En Ecuador, según datos oficiales de la Función Judicial citados por el Sistema de Naciones Unidas, en lo que va del 2022 se han reportado 264 homicidios intencionales de mujeres, 59 registrados como femicidios. El crimen de la abogada quiteña María Belén Bernal pudo pasar a engrosar esta estadística sin que nadie lo notara de no ser porque tocó fibras sensibles de la esfera política e institucional. No solo conmovió a toda la sociedad ecuatoriana, sino que ha ‘marcado’ negativamente al gobierno de Guillermo Lasso, coinciden analistas, políticos y activistas consultados por este Diario.

Bernal fue asesinada presuntamente en las instalaciones de un centro de formación policial en el que su esposo, Germán Cáceres, era instructor. El oficial está prófugo, pero se le abrió un proceso penal por supuesto femicidio. La abogada desapareció el 11 de septiembre y sus restos se hallaron once días más tarde.

Entre ambas fechas hubo una serie de acciones, omisiones y contradicciones de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado que fueron denunciadas por la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo.

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Esto obligó al régimen a “apersonarse” en el caso. Funcionarios de alto nivel, como el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, y el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, dieron ruedas de prensa para garantizar una investigación exhaustiva del asesinato, pero su discurso fue cuestionado por activistas de los derechos de las mujeres por considerar que había sido “machista” y que protegía a la institución policial.

La presión pública obligó a Lasso a ofrecer disculpas, a dar de baja a dos generales de la cúpula policial, a despedir a Carrillo y a darle un ultimátum al comandante de la Policía, Fausto Salinas, para que en una semana dé con el paradero de Cáceres. El mandatario hizo estos anuncios a su retorno de Nueva York, Estados Unidos, adonde viajó con ocasión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

¿Pero por qué este caso desestabilizó al régimen? Primero, porque involucró a uno de los organismos más importantes de la estructura del Estado: la Policía Nacional, señala el exlegislador César Rohón.

“Es nada más y nada menos que el encargado de la seguridad de los ecuatorianos, de la nación, y más en el contexto de inseguridad, de penetración del narcotráfico que vivimos, y en el que los ecuatorianos necesitamos confiar en nuestras instituciones”, agrega el político.

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¿Quién era María Belén Bernal? Grupos de defensa de mujeres lamentan su muerte

Una reciente encuesta de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) indica que el 33,34 % de los entrevistados (3.500) sí confía en la Policía Nacional, mientras que el 66,57 % no.

Está en tercer puesto en los indicadores de confianza institucional; le superan las Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo, con 48,60 % y 34,28 %, respectivamente.

El exministro del Interior Patricio Carrillo, el comandante de Policía,  Fausto Salinas, y el general Manuel Íñiguez, en la rueda de prensa sobre el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal. Carlos Granja Medranda/ EL UNIVERSO Foto: El Universo

Rohón señala que la entidad mostró que tiene lagunas internas muy grandes de disciplina, orden, de procedimientos, y “eso es grave para el país”. “¿Cómo es que en un centro de formación policial hay fiestas y borracheras entre los cadetes que son los próximos oficiales que deben velar por el orden público?”, se pregunta el político.

Luego, desde la visión del exdiputado Ramiro Rivera, “si bien se trata de un hecho de violencia criminal contra una mujer que proviene de su pareja, el escenario en el que desarrolla el evento (un centro policial), las prácticas poco éticas, las complicidades entre oficiales que se ponen en evidencia, el espíritu de cuerpo que aflora en la Policía son las cosas que contaminan al Gobierno”.

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Opina, además, que hubo un “equívoco de la crisis” de parte de los ministros, por lo que el presidente salió a “frentear” el tema. “Este es un Gobierno muy débil, con muy poca inteligencia política, todo descansa en el presidente y la voz del presidente se va desgastando”.

Cree que este caso muestra que el país está “muy atrasado” en cuanto al reconocimiento y el respeto hacia las mujeres por el simple hecho de ser humanas. Y en ese sentido, afirma, el régimen tampoco ha atendido el problema de la violencia de género con contundencia.

Para el consultor político Gustavo Isch, el tema afectó profundamente la imagen del régimen por varias razones: porque convocó a la reacción de grupos sociales organizados, porque atraviesa a una de las instituciones más poderosas del país y porque golpeó a la sensibilidad de la gente por los factores de violencia y machismo propios de la cultura e idiosincrasia del país, y a las convicciones personales del mandatario y de su familia respecto a las libertades y derechos de las mujeres.

‘Mi hija no es culpable; el único culpable aquí es el Estado, porque pudieron haberle cogido a este teniente’, dice la madre de cadete detenida por caso María Belén Bernal

En ese último punto, afirma, no fue coincidencia que Lasso apareciera junto con su esposa, María de Lourdes, en su intervención de la noche del 23 de septiembre. “Pero a la vez me pregunto qué ha hecho ella como primera dama en cuanto a políticas públicas que de alguna manera muestren su interés por las mujeres”.

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Isch considera que la comunicación del régimen es más marquetera que política y que por ello el problema se les salió de las manos.

Elizabeth Otavalo fue quien denunció la desaparición de su hija; a su cruzada se sumaron luego varias organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. Foto de AFP Foto: AFP

Por su parte, Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, señala que este “caso abominable” trascendió a la esfera pública “por la valentía de la madre de María Belén”, que es la que salió a denunciar y participó personalmente en la búsqueda de su hija.

“Este femicidio pudo quedar en nada, como muchos otros, pero la denuncia y el seguimiento que se le hizo en las redes sociales cambiaron todo”, refiere.

Para la activista, que el femicidio se haya presuntamente cometido en un recinto policial lo convierte en un crimen de Estado. Además, ha evidenciado la necesidad de depurar a la institución policial.

Los analistas advierten, además, que el desgaste que ha sufrido el régimen por este tema podría afectar el respaldo ciudadano a su proyecto de consulta popular, que tiene justamente al combate a la inseguridad como uno de sus ejes principales.

Isch cree que la respuesta de los ciudadanos en las urnas dependerá mucho de las medidas que el presidente tome en este caso. “Pero hay que subrayar que el voto favorable a alguna pregunta no implica un apoyo de la ciudadanía al Gobierno”.

Rivera piensa que, de por sí, el referéndum “tiene una debilidad inherente al momento”. “En política el sentido de la oportunidad es ‘clave’. El momento es inadecuado. Si bien hay preguntas que pueden enganchar, que pueden ser un ‘cebo’, como la reducción del número de diputados o el rol de las Fuerzas Armadas, hay otras débiles. Si pasa el filtro de la Corte Constitucional y coincide con las elecciones seccionales donde poco o nada tiene que hacer el Gobierno, el pronóstico de la consulta es reservado”, indica.

Rohón espera que esto no pase porque “la consulta tiene que ver con reinstitucionalizar y poner orden en el país, no con la aceptación del Gobierno, el país tiene que actuar con madurez”.

Reacciones internacionales

  • En un comunicado del 23 de septiembre, el Sistema de las Naciones Unidas (ONU) en Ecuador lamentó el femicidio de María Belén Bernal. “Los hechos sucedidos presuntamente dentro de una institución policial necesitan ser investigados de manera expedita e independiente, y sancionados conforme a la Constitución y la ley. Los derechos de las víctimas deben, de igual manera, ser reparados de forma integral, incluyendo medidas de no repetición”.
  • La Comisión Interamericana de Derechos Humanos posteó este 24 de septiembre en su cuenta de la red social Twitter el siguiente mensaje: “Ante la desaparición y feminicidio de María Belén Bernal en Quito, la CIDH urge al Estado a investigar con debida diligencia reforzada; a juzgar y sancionar a los responsables; y a combatir la tolerancia a la violencia de género en el país”. (I)