El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió suspender el avance de la formación e inicio de las actividades de la veeduría ciudadana, cuyo objeto es revisar la elección de los jueces de la Corte Constitucional (CC) hecha en el 2019. El argumento: esperar conocer la decisión de los mismos jueces de la Corte Constitucional sobre el seguimiento al cumplimiento de un dictamen interpretativo.

Este 27 de septiembre de 2023, el Consejo de Participación Ciudadana envió un memorando a las 19 personas admitidas a ser veedor en el que les informa que las actividades para avanzar en su conformación están suspendidas.

La resolución se había tomado a la espera de que los jueces constitucionales se pronuncien sobre la fase de seguimiento al cumplimiento de su dictamen interpretativo del 2019.

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Esta veeduría la solicitó una persona identificada como Betty Moreira Marcillo, a través de una acción de protección, que le otorgó el juez de Montecristi (Manabí), Leiver Quimis, cuyo objeto es diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese y elección de los jueces de la Corte Constitucional que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana de transición.

Esto, pese a la vigencia de un dictamen interpretativo del 2019 emitido por la misma Corte Constitucional, que dio un blindaje a las actuaciones del CPCCS de transición y dispuso que los consejeros definitivos «no gozan de autotutela» para revisarlas.

Los jueces de la Corte deliberan a lo interno respecto de si su dictamen fue incumplido o no, después de escuchar en audiencia pública los elementos de cargo y descargo de los siete vocales.

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En tanto, este miércoles, en el pleno del Consejo se conoció de este memorándum que con cinco votos afirmativos de los consejeros se resolvió suspender sus conformación.

Se pronunciaron a favor: Alembert Vera, Yadira Saltos, Johanna Verdezoto, Augusto Verduga y Mishelle Calvache. No se encontraban en la plenaria los vocales Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz.

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El presidente del organismo, Alembert Vera, leyó el documento en el que consta que está suspendida la formación de la veeduría y aseguró que esta «no existe», pues aún resta superar la etapa de la inducción.

Además, ofreció que aún puede «modularse» el objeto, es decir, el fin para lo que fue creada, por lo que «no hay incumplimiento» del dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, indicó. (I)