Tres acuerdos bilaterales con Estados Unidos para cooperación militar aérea y marítima con fines de combate al crimen organizado y los delitos conexos están a la espera de su operatividad.

Estos tratados internacionales superaron el filtro de revisión en la Corte Constitucional (CC), que determinó que no requerían de la aprobación de la Asamblea Nacional porque no involucran una alianza militar o bélica ni actividades de defensa mutua o reciprocidad en acciones militares.

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Se han venido concretando con prudencia en los dos últimos gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, aunque fue en esta última administración cuando se firmaron.

Se trata del Acuerdo para Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas, del 27 de septiembre del 2023, y el Acuerdo al Estatuto de las Fuerzas, del 12 de octubre del mismo año, de los que resta su ratificación a través de decretos ejecutivos firmados por el actual presidente, Daniel Noboa.

El tercer tratado es el de Asistencia en Interceptación Aérea, que lo ratificó Lasso en agosto pasado y, aunque está en vigencia, no está ejecutándose, ya que se estaría implementando un software para que Ecuador pueda acceder a la información que produce el Comando Sur de los Estados Unidos.

Esta cooperación a Ecuador implicará financiamiento, datos de inteligencia, información, capacitación, control y comunicaciones, soporte logístico, datos de radar relacionados principalmente con el Sistema Cooperativo de Integración de Información Situacional (CSII, por sus siglas en inglés).

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Esta estrategia de combate al narcotráfico no es nueva, pues las Fuerzas Armadas ecuatorianas han venido participando en capacitación desde varios años atrás.

Desde el régimen de Lenín Moreno empezó a formalizarse cuando, en el 2021, el excomandante del Comando Sur (SouthCom), el almirante Craig S. Faller, estuvo en Quito para firmar el memorando de entendimiento regional para acceder a la información de este CSII.

Este sistema muestra la posición de las aeronaves, las pistas de interés y da seguimiento de un radar reubicable más allá del horizonte para determinar la naturaleza legal o ilegal de un vuelo.

El proyecto estaría en ejecución en el interior de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que será la encargada de coordinar las acciones con sus pares de Estados Unidos.

El 22 de enero, en el Palacio de Carondelet, el presidente Daniel Noboa se reunió con Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, y con Christopher Dodd, asesor del presidente de EE. UU., Joe Biden. Foto: cortesía Presidencia de la República.

En la práctica, de lo que se trataría es de que Ecuador comparta información que proveen los radares ubicados en la Costa y Amazonía con un centro operativo ubicado en Key West (Florida) del Comando Sur de los Estados Unidos.

Esto permitirá a la FAE observar todo lo que se mueve en el océano Pacífico de América Latina y advertir de la salida o el ingreso de naves ilegales, explicaron técnicos militares.

Esta información se transferiría a este centro de mando en Key West, que se reflejará en una sola pantalla de video. Sería como tener un mapa de América y su perfil costanero con miles de puntos rojos que indican los aparatos en vuelo y, sobre ellos, un oficial operador identifica si tienen matrícula y están dentro de su ruta aérea.

Se los considera ilegales cuando no tienen matrícula, vuelan sobre rutas aéreas no permitidas y evitan su identificación, aunque sean sorprendidos por los radares ecuatorianos o norteamericanos, se detalló.

Este intercambio no implicaría la entrada de naves norteamericanas, sino de información.

Para ejecutarlo, estaría implementándose un software que permita a los técnicos de la FAE acceder a una plataforma en la que se recogen los datos que produce Norteamérica de los países con los que tiene firmado este tipo de acuerdo.

En los patrullajes, la FAE ha detectado este tipo de aeronaves ilegales y el objetivo es arrinconarlas para que aterricen.

Sin embargo, hay pilotos a los que denominan “suicidas”, que al ser detectados, para evitar ser atrapados, se precipitan en los matorrales o islotes y botan en el aire la droga, el dinero o las armas; o también queman las avionetas y huyen.

Este acuerdo es preciso en señalar que Ecuador, durante una interceptación, se comprometa a no dañar, destruir o inhabilitar a una nave civil, salvo en defensa propia. Pueden usarse municiones con cartuchos trazadores como medida de advertencia, para asegurarse de que un piloto es consciente de que ha sido interceptado.

Durante una interceptación en las costas del Caribe, en el océano Pacífico, que realizó el Servicio de Guardacostas del Comando Sur de los Estados Unidos. Los narcóticos estarían valorados en los $ 160 millones. Foto: Tomada del Comando Sur de los Estados Unidos. Foto: Cortesia

El acuerdo sobre control marítimo, en tanto, propone operaciones combinadas entre la Armada Nacional y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades transnacionales ilícitas y se harán solamente contra buques sospechosos, incluidos los que no tienen nacionalidad.

