Destrabar la política en su relación con las fuerzas legislativas, el mérito que se le reconoce a Daniel Noboa en sus primeros seis meses de mandato

Hace seis meses Daniel Noboa Azín asumió la Presidencia de Ecuador en un momento crítico en la política, economía y seguridad, en el que se declaró ser un hombre ‘antinada’, que no busca revanchas, que reduciría la violencia, que generaría empleo y conduciría al país hacia el progreso.

Este 23 de mayo de 2024 cumple seis meses en funciones y lo ofrecido está en ciernes. Con la excepción de que, en la práctica, logró destrabar la política frente al nudo que envolvía la relación Ejecutivo-Legislativo.

Daniel Noboa llegó a Carondelet luego de las elecciones nacionales anticipadas del 2023, fruto de la disolución de la Asamblea Nacional o muerte cruzada que decretó el expresidente Guillermo Lasso, quien se exponía a ser destituido en un juicio político.

Su administración se destacó por una mala relación con el Legislativo. A Noboa no le acompañó esa receta y, al contrario, se declaró un político ‘antinada’ y en este semestre llevó una fluida relación con las fuerzas políticas mayoritarias, como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC), a los que se unieron Construye y algunos independientes con los que sumó votos para aprobar cinco leyes de carácter urgente.

«Daniel Noboa tuvo un manejo político bastante bueno. Logró destrabar la política, frente a Guillermo Lasso, que pudo tener buenas intenciones, pero la Asamblea lo bloqueó», opina Alberto Acosta Burneo, analista económico.

Lo negativo, dice Acosta, es la reforma tributaria con la que repitió la fórmula de gobiernos pasados «de transferir el costo del ajuste fiscal a los ciudadanos, creando más impuestos».

Esto más los apagones registrados entre abril y mayo provocaron una desaceleración de la economía. «Decir que tiene éxitos por el lado económico no es posible, porque está perdiendo impulso, e incluso el Banco Central habla de un crecimiento de apenas el 1 % para este año», agrega.

Noboa ha encontrado respaldo político y ciudadano, sobre todo cuando el 9 de enero de 2024 se produjo un atentado catalogado como terrorista contra la cadena TC Televisión mientras transmitía un programa en vivo y que se lo atribuyó a grupos de delincuencia organizada.

Ante la emergencia, el Ejecutivo decretó estado de excepción y declaró conflicto armado interno que le permitió movilizar a las Fuerzas Armadas.

Los representantes de las funciones del Estado respaldaron la medida y con el discurso de la necesidad de recursos para financiar la ‘guerra contra el terrorismo’ envió una reforma tributaria a la Asamblea, que no la aprobó ni rechazó, pero que subió el impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 %.

El Ejecutivo sostiene que su Plan Fénix estaría dando resultados, pues según cifras de la Secretaría Nacional de Planificación, hay una reducción del 17,64 % de homicidios en el primer trimestre de 2024. Y, según Noboa, se han reducido en un «70 % los homicidios».

Esta inseguridad ciudadana tuvo reacción en una de las propuestas del mandatario: la consulta popular de once preguntas, en las que en nueve ganó el sí con un promedio del 60 %.

Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, cree que es muy pronto para evaluar resultados, aunque podría haber aciertos en la reducción de homicidios con las acciones de control con Fuerzas Armadas.

Sin embargo, «no está claro en cuánto se han logrado reducir los homicidios en las provincias más conflictivas, porque no hay una socialización de las cifras y lo que podría generar es desconfianza».

Sobre el Plan Fénix no se ha expuesto una política medible, no tiene líneas de acción, metas, presupuestos asignados y corre el riesgo de improvisar las políticas, explica Rivera.

Otro eje es la falta de resultados sobre una política penitenciaria, porque se ven acciones de militarización de las cárceles y no una política de rehabilitación. «Además, se ha nombrado un ministro en el Centro de Inteligencia Estratégica, pero no sabemos qué hace y qué ha producido. Son ciertas promesas que han quedado en el discurso», reflexionó Rivera.

En tanto que el mandatario ofreció construir megacárceles de máxima seguridad y ubicar a los reos de alta peligrosidad en cárceles barcazas, de lo que hasta ahora se desconoce.

