Consejo Nacional Electoral se adentra a una fase de definiciones: trazar el mapa de partidos y movimientos que correrán en las presidenciales del 2025

Mientras se cierra el proceso de consulta popular y referéndum 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) toma impulso para organizar las elecciones generales 2025 con una de las primeras actividades: esbozar el mapa de organizaciones políticas que correrán con sus candidatos con la presencia de nuevas banderas que se integrarán al registro nacional y otras que están riesgo de desaparecer.

En aproximadamente diez meses, los ecuatorianos volverán a las urnas, pero esta vez para elegir presidente y vicepresidente de la República, 158 asambleístas, además de parlamentarios andinos para el periodo 2025 – 2029.

El calendario electoral fijó al 9 de febrero de 2025 como la fecha en la que se producirán las votaciones y para organizarlas el Consejo previó un presupuesto de $ 91′707.668 que fue aprobado por sus cinco vocales el 5 de abril.

De este rubro, $ 33 millones son el ítem más alto y se destinará para el pago de personal con y sin relación de dependencia. En tanto, para la impresión de papeletas y documentos electorales, se estima un costo de $ 15′866.387.

Justamente, el tamaño de la papeleta presidencial estará sujeta al número de candidatos que se postulen, dependiendo de cuántos partidos y movimientos políticos estén calificados.

De acuerdo con el calendario, hasta este 14 de mayo los solicitantes de inscripción de organizaciones políticas pueden presentar firmas ciudadanas que respalden su existencia.

Según datos preliminares están en ese proceso 93 movimientos y partidos, de los que 42 son nacionales y provinciales y, 51 cantonales y parroquiales, a los que se verificará la validez de las rúbricas. Aquellas que completen el número determinado por la Constitución y el Código de la Democracia obtendrán su personería jurídica y, quedarán habilitadas para participar en procesos electorales futuros.

Cumplida esta actividad, el 14 de junio se cerrará el Registro Permanente de Organizaciones Políticas del CNE; es decir, hasta 90 días antes de la convocatoria a elecciones, que se haría según la planificación, el 11 de septiembre. No obstante, el 21 de julio, se conocerá el listado definitivo, cuando se certifique que no hay ningún recurso legal interpuesto por los sujetos políticos.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, precisó que en la víspera las áreas técnicas están concluyendo con la calificación de las nuevas agrupaciones y, simultáneamente, se definirá la situación de otras que enfrentan procesos legales en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Al 26 de marzo de 2024, se contabilizan 238 organizaciones; de las que, 85 pueden postular candidatos en los comicios presidenciales:

• Siete partidos
• Nueve movimientos nacionales
• 69 movimientos provinciales

A este número se sumarían nuevas banderas políticas de las 43 que están en periodo de constitución; pero, también el listado podría reducirse con aquellas que sean descalificadas o ratificadas por el Tribunal Contencioso.

En estos litigios están el Partido Sociedad Patriótica (PSP) lista 3; y los movimientos nacionales Construye lista 25 y el Movimiento Verde Ético, Revolucionario y Democrático (Mover) lista 35.

A la fecha, Construye y Mover están desaparecidas del mapa electoral, con base en decisiones judiciales de jueces de primera instancia. Empero, aún quedan recursos de apelación que usarán los actores políticos para pelear por su existencia.

Al movimiento Construye, liderado por la exministra María Paula Romo, se lo sancionó con la cancelación de su registro, lista 25, por no presentar el informe financiero económico del periodo fiscal 2022.

El juez electoral Ángel Torres Maldonado, sustanció una denuncia que presentó el CNE en la que los observó por incurrir en una infracción electoral relacionada con el financiamiento a la política estipulado en el artículo 281 del Código de la Democracia.

La máxima sanción fue la cancelación de la personería jurídica y, al representante legal, Iván González Vásconez, se le ordenó el pago de una multa y la suspensión de sus derechos políticos por dos años.

El grupo político prepara el recurso de apelación para conocimiento del pleno del Tribunal, que lo integran cinco jueces, y su decisión será de última y definitiva instancia y a la que solo se podrá interponer recursos horizontales de aclaración o ampliación.

Respecto de Mover, antes Alianza PAIS, enfrenta dos procesos: uno por presunta infracción electoral; y, la segunda, por no alcanzar el umbral de votos y dignidades electas para mantener su registro.

El CNE punteó que Mover incumplió con la presentación de su informe económico del año 2022 y pidió que se sancione con la cancelación de la personería jurídica, una multa y la suspensión de los derechos de participación del representante legal, René Espín.

El juez Guillermo Ortega Caicedo inadmitió la denuncia alegando que el Consejo confundió la motivación enmarcándola sobre el artículo 281 del Código, pese a que se trataría del incumplimiento de la exposición de las cuentas de campaña electoral.

El CNE apeló la providencia de Ortega y por disposición del pleno se la reabrió, al considerarse que el juez erró al señalar que la denuncia es relativa a las cuentas de campaña electoral, ya que se refiere -cita el auto de admisión- al financiamiento a la política y el gasto electoral.

Aunque esta causa está en trámite, un segundo proceso se refiere a que Mover no alcanzó el número de votos en dos elecciones pluripersonales consecutivas, pues tuvo un porcentaje inferior al 4 % previsto en la norma legal. Es decir, 2,934 % en las elecciones del 2021; y, 3.7952 % en las elecciones del 2023.

Situación similar se verifica en el porcentaje de alcaldías, cuyo parámetro es del 8 %, y Mover alcanzó el 1,8100 % y, en concejalías en al menos el 10 % de cantones del país, el resultado fue de 5,8824%, según consta en los reportes oficiales.

Pese a que el Consejo le otorgó diez días adicionales para que el movimiento se defienda, “no adjuntó ningún elemento de prueba que pueda desvirtuar” los resultados obtenidos en los comicios de 2021 y 2023, detalla el fallo.

De esa forma, Ortega constató que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 327 del Código, por lo que la consecuencia era la cancelación de su inscripción. El proceso se encuentra en apelación.

Respecto de Sociedad Patriótica, presidida por Lucio Gutiérrez, compareció ante el TCE con un recurso contencioso subjetivo, luego que el Consejo lo sancionó con la suspensión del registro nacional por doce meses al omitir la entrega de sus informes económicos financieros.

El caso se refiere a un aparente mal manejo de recursos de una llamada ‘caja transitoria’, