Cuando Luis Verdesoto renunció a la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, el 23 de enero, entregó el reporte que analizó las denuncias de presuntas irregularidades en las empresas públicas y también dejó su informe de gestión, con un resumen de las actividades y proyectos realizados durante los ocho meses de existencia de la Secretaría.

Entre lo más destacado del informe de gestión consta que se elaboraron fichas de riesgo de corrupción en 30 entidades priorizadas de la Función Ejecutiva, con información presupuestaria, de contratación pública, código de ética, unidad de auditoría, planificación estratégica y cumplimiento de la Ley de Transparencia.

Esto forma parte del Mapeo y Mitigación de Riesgos Institucionales de Corrupción (Mamric), que es una metodología de la entidad para la gestión de riesgos de corrupción.

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De las treinta entidades priorizadas del Ejecutivo, hasta diciembre del 2022 la Secretaría Anticorrupción ha podido implementar un plan piloto de la metodología Mamric únicamente en dos instituciones: en la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y en la Corporación Financiera Nacional (CFN).

Como parte del plan piloto, en la Acess se ha elaborado, entre otros elementos, una hoja de ruta; una matriz de priorización de áreas con posibilidad de riesgos de corrupción; aplicación, revisión y envío del mapa de valoración y riesgos de corrupción; informe preliminar de la aplicación metodología Mamric y sus tipologías en Acess.

Mientras, en la CFN se ha socializado la herramienta con las autoridades de entidad, se hizo un análisis manual crediticio y asociación con ficha de riesgos.

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Según el informe de gestión, para el 2023 está previsto entregar el informe final sobre el plan piloto en Acess con los principales hallazgos identificados. Además, se estima que este año se ejecute el esquema de la segunda aplicación de la metodología en la CFN y posterior implementación en el resto de entidades priorizadas del Ejecutivo.

La aplicación del mapeo y mitigación de riesgos se enmarca en el tercer eje del Plan de Acción 2022-2025 de la Estrategia Nacional Anticorrupción. Dicho eje consiste en la lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos para la sociedad.

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De acuerdo con el informe, en este apartado se construyen mecanismos de articulación interinstitucional de prevención de riesgos e implementación de metodologías para el autodiagnóstico, identificación y mitigación de contingencias institucionales de corrupción en sectores priorizados.

En ese sentido, los sectores priorizados por la Estrategia Nacional Anticorrupción son hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, salud, seguridad social y flujos financieros.

Otras actividades realizadas por la Secretaría entre mayo y diciembre del 2022 tienen que ver con la participación en foros nacionales e internacionales de prevención y combate a la corrupción, articulación con países, instituciones locales y organismos extranjeros, capacitación a funcionarios públicos, elaboración de informes, recepción y evaluación de denuncias sobre irregularidades.

Asimismo, resalta la conformación de la Instancia de Coordinación Internacional para la Prevención de la Corrupción, que está integrada por entidades estatales y de la sociedad civil. La instancia se ha reunido en dos ocasiones (en octubre y noviembre del 2022) y se prevé, según el informe de gestión, que haya un tercer encuentro el 3 de febrero, cuando la Secretaría Anticorrupción presentará una hoja de ruta para el año 2023.

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Se destaca, además, como proyecto en desarrollo a la aplicación de la Metodología de Elaboración de Tipologías de Riesgos Institucionales de Corrupción (Metric) en entidades de los sectores priorizados.

Para Luis Verdesoto, en entrevista con este Diario, los principales logros de su gestión fueron el diseño de cursos masivos anticorrupción, la presentación junto a los gobiernos de Holanda y Canadá de una visión general sobre la anticorrupción, el reconocimiento internacional que alcanzó la Secretaría, las metodologías y tipologías de riesgos de corrupción, el proyecto de Ley de Conflictos de Intereses, ordenamiento de la cooperación internacional anticorrupción. Y destacó la formación de la Instancia de Coordinación Institucional, en la que participan 25 instituciones públicas y de la sociedad civil. (I)