De la seguridad a la diplomacia, que ha sido un punto frágil para el Gobierno, cuando Noboa se abrió frentes con Rusia y México.

Rusia asustó al sector empresarial después de que el primer mandatario afirmó que el armamento entregado por ese país, como parte de cooperación internacional, era «chatarra» y que se lo darían a los Estados Unidos.

Luego, la noche del 5 de abril del 2024, México rompió relaciones con Ecuador.

Ese día, Carondelet ordenó un operativo policial a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas Espinel, procesado por corrupción y que estaba ahí hospedado a la espera de obtener el asilo político.

Glas no voló a México, pero sí lo trasladaron a la cárcel La Roca, en Guayaquil.

Esa operación tuvo efectos: se cerraron dos consulados de Ecuador en México, se suspendieron los diálogos para un tratado de libre comercio y se enfrenta una denuncia ante la Corte Internacional de La Haya, parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bajo los presupuestos de que se violaron los tratados internacionales.

Entre abril y las primeras semanas de mayo, al régimen le sobrevinieron los apagones por el estiaje, que no era un hecho sorpresivo, pues a finales del 2023, con Guillermo Lasso en la Presidencia, se dieron los primeros cortes de luz.

Las estimaciones oficiales señalaron que, por cada hora de duración de los apagones, el país perdía $ 12 millones.

A estas crisis se destapó una en la familia presidencial: la construcción de un complejo habitacional en las cercanías de un bosque protector en Olón (Santa Elena) por una empresa que tiene como principal accionista a Lavinia Valbonesi, esposa del jefe de Estado.

La Asamblea Nacional pidió, el 8 de mayo, la comparecencia ante su pleno de la ministra del Ambiente, Sade Fritschi Naranjo, a quien la interpelan por entregar el «registro» ambiental para avanzar la obra.

Para el analista político Gabriel Hidalgo, la intrusión a la sede diplomática mexicana fue un acierto porque se detuvo el plan del presidente López Obrador de llevar al exmandatario a ese país.

«Daniel Noboa ha conseguido gobernabilidad, con una organización política sin bases, sin estructura y sin una agenda programática, lo consiguió a través del PSC y la RC y eso es positivo. Aunque no estoy de acuerdo en que se hayan entregado espacios estratégicos como la Comisión de Fiscalización a voces cuestionadas del correísmo», anota Hidalgo, y por cada buena decisión hay una contracara que le resulta desfavorable, como el desgaste en la relación con el correísmo, precisó.

El consultor político David Banda coincide en que mantener la alianza legislativa el suficiente tiempo para aprobar sus proyectos de ley y mantener la gobernabilidad ha sido un acierto de Noboa.

La debilidad, según Banda, está en la comunicación del Gobierno hacia afuera que «no marcha como debería, pero en su momento fue su fuerte con Roberto Izurieta (exsecretario de Comunicación)».

Justamente, el martes pasado, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, anunció informes semanales a la prensa sobre las acciones gubernamentales.

Camino a las elecciones presidenciales del 2025

De aquí en adelante, Daniel Noboa debe prepararse para la contienda electoral de febrero del 2025, pues no ha descartado buscar la Presidencia y eso arrastra un escollo: su relación con la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas.

Noboa envió a Abad de embajadora por la paz a Tel Aviv (Israel) desde los primeros días del mandato, pues también su relación se quebrantó por ‘deslealtad’, ha dicho el presidente en recientes declaraciones.

Si quiere participar en los comicios generales, tendrá que pedir licencia sin sueldo para hacer campaña, lo que implicará encargar la Presidencia a la vicepresidenta.

En tanto se analiza ese escenario, un vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Guarderas, impulsa una denuncia por presunta infracción electoral contra Abad y, desde otro lado, la canciller Gabriela Sommerfeld advirtió que la segunda mandataria ha incumplido sus funciones como embajadora.

Para Gabriel Hidalgo, la empresa de Lavinia Valbonesi y la ruptura con Abad son discusiones que se elevan en el «círculo rojo de la política» y a los que la ciudadanía en general no le presta interés por sus tecnicismos. (I)