La Contraloría General del Estado concluyó la auditoría a lo ocurrido con las fallas en el voto telemático para las circunscripciones del exterior que se aplicó en las elecciones generales anticipadas de agosto de 2023: halló una serie de posibles actos irregulares desde la elaboración del contrato, presupuesto referencial y otros aspectos, que se hicieron en el Consejo Nacional Electoral (CNE) en la contratación de la empresa AntroProyectos S. C.
El examen especial de la Contraloría General se aprobó el 17 de julio de 2024 y se publica antes de que el Consejo Nacional Electoral entre de lleno a la organización de las elecciones presidenciales, de asambleístas y parlamentarios andinos de febrero del 2025.
Como es la inscripción de las candidaturas y la convocatoria oficial al sufragio, prevista para el 11 de septiembre, en la que se convertirá en máxima autoridad y ninguna otra función del Estado podrá interrumpir sus actividades ni a sus funcionarios y consejeros, excepto por delitos flagrantes, como violencia intrafamiliar.
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Esta auditoría tiene origen en la contratación de la empresa AntroProyectos S. C. para efectuar el voto telemático para los ecuatorianos en el exterior en las votaciones de la primera vuelta del 20 de agosto de 2023.
Ese domingo, el servicio experimentó fallas y errores que impidieron ejercer el voto y obligó al CNE a repetir el sufragio de asambleístas nacionales y de las tres circunscripciones del exterior en la segunda vuelta de octubre del año pasado a 409.250 migrantes ecuatorianos.
La información refiere que el 20 de agosto de 2023 hubo interrupciones por cuatro horas, y el escrutinio dio cuenta de inconsistencias numéricas en 364 actas.
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Ocho días después de los comicios, la contratista entregó un informe al Consejo en el que detalló 786 registros de votos con inconsistencias en el código interno de identificación, que se habrían producido porque el sistema tuvo un ataque ‘DoS’. Esto provocó una alta ocupación de los recursos en los servidores, dando como resultado la “corrupción de 786 registros de la base de datos”.
La investigación a las etapas de contratación que hizo el órgano de control expone los problemas que surgieron desde la determinación de la necesidad institucional de contar con un sistema de voto telemático para los ecuatorianos migrantes, ya que el poco tiempo (90 días) con el que contaba el CNE para organizar los comicios producto de la disolución de la Asamblea Nacional hacía urgente contar con el servicio para evitar el envío de papeletas electorales y la contratación de un courier que demoraría la llegada del material a las circunscripciones del exterior.
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Sin embargo, el proceso se ejecutó sin que se hubiera contado con un estudio de factibilidad para que 409.250 electores de 101 zonas del exterior votaran mediante un teléfono móvil o un computador.
Al contrario, lo que se había hecho era usar el mismo informe que fue la base para hacer el voto telemático para 53 zonas electorales en los comicios seccionales, de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y referéndum y consulta popular del 5 de febrero de 2023, para lo que se contrató a la Empresa Pública ESPE Innovativa EP, que es parte de la Universidad de las Fuerzas Armadas.
Se detalla que los funcionarios de los departamentos de tecnología de ese entonces no hicieron análisis de la capacidad operativa y de la infraestructura, tampoco análisis técnicos de los componentes en función de las necesidades del CNE para que estén acordes con el número de electores, lo que se reflejó en los términos de referencia (TDR), que no incluyen características técnicas.
Los auditores notaron que se hicieron dos documentos de TDR: uno del 8 de junio de 2023 y otro del 22 de junio.
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En los TDR del 8 de junio, el objeto era contratar el despliegue y puesta en producción del sistema de voto telemático y soporte técnico. Pero el 22 de junio el objeto se cambió a servicio de soporte, acompañamiento y gestión para la participación.
Con eso, se ajustó que la contratación de “un servicio tecnológico” pasara a ser “un servicio de soporte y acompañamiento”, lo que permitió a su vez modificar requisitos, como que el contratista no requería experiencia específica en implementación de plataforma tecnológica para el voto telemático.
Por ejemplo, en experiencia general se redujo la calificación de 10 puntos a 5 puntos, y la experiencia del personal técnico subió de 10 puntos a 30 puntos.
Además, se acondicionó el perfil académico y disminuyeron los requisitos de experiencia, eliminando certificaciones que acreditaran conocimientos en la materia; y, en su lugar, se incrementaron otras áreas de conocimiento que no se relacionaban con la naturaleza de la contratación.
Estos arreglos, describe Contraloría, hicieron que se consideraran aspectos relacionados con la socialización del voto telemático y acompañamiento en el manejo del sistema, con lo que se “dejó en segundo plano la plataforma tecnológica”.
Otra novedad se halló en los estudios de mercado. Se describe que los funcionarios buscaron a proveedores en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) usando la palabra telemático sin obtener sugerencias de servicios equivalentes o contratos que se hubieran hecho antes y que sirvieran de insumo para el CNE.
