Hacia las elecciones generales de febrero del 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está preparando sus sistemas tecnológicos para la publicación de los resultados oficiales, incluso ante un posible cambio en sus principales autoridades.

El calendario para el desarrollo de los comicios presidenciales, legislativos y de parlamentarios andinos del 9 de febrero del 2025 sigue corriendo, en tanto el CNE recibirá hasta el 29 de junio reclamos administrativos de representantes de partidos, movimientos políticos y de la ciudadanía al registro o padrón electoral que aglutina a 13′737.030 ecuatorianos habilitados para sufragar, de considerar que existe algún error.

Así también se extendió la invitación a organismos internacionales para que envíen a sus delegaciones para hacer observación electoral, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y otros más.

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Entre otras actividades, está la preparación del Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) que procesa las actas de escrutinio generadas en las juntas receptoras del voto (JRV) y que se divulga en las plataformas digitales públicas del Consejo.

Para estos comicios, el organismo requirió de un presupuesto de $ 91′707.668, de los que $ 10′234 millones se planifican para el fortalecimiento tecnológico.

Las áreas técnicas están haciendo «mejoras» en su ingeniería y planifica los contratos para la adquisición de equipos que permitan garantizar fluidez en la publicación de los resultados, «independientemente» de quién llegue a ocupar los despachos del CNE en una eventual renovación del pleno.

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Extraoficialmente se informó que en un mes se tendría lista la herramienta que servirá para la inscripción de los candidatos para las diferentes dignidades: Presidencia de la República, asambleístas y parlamentarios andinos, que va del 13 de septiembre al 2 de octubre.

Y en octubre se tendría listo el SIER, antes de que pueda ejecutarse la renovación de los cinco consejeros electorales.

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Las estadísticas oficiales detallan que en una elección presidencial, el interés ciudadano aumenta y se llega a generar hasta 80 millones de consultas de los resultados del conteo de los votos.

La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, confirmó que el presupuesto prevé un rubro para las seguridades informáticas, pues de ello «depende tener un sistema fuerte y garantizar transparencia».

Esto ocurre mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mantiene en un dilema al concurso público para la elección de los cinco vocales del Consejo Electoral, a cinco meses de que concluya el periodo de seis años para el que fueron designados Diana Atamaint, Enrique Pita, José Cabrera, Esthela Acero y Elena Nájera, además de los suplentes.

La primera renovación del Consejo Nacional Electoral debía realizarse en noviembre del 2021 de dos vocales principales y suplentes que, hasta la actualidad, sigue en espera. Luego, en noviembre del año en curso debe cambiarse a los tres restantes.

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El Consejo de Participación Ciudadana impulsó la idea de «unificar» los concursos y la Procuraduría General los respaldó a través de un criterio jurídico.

Este concurso de méritos, oposición e impugnación está a cargo de una comisión ciudadana —integrada por diez miembros— que no está sesionando, pues no hay quorum para instalarla por renuncias y ausencias; y, porque el CPCCS no define el mecanismo de selección de las nuevas autoridades.

Las comisiones están compuestas por cinco personas en representación de la ciudadanía (que fueron designadas por un concurso de méritos e impugnación) y otros cinco representantes del Ejecutivo, Legislativo, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social.

En la comisión se informó que están asistiendo por la ciudadanía John Silva (presidente), Ángel López y Carlos Amaya, también, Soledad Saltos (vicepresidenta - Función Electoral) y Xavier Velecela (Transparencia).

Recientemente renunció María José Murillo y el delegado del Gobierno nacional, Franklin Rojas, no ha asistido a varias de las reuniones, informaron autoridades de esta instancia; y falta que el CPCCS elija a los delegados de las funciones Legislativa y Judicial.

Sin embargo, el CPCCS no define el mecanismo para unificar los concursos, ya que hay 167 candidatos habilitados a los que se les calificaron sus méritos y les falta la rendición de un examen escrito y práctico y la impugnación ciudadana de conocerse actos que afecten la probidad notoria.

El 17 de mayo, el pleno dio un término de cinco días para que el área jurídica elabore un informe que dé esas alternativas y, desde entonces, no se volvió a tratar el tema. (I)