Al contrario del acuerdo sobre interceptación aérea, este convenio incluye operaciones y procedimientos de sobrevuelo y de orden de aterrizaje, para que las aeronaves militares de los Estados Unidos operen en el espacio aéreo ecuatoriano, siempre bajo autorización y coordinación con el Ministerio de Defensa.

También, para transitar el espacio aéreo nacional; aterrizar y permanecer temporalmente en la Base Aérea Simón Bolívar y otros aeropuertos alternos designados por el Ecuador; y transmitir órdenes de la FAE a aeronaves sospechosas que aterricen en territorio ecuatoriano.

Se aclara que el personal militar de un país no podrá ingresar en el espacio aéreo del otro sin la autorización expresa del otro país.

El contralmirante Aland Molestina fue comandante de la Marina en el 2008 y explica que esta colaboración, según el acuerdo, no es improvisada, sino que responde a una planificación, aunque también estará sujeta a los escenarios.

Todo patrullaje contará con un agente a bordo del Estado parte en las embarcaciones.

Para ejemplificar: en cada operativo de control o interceptación habrá un agente a bordo, que será un oficial de la Armada, quien en el momento de contener a una nave sospechosa ecuatoriana participará de la inspección para confirmar si se está cometiendo una actividad ilícita y procederá de acuerdo con las normas legales ecuatorianas.

“Esto implica que los oficiales que estén a bordo deben estar bien instruidos sobre los procedimientos legales y los posibles delitos sobre los que se actuará, hasta entregar los detenidos a las autoridades que corresponda”, detalló Molestina.

Otro escenario es que una embarcación sospechosa ecuatoriana salga de las costas y la Armada no la pueda interceptar. Entonces, se podrá comunicar con una embarcación del Servicio de Guardacostas norteamericano para que la capture y la escolte hasta la costa nacional y sea entregada la embarcación, las evidencias y la tripulación a las autoridades.

En el caso de que una embarcación irregular huya y se desvíe a aguas internacionales, se comunicará a la Armada para que se la intercepte; y, si no tiene un medio próximo, puede autorizar el ingreso del Servicio de Guardacostas hasta que lleguen los buques ecuatorianos, indicó Molestina.

Como parte de esta cooperación, en la estación militar estadounidense en Florida hay oficiales ecuatorianos que sirven de enlace y coordinación y alertan a la Armada cuando una embarcación logra salir del mar territorial.

En esa línea, Molestina expone que la aplicación del acuerdo siempre estará sujeta a una planificación de actividades y “siempre deberá ser con la autorización de Ecuador”.

¿Qué diferencia estas operaciones combinadas del acuerdo de la Base de Manta, que se hacían con la Forward Operating Location (FOL)?

“En que en ese entonces era exclusivamente para operaciones aéreas. Las naves norteamericanas tienen incorporado un radar que puede sobrevolar en altamar y detectar una embarcación sospechosa. Entonces, lo comunicaban a la Armada” y se tomaban las acciones legales, contó Molestina.

La Constitución prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y de instalaciones extranjeras con propósitos militares y también ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

La canciller Gabriela Sommerfeld ha explicado que con estos acuerdos el Ecuador no pierde soberanía, porque los extranjeros “no vienen a poner bases militares, que es la preocupación. La cooperación es temporal, a través de capacitación, equipamiento, inteligencia, grupos tácticos. La cooperación no es solo con Estados Unidos, también con Brasil, Argentina, Chile, Perú… No es perder soberanía; es buscar cooperación”, dijo en una entrevista en Radio Centro de Guayaquil.

La referencia también se debe al Acuerdo Relativo a las Fuerzas, que permitirá que personal militar, civil del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y contratistas puedan estar temporalmente en el país para visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias, de cooperación en la lucha contra el tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal.

Tendrán “privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los otorgados al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas” bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961 y cada una de las partes (Ecuador-Estados Unidos) se regirá por las leyes de sus países.

QUI01. QUITO (ECUADOR), 13/09/2022. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson (c), en una visita oficial con el expresidente Guillermo Lasso. EFE/Presidencia de Ecuador /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO), NO VENTAS Foto: Presidencia de Ecuador

Cómo y cuándo empezará a aplicarse este acuerdo, es información que el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas mantienen bajo reserva.

Guillermo Lasso justificó ante la Corte Constitucional que el personal norteamericano podrá desplazarse por cortos periodos al Ecuador para entrenar y capacitar en la interdicción de la droga que se exporta por vía marítima y área.

El argumento: que son más de 1′200.000 kilómetros de mar jurisdiccional en los que, con la ayuda tecnológica estadounidense, se podrán detectar embarcaciones, semisumergibles y aeronaves civiles por las que se exporta el alcaloide. (I)