Caso Purga: exjuez del Guayas que intervino en proceso relacionado con el Banco del Pacífico rendirá testimonio anticipado

Desde el 26 de julio pasado la Fiscalía General está a la espera de que el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena defina el día y la hora en la que se receptará el testimonio anticipado del exjuez de la Corte del Guayas, Alberto L. T., uno de los 25 procesados dentro del caso denominado Purga, causa penal en la que se investiga el delito de delincuencia organizada.

Dentro de este proceso penal que investiga una “estructura criminal” que infiltró el sistema de justicia en Guayas para obtener sentencias favorables a líderes de la organización como el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte del Guayas Fabiola Gallardo, o el juez penal Johann M., el 4 de julio pasado se cerraron los 120 días de instrucción fiscal definidos luego de la audiencia de vinculación de trece personas.

Actualmente, el exjuez Alberto L. T. se encuentra cumpliendo una orden de prisión preventiva y se lo ha ingresado en el Programa de Víctimas y Testigos manejado por la Fiscalía, instancia que por temas de seguridad pide se recoja el testimonio por adelantado.

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Las irregularidades en la concesión de un habeas data mediante el cual el hoy exasambleísta Pablo Muentes, y su esposa, Mónica A., recibieron, por daños y perjuicios, de parte del Banco del Pacífico cerca de $ 4 millones, es uno de los seis hechos que analiza la Fiscalía dentro de Purga.

La fiscal general, Diana Salazar, a inicios de marzo pasado, resumía así el hecho investigado: “Le otorgan un crédito a la cónyuge de Pablo Muentes y a él por $ 383.000. No pagan la deuda. Les cobran, pero hacen registrar unas notas de crédito aparentemente adulteradas mediante el abuso de un habeas data y resulta que quien debía recibir el pago termina siendo el deudor y es obligado a pagar $ 3′983.040″.

Bajo esa línea de investigación varios jueces del Guayas que conocieron el caso en distintas etapas habrían cometido irregularidades. Entre ellos estaría el entonces juez Alberto L. T. El Banco del Pacífico ante las ilegalidades en el proceso de habeas data decidió interponer un juicio de falsedad de instrumento privado respecto de las notas de crédito irregulares presentadas por Mónica A. y Muentes.

Esta demanda recayó en la jueza civil Silvia O., quien decidió declararla sin lugar. No obstante, el banco apeló la resolución, siendo el Tribunal conformado por Alfonso O., Nelson P. y Alberto L. T., los dos últimos procesados en el caso Purga. Por medio de un voto de mayoría de los jueces Nelson P. y Alberto L. T. se decidió rechazar el recurso presentado y ratificar la decisión de la jueza de primer nivel.

Las transcripciones de conversaciones encontradas en el teléfono de Mayra Salazar, exasesora de comunicación de la jueza Gallardo y luego comunicadora institucional de la Corte del Guayas, se conoce que el juez penal Alberto L. T. habría solicitado algo a cambio de emitir su voto a favor de los intereses de Pablo Muentes en el caso Banco del Pacífico.

En un documento policial que es parte del expediente se puede leer: “Del contexto del análisis de la comunicación se puede interpretar que el juez Alberto L. se haría cargo de llevar el juicio número (...) a cambio de que la presidenta de la Corte Provincial de Guayas le ayude con un puesto de trabajo para su hijo (...), verificando que posterior ingresó a laborar en la Función Judicial, con relación de dependencia laboral en la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura (CJ)”.

La conclusión parte de varios mensajes enviados el 6 de septiembre de 2023 por el juez Alberto L. T. a Mayra Salazar. Inicialmente se ve una foto en la que se hace notar la causa del caso Banco del Pacífico que tiene al juez Alberto L. T. como ponente e inmediatamente se envía otro mensaje con una hoja de vida de quien aparentemente es el hijo del juez penal. El PDF enviado va con un mensaje de Alberto L: “Gracias Mayrita, ayúdeme con eso”.

Para el 15 de septiembre de ese mismo 2023, el juez Alberto L. T. le vuelve a enviar un mensaje a la asesora de Fabiola Gallardo diciéndole: “Mi estimada Mayrita, no se olvide de mi retoño”. Poco después Salazar le responde al juez: “Holiii, ya está pasado, hay que esperar a fin de mes que aprueben de Quito”.

El 2 de octubre siguiente, Mayra Salazar le señala por mensaje al juez Alberto L. que le han dicho que no le aseguran la contratación “porque por el apellido eso va a traer problemas”, aparte de que aún no tienen todas las vacantes. Independientemente de ese mensaje las autoridades mantienen la certeza de que la entrega del cargo se concretó y está relacionado a la decisión que tomó el juez respecto al caso Banco del Pacífico.

En un primer momento, el ponente del caso habría sido el juez Ulises Manuel T., quien no aceptó ser parte de la estructura. Por este motivo, explicó la fiscal general, Pablo Muentes habría solicitado a la presidenta Gallardo y a Mercedes V., quien a la fecha se desempeñaba como directora provincial del CJ del Guayas, que por medio de un traslado administrativo se cambie al juez Ulises Manuel T. a otra sala de la Corte del Guayas.

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El exjuez en una versión rendida contó como Pablo Muentes lo coptó y lo mandó a traer desde su despacho en la Corte del Guayas para ofrecerle en la casa del exlegislador en la isla Mocolí, en Samborondón, un ascenso y negociar la sentencia. En el testimonio anticipado se espera que Alberto L. T. entregue detalles de esta reunión y ahonde en detalles de la supuesta influencia de Muentes en la justicia de la provincia del Guayas.

La mañana del 30 de julio pasado, a casi cinco meses de haber salido del país, la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ) en Guayas, Mercedes Leonor V. V., procesadas en Purga, fue detenida en España por agentes de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés). “Mediante el intercambio de información y cooperación internacional en coordinación con nuestro similar en España e Interpol detuvimos a Mercedes V., requerida por la justicia ecuatoriana con boleta de captura y notificación roja por el delito de delincuencia organizada. Al momento se realizan los trámites legales pertinentes para su extradición a Ecuador”, señaló la Policía Nacional en su cuenta institucional de la red X.

La exfuncionaria judicial no pudo ser detenida dentro los allanamientos del 4 de marzo pasado en Guayas y Pichincha, parte del caso Purga, porque salió horas antes de los operativos simultáneos. Tras la confirmación de la detención, la presidencia de la CNJ corrió traslado de la información emitida por la Interpol al juez de la causa, Javier de la Cadena, para que pida se inicie el proceso de extradición. (I)