentó su respectiva apelación, cuyo conocimiento recayó en otros de los integrantes de esta estructura: Johann M., Guillermo V. y Víctor V., quienes ratificaron la sentencia de su inferior. El banco, viéndose perdido ante las ilegalidades en este proceso de habeas data, decide interponer un juicio de falsedad de instrumento privado respecto de las notas de crédito irregulares presentadas por Mónica A. y Pablo M.

Esta demanda recae en conocimiento de la jueza civil Silvia O., quien decide declararla sin lugar. No obstante, el Banco del Pacífico apela esta resolución, siendo el Tribunal conformado por Alfonso O., Nelson P. y Alberto L. -los dos últimos procesados en el caso Purga- quienes deciden rechazar el recurso presentado y ratificar la decisión de la jueza de primer nivel por medio de voto de mayoría de los últimos dos jueces.

El juez Alfonso O. no quiso formar parte de esta estructura. En un primer momento, el ponente fue el juez Ulises Manuel T., quien no aceptó tampoco. Ni Ordeñana ni Torres aceptaron colaborar con las pretensiones de esta cúpula criminal, señaló Salazar. Por este motivo, Pablo M. solicita a Fabiola G., presidenta de la Corte del Guayas, y a Mercedes V., quien a la fecha se desempeñaba como directora provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas, que por medio de un traslado administrativo se lo cambie al juez Ulises Manuel T. a otra sala de la Corte del Guayas. Colocando a uno que sí le copiaba a la organización: al juez Alberto L., quien fue movido, a decir de Fiscalía, únicamente para ratificar la decisión contra el banco.

“El líder del grupo criminal y su cónyuge, por medio de tráfico de influencias, de cohechos y prevaricatos, obtuvieron un beneficio económico de alrededor de $ 4 millones manipulando, jugando a su antojo con la justicia, con la colaboración y anuencia de funcionarios judiciales de la provincia del Guayas, pero no con un funcionario de nivel menor, con la anuencia de la presidenta de la Corte, con la anuencia de los jueces que se encuentran el día de hoy en esta sala de audiencias”, concluyó Salazar.

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Caso 2: Apropiación de tierras en Durán mediante un habeas data

Para la fiscal Diana Salazar la misma dinámica corrupta se ha replicado en otros escenarios, como la apropiación ilegítima de tierras, en donde el factor común, a más de la modalidad delictiva, habría sido el uso de familiares del líder de la estructura: Pablo M. En esta causa habría sido investigado el comportamiento del primo del exasambleísta Pablo M., Fausto Alfonso A., otro de los doce procesados en el caso Purga, quien habría acudido a la figura también de un habeas data con la finalidad de apropiarse supuestamente de forma ilegal de varias hectáreas de terreno que no le pertenecían.

Este hecho habría iniciado con un terreno perteneciente a la familia Ramírez Nieto y que estaba ubicado en el cantón Durán, en la provincia de Guayas. La ficha catastral de ese bien había sido la número 401 y se encontraba adjudicada al código catastral 1.6.24.0.0, cuyo último propietario registrado era la compañía Royal Technologies.

No obstante, sin ninguna explicación, aparece una nueva ficha catastral, registrada con el número 31, con el mismo código catastral del predio antes mencionado. Este documento se encontraba a nombre del primo de Pablo M., sin que este conste en el trato sucesivo de compras-ventas del código catastral 1.6.24.0.0, es decir, la ficha número 31 no contaba con soporte documental que la legitime.

Pero pese a esto la jueza Andrea M., paradójicamente, ordena anular la ficha inicial, la 401, la que tenía todo el antecedente, que sí contaba con ese trato sucesivo de transacciones del mencionado terreno, y en su lugar la magistrada decide legitimar el predio a nombre de Fausto Alfonso A., primo del asambleísta, y eliminar toda la información generada dentro de esa ficha legítima 401, a partir de la aparición de esta nueva ficha 31.

De esta forma, Alfonso Fausto A. obtuvo una propiedad cuyo avalúo catastral estaría en los $ 200.000, lo cual sería el beneficio económico de la organización, dijo Diana Salazar. Este beneficio llegaba pese a que la actividad laboral del nuevo dueño se centraba en la venta de sándwiches de cerdo en Guayaquil, cuyas ganancias no le permitirían adquirir un inmueble de estas características.

“No se trata de que si (su capacidad económica) le permite o no le permite adquirir un inmueble de estas características, es que no le correspondía, porque no realizó ninguna operación, ninguna transacción. Únicamente hizo uso de la influencia del líder de esta organización. Por medio de una habeas data correctiva, una jueza dispone rectificar información catastral contenida en archivos públicos, eliminando los mismos. Lo cual evidencia que no solo las famosas desnaturalizaciones de los habeas corpus han servido como herramienta para la delincuencia organizada, sino que también se valían de habeas data para apropiarse de bienes que legítimamente no les pertenecen. Pues para todo conocedor del derecho, es sabido que a través de una acción constitucional de habeas data no es posible anular el derecho de propiedad sin un juicio civil de por medio”, añadió la fiscal general.

Caso 3: Acción de protección del Cuerpo de Ingenieros del Ejército

Hay otro caso y esta vez lamentablemente con la intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, arrancaba el relato la fiscal Salazar. Resulta que en el 2022 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército presentó una acción de protección con medida cautelar en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito. Se trataba de una empresa metropolitana del cantón Quito, pero presentan la acción de protección en Guayas, donde se encontraban en juego $ 30 millones provenientes de un contrato de repavimentación entre estas dos entidades públicas.

En primera instancia, la jueza Larisa I., de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, declaró sin lugar la referida acción constitucional, provocando que la misma sea apelada por parte del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. “No les dieron la razón. ¿Y por qué no les dieron la razón? Porque todavía no participaban los integrantes de esta cúpula”.

Es aquí en donde los jueces provinciales Fabiola G., Guillermo V. y Henry T. llegan a conocer este proceso y revocan la sentencia de primera instancia, aceptando esta acción de protección. Esta decisión que se habría emitido a cambio de una dádiva, de un beneficio material que, según la fiscal general, debería avergonzar tanto al Cuerpo de Ingenieros como a los jueces y a los funcionarios judiciales de toda la provincia.

Según la Fiscalía, lo que solicitó Fabiola G. a cambio de este fallo es la remodelación del piso del salón de la presidencia de la Corte Provincial del Guayas.

“Por orden de Fabiola G., la relacionista pública contratada y pagada por Pablo M., Mayra S., fue la encargada incluso de seleccionar el piso a usarse en la remodelación, el que esté más actual, el que más le guste a la señora Fabiola G. y cuya compra e instalación fue pagada precisamente por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército”, refirió la fiscal general en su relato.

Lo dicho, asegura la Fiscalía, se puede comprobar con fotos de los materiales para la obra, así como la transferencia realizada por la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros, Ruth S., también procesada. La transferencia habría sido de $ 1.400 destinados al pago de la mano de obra.

“Pagaron el piso, le pagan la mano de obra y le perjudican con $ 30 millones a la empresa Metropolitana. Una entidad pública favoreciendo a un grupo de delincuencia organizada dentro de la administración de justicia. Y es que esto no queda ahí, también con la participación de la exvocal suplente del Consejo de la Judicatura y que renunció hace un par de días. Ella fue la operadora en este caso”, aclaró.

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Caso 4: Sumarios administrativos archivados

Para la fiscal Diana Salazar, el poder político, representado a través de Pablo M., procuraba mantener a los miembros de la organización delincuencial inmunes a sanciones administrativas, garantizando de esta forma el control de la función judicial. Como un buen líder de la estructura criminal, Pablo M. se habría preocupado de que los sumarios administrativos iniciados en contra de Fabiola G. no afectaran el desempeño de sus funciones.

Para este hecho contaba con la colaboración de la directora provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas, Mercedes V., quien es parte del caso Purga, y de su asesor y mano derecha, Saúl M., también procesado.

La investigación realizada habría determinado que de esta forma dos de los cuatro sumarios administrativos activos contra Fabiola G., al 2023, ya habrían sido archivados. No conforme con esto, se resaltó, la visión delictiva del grupo criminal se proyectaba a mantenerse en el tiempo buscando el control de la siguiente administración de la Corte Provincial del Guayas.

Para conseguir ese objetivo, dijo Salazar, era necesario brindar el apoyo en campaña a uno de los candidatos a suceder a Fabiola G. en la presidencia de la Corte del Guayas y que obviamente responda a los intereses del líder de esta estructura. Así fue elegido Manuel González, quien, gracias a la gestión de Pablo M., por medio de Mercedes V. y Saúl M., habrían gestionado la implementación del timbre electrónico para todos los jueces de la Corte Provincial de Guayas, como una oferta de campaña de González.

“Es que así se maneja en la Corte. Entonces, les regalaban un jarro, les daban una agenda para cooptar el voto de los jueces. Contribución que desembocó, claro, funcionan las estrategias de la señora Mayra S. en campaña, en la elección del juez Manuel González como nuevo presidente de la Corte Provincial del Guayas, quien, ojo, continúa ejerciendo dichas funciones hasta la presente fecha. Es decir, esta estructura continúa utilizando a sus alfiles, a la justicia como una herramienta de beneficio privado, y no solo para sus intereses, sino también para los del narcotráfico”, afirmó la fiscal general.

Caso 5: Alias Fito y la apelación al traslado de centro de privación de la libertad

En este caso, para Diana Salazar, es donde se verifica nuevamente esta relación tripartita entre la política o la pseudopolítica, la justicia y el narcotráfico que campea en nuestro país. Para este caso, dice la Fiscalía, el ahora prófugo José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, encontró en miembros de esta estructura delincuencial los aliados perfectos para beneficiarse a través de las decisiones judiciales de la Corte Provincial del Guayas, controlada por ellos.

Todo parte del traslado de alias Fito desde la Cárcel Regional de Guayaquil hacia la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca, hecho que fue realizado el 13 de agosto de 2023. A partir de este evento, el narcotraficante sentenciado, líder de Los Choneros, apela la decisión de su cambio ante el juez de garantías penitenciarias, Diego Rafael P., quien acepta la pretensión y dispone entonces el regreso al centro de privación de libertad donde cumplía la condena, es decir, no lo enviaba a la cárcel de máxima seguridad, sino en la cárcel donde él era “rey y líder” y donde “gobernaba a sus anchas”.

Dicha decisión provocó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) apele el retorno de Fito a la Cárcel Regional de Guayaquil.

El conocimiento de la causa radicó en la sala integrada por Fabiola G., Henry M. y Reinaldo C., juez que intervino en el habeas data en el que le benefició al líder de la estructura Pablo M. con los $ 4 millones en el caso Banco del Pacífico.

“Recordemos que fue promovido, fue ascendido, fue beneficiado en agradecimiento de eso, también le tocaba conocer la causa de alias Fito”, se señaló.

A decir de Fiscalía, al tener bajo su control la decisión de retornar a un máximo líder de un grupo narcodelictivo y de los más violentos del país al centro de rehabilitación social que controlaba, la jueza Fabiola G. habría emprendido gestiones para contactar a alias Fito. “Es que aquí, señor juez, no es que alias Fito le contacta a la señora Fabiola G., ella le contacta a alias Fito. La jueza busca el nexo con el delincuente a través de su abogado, Ronald Francisco Cantos”.

Procurar un beneficio a cambio de su decisión habría sido el objetivo y con ello se empezaba a gestar el camino para no aceptar la apelación del SNAI.

Caso 6: Sorteo de causas

En el caso Purga también se contaría con evidencia de conversaciones mantenidas por Mayra S. con Daniel Salcedo, ambos procesados en el caso Metástasis. En estas conversaciones, explicó la fiscal, Mayra S. daría cuenta de los arreglos en los sorteos de las causas judiciales por medio del exvocal del Consejo de la Judicatura Xavier Muñoz.

“Es que todo concluye entre ellos. Como usted podrá apreciar, señor juez, en nuestro país persiste una forma equivocada de hacer política, caracterizada por la intromisión indebida entre los poderes públicos, legislativo y judicial. Prueba de ello es la pretendida aprobación de aquellas reformas que iban a limitar la acción de la Fiscalía, porque de haberse dado estas reformas, cuyos abogados que están sentados ahora son los mayores defensores, pretendía que la Fiscalía ponga al servicio de la Asamblea Nacional las investigaciones que de forma reservada y acertada las venimos manejando. Ese es el éxito en la investigación: doce personas privadas de la libertad que esta vez no tuvieron la oportunidad de ser alertadas por quienes luchan por la delincuencia. No es venganza, es acción con los elementos encontrados hasta este momento procesal”, señaló Salazar. (I)