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Dudas rodean propuesta del Gobierno que busca destinar a planes de educación los recursos comisados en casos de narcotráfico y delincuencia organizada

El ministro Francisco Jiménez entregó a la CC dos preguntas de seguridad y una económica para obtener un pronunciamiento respecto a su constitucionalidad.

Quito, 31 de octubre de 2022. El ministro de Gobierno Francisco Jiménez entrega las últimas preguntas en torno a la Consulta Popular propuesta por el Gobierno de Guillermo Lasso. API/JUAN RUIZ CONDOR Foto: API

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Para el Gobierno es importante que los valores producto del comiso en procesos penales por delitos de lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otros relacionados con la delincuencia organizada sean destinados a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia; y, por ello, pretende incluir el tema en la consulta popular que impulsa el presidente Guillermo Lasso.

Al final del lunes último, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, llegó a la Corte Constitucional (CC) con un documento de 104 páginas en el que plantean dos preguntas relacionadas con seguridad y una económico-laboral para obtener un pronunciamiento respecto a su constitucionalidad. Actualmente, Lasso ya ha recibido el dictamen favorable de la CC a ocho preguntas que fueron entregadas en meses anteriores.

Directamente se pretende consultar a la población si está de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de delitos de lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia, reformando el artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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A su propuesta de referéndum, Guillermo Lasso le suma tres preguntas de consulta popular para revisión de la Corte Constitucional

Como frase introductoria a la pregunta se plantea que actualmente los bienes y valores comisados que proceden de delitos como lavado de activos, terrorismo y narcotráfico son propiedad del Estado y se gestionan de acuerdo con el presupuesto general del Estado que aprueba la Asamblea Nacional.

Dentro de los considerandos de la pregunta se explica que, como parte de una política integral de lucha contra el crimen organizado, se prevé que los valores comisados en procesos penales por delitos que atacan a toda la sociedad sean para beneficio de una de las actividades que permiten la prevención del crimen: la educación, prioritariamente de niños y adolescentes.

En principio, el constitucionalista Xavier Palacios no ve ningún inconveniente de fondo para que no se dé paso a la pregunta. Cree que es compatible con la Constitución, no menoscaba derechos, no los restringe, tampoco altera la estructura del Estado; pero aclara que se deberán analizar los anexos para saber cómo están configurados y así ver si la pregunta no es un tanto sugestiva, es decir, que induzca al electorado a decir que sí.

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Para los proponentes, esta consulta no es contraria a la Constitución ni al marco legal constituido al guardar concordancia con los principios garantizados en la Constitución, así como con los requisitos sobre la fundamentación necesaria para continuar con la consulta popular.

Como una pregunta de “adorno, cosmética y de bambalina”, como una consulta sin “ninguna trascendencia” es como califica el experto constitucionalista Rafael Oyarte a lo que plantea el Gobierno. Refiere que la pregunta es “aparentemente encomiable”, pues tiene la interrogante de qué sucederá si no se produce el comiso de bienes por A o B circunstancia.

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“Qué tal si el día de mañana se define que no se delinque y no hay comiso de bienes, o simplemente los procesos se extienden por años y no se logra el comiso: esos programas van a quedar desfinanciados. Así no se financian los programas de asistencia social. Además, la Constitución establece claramente que todo gasto permanente se tiene que financiar con ingreso permanente”, sostiene Oyarte, quien agrega que, al ser esta una “pregunta popular”, puede recibir el apoyo de la ciudadanía. Claro, dice, siempre y cuando la CC le deje al Gobierno hacerla.

El constitucionalista no entiende por qué el presidente Lasso, en lugar de consultar a la población, no decide mejor poner él directamente en la proforma presupuestaria los fondos necesarios para la asistencia en el área de educación para niñez y adolescencia. Esto es cuestión de voluntad política, piensa Oyarte, por lo que no ve sentido en que se haga este tipo de preguntas, menos aún si el propio presidente de la República tiene la fórmula.

Que lo comisado al narcotráfico o el crimen organizado en procesos penales sea destinado a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia suena muy bonito decírselo a la población, explica el jurista Francisco Endara. Lo complicado, apunta, es ejecutarlo si se toma en cuenta el sistema judicial que tiene el Ecuador.

Desde el punto de vista del penalista, en la práctica, judicialmente pueden existir ciertos problemas para concretar la finalidad de esta pregunta. Piensa que la propuesta no está tomando en cuenta esta visión y está cayendo en un populismo penal y social, pues todo el mundo va a decir que está bien que lo que se le retire a un narcotraficante o parte del crimen organizado vaya a obras, a educación, a la niñez y adolescencia.

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Entre las complicaciones en el plano judicial a las que se refiere Endara están no solo el tiempo que toman los procesos judiciales en el país, sino también las situaciones propias de las causas, es decir, casos que inicialmente tuvieron una sentencia en contra del procesado, al que se le ejecutaron los comisos, pero que en una instancia superior resulta que fue declarado inocente y se ordenó que se le devuelvan esos bienes y recursos.

Revise los anexos de las tres preguntas adicionales de la consulta popular presentadas por el Ejecutivo en la Corte Constitucional

Lo que sucedería en la práctica, indica Endara, es que se habrían invertido en el área pública recursos que aún no estaban asegurados, desfinanciando así el programa al que pretendía beneficiar.

Ciertos sectores en la Asamblea Nacional creen que esta pregunta, al igual que las otras dos de este último envío, pudieron haberse tramitado por la vía legislativa y no acudir a la constitucional. Según el constitucionalista André Benavides, el presidente Lasso podría presentar estas consultas como parte de un proyecto de ley, ya que las propuestas tienen que ver con reformas legales a cuerpos de ley vigentes.

Para Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, se podrían estar ahorrando esos recursos antes que gastarse en una consulta popular al hacer que los temas se traten directamente en el Parlamento; pero el ministro Jiménez, aunque acepta que sí pudo haberse dado de esa manera, tiene claro que esa vía toma más tiempo y además está más sujeta a negociaciones y conversaciones. (I)

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