El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se tomará más tiempo para llevar a cabo los concursos públicos para elegir a las autoridades de control, en tanto, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se sumarían a otras instituciones en las que sus titulares entraron en un periodo prorrogado porque no tienen reemplazos.
El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, ofreció plantear un proyecto de reforma a la actual normativa vigente para integrar las denominadas comisiones ciudadanas de selección que se encargan de hacer los concursos públicos de méritos, oposición e impugnación para designar a altos funcionarios del Estado y con ello recortar tiempos.
El tema se conversó en una sesión de este 23 de abril de 2025, a la que se incorporó el séptimo consejero: David Rosero Minda, en lugar de Eduardo Franco, destituido junto con Augusto Verduga y Yadira Saltos en enero pasado.
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Se pronostica que dentro de dos semanas se instalen mesas técnicas para debatir qué cambios se harían al articulado.
Estas comisiones ciudadanas se componen de diez personas: cinco en representación de la ciudadanía y cinco delegadas de las Funciones del Estado, cuya atribución constitucional es organizar el concurso público de méritos, oposición e impugnación para elegir autoridades. El CPCCS las designa con base en los resultados de las calificaciones obtenidas por los participantes.
A los representantes de la ciudadanía se los elige también por concurso público en el que se les califica los méritos; luego, se escoge a los 30 mejor puntuados y de ellos se hace sorteo en el que salen los cinco principales y sus suplentes.
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En el caso de los delegados de las Funciones, se les revisa que no tengan impedimentos o deudas con el Estado y se enfrentan a la impugnación en conjunto con los candidatos de la ciudadanía. Si pasan esta etapa se designa a los diez comisionados.
El último reglamento se emitió en agosto del 2021, en la administración de la expresidenta del Consejo Sofía Almeida, aunque fue en una sesión que la presidió David Rosero, que era el vicepresidente.
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Este cuerpo legal da unos 76 días para conformar una comisión ciudadana; y lo hace directamente el pleno del CPCCS con el apoyo de un equipo técnico, integrado por sus asesores.
Ahora, el presidente Andrés Fantoni dijo que dentro de una o dos semanas convocará a los equipos de sus colegas a mesas técnicas para elaborar un nuevo reglamento que agilice en un “60 %” el desarrollo del proceso.
Según el consejero, trabajar con las reglas vigentes desde el 2021 provocará que “los procesos que están en marcha puedan durar hasta tres años mínimo” y si los modifican no durarían más de ocho meses, según sus cuentas.
No es falta de voluntad política, aseguró, es “falta de hacer un nuevo reglamento. Por lo que se va a armar una comisión técnica para hacer este nuevo reglamento porque no tenían limitantes de tiempo… Por eso es por lo que exageraban las fases, esto no va a pasar. Vamos a poner los tiempos más cortos posibles para que los concursos no duren más de ocho meses. Por lo mucho un año. Esa es la diferencia”, aseveró.
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Mientras se llega a acuerdos para cambiar la normativa, los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) pidieron un criterio vinculante a la Procuraduría General, que los avale a prorrogarse en sus funciones y de esa manera evitar que sus decisiones —que son de última y definitiva instancia— pierdan “legitimidad”.
El periodo de los jueces electorales acaba el 20 de mayo de 2025, con lo que se integran al listado de otras autoridades en prórroga: la titular de la Fiscalía General, Diana Salazar; los cinco vocales y sus suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE); el titular de la Defensoría del Pueblo, César Córdova, que lleva encargado desde el 2021; entre otros organismos más.
De acuerdo con los planes de Fantoni, con el nuevo reglamento, en este 2025 habrá nuevas autoridades electas a través de los concursos públicos.
Empero, otro organismo que tiene a sus autoridades prorrogadas son los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), que pese a ser un procedimiento ágil, no sigue.
Este organismo, de cinco miembros, está funcionando con tres porque uno renunció, Merck Benavides y, un segundo que falta es porque el CPCCS no eligió al representante de la Asamblea Nacional.
Están en los cargos, Mario Godoy, Solanda Goyes y Yolanda Yupangui.
En diciembre de 2024, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Fiscalía General, la Defensoría Pública y la Asamblea Nacional enviaron sus ternas de candidatos para que el CPCCS elija a los próximos vocales.
Pero se detuvo porque el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, no manda los nombres de sus tres candidatos.
A esto se suma que la Asamblea deberá enviar un nuevo perfil, ya que Pablo Villagómez Reinel, quien encabezaba la terna, “declinó” de continuar.
Su nombre aparece en el expediente del caso Liga2 que lleva adelante la Fiscalía General, de la información encontrada en los teléfonos celulares del exvocal del CPCCS Augusto Verduga.
El Consejo de Participación Ciudadana dio un término de diez días para que la Legislatura envíe su candidato y, según Fantoni, enviará una carta al presidente Noboa para pedirle que nomine a sus candidatos. (I)