Empero, no se consideró que el mismo Consejo Electoral contrató para las elecciones seccionales de febrero de 2023 a ESPE Innovativa de las Fuerzas Armadas.
Ese estudio de mercado serviría para establecer un presupuesto referencial, para lo que el Consejo solicitó proformas a tres empresas que adjuntaron los siguientes valores y se incluyó a Innovativa:
- AntroProyectos S. C. por $ 821.646
- Castlecloud S. A. S. por $ 852.458
- ESPE Innovativa EP por $ 1′437.261
Sobre AntroProyectos, el equipo auditor identificó, con base en información del Servicio de Rentas Internas (SRI), que esta era una empresa que no estaba posicionada en el mercado como proveedora de sistemas informáticos y que no tenía experiencia.
Sus actividades económicas hasta el 7 de junio de 2023 se concentraron en contabilidad, auditoría, declaraciones de impuestos, asesoramiento en relaciones públicas, de comunicación y encuestas “sin que ninguna guarde relación con el servicio tecnológico”.
Cuando se pidieron explicaciones al proveedor, no entregó documentación que justificara las observaciones, y lo que hicieron fue cuestionar a los auditores, según consta en el documento de 100 páginas.
Se observó también que Castlecloud había sido proveedor en el 2023 de AntroProyectos con un servicio Microsoft Azure, y su récord de actividades económicas reflejó que, entre el 2021 y el 2023, alcanzó ventas por más de $ 146.000 a uno y máximo a cuatro clientes por año, a lo que se sumó que en sus 18 meses de existencia no tenía experiencia en implementar soluciones tecnológicas.
A ESPE Innovativa no se la consideró, pese a que contaba con la experiencia y sumaba ventas por más de $ 8 millones en el 2023, según reseña el examen especial.
Más adelante, el 18 de junio de 2023, los funcionarios a cargo del contrato trabajaban en un nuevo estudio de mercado y solicitaron cotizaciones a AntroProyectos, Castlecloud y a una nueva empresa: Pudeleco Editores, que planteó un valor por $ 966.700. Para este estudio se excluyó a ESPE Innovativa.
La auditoría reseña que Pudeleco Editores tenía como actividad registrada en el SRI la venta al por mayor de material de papelería, libros, revistas y periódicos, por lo que no tenía relación con el objeto de la contratación.
No obstante, los representantes de esta proveedora negaron haber remitido esta cotización al CNE, e incluso el gerente general había aclarado a un medio de comunicación que “no conoció y peor autorizó” la participación en esta adjudicación.
Asimismo, ESPE Innovativa informó al Sercop de estos hechos, exponiendo que se consideró a AntroProyectos que “contaba exactamente” con el personal técnico solicitado por el CNE, sin que se hubiera analizado el cumplimiento de la formación académica, por ejemplo.
Finalmente, el CNE adjudicó el contrato el 30 de junio de 2023 por $ 756.415, sin IVA, a AntroProyectos S. C.
Luego se evidenciaron los errores, el 20 de agosto, cuando los electores se quejaban en las redes sociales de que no podían votar; en tanto, los consejeros electorales pidieron esperar para conocer qué causó la intermitencia y fallas.
Estos sucesos fueron incorporados como llamados de atención en los informes de las misiones internacionales de observación electoral, incluso de la Organización de Estados Americanos (OEA), que había recomendado al Consejo tomar las precauciones técnicas en la ejecución del voto telemático.
Para la Contraloría, esto ocurrió porque la contratista no presentó un plan de contingencia para corregir las intermitencias, hubo falta de aplicación de pruebas técnicas, de simulacros, de análisis, de planes de mitigación.
Tampoco se habían practicado pruebas de estrés y carga al sistema; e, incluso, los técnicos de AntroProyectos no habrían activado —un día antes de las votaciones— un mecanismo de seguridad del software que hubiera contrarrestado los problemas, sino que lo hicieron el día mismo del sufragio.
Entre otras observaciones, los auditores no obtuvieron los documentos que respaldaran las actividades in situ (en el lugar) de los funcionarios del área de tecnología y procesos electorales en varias ciudades de Estados Unidos y España, a donde habían viajado para explicar a los electores cómo votar.
En esencia, el informe de control concluye que varios de los funcionarios, cuyos nombres no se mencionan, inclumplieron disposiciones específicas de la Ley Orgánica de Contratación Pública.
El documento recoge que uno de los coordinadores del CNE respondió a estas observaciones quejándose de que hubo “vicios ocultos” en la construcción de los TDR y que “se ocultó información”, aunque no incorporó papeles que respalden esas aseveraciones.
Por lo sucedido, la presidenta del CNE, Diana Atamaint Wamputsar, procedió con la terminación unilateral del contrato con AntroProyectos y aplicó la devolución de las pólizas de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo.
No obstante, el caso se encuentra en litigio en los tribunales de justicia, pues el proveedor interpuso una acción de protección. (I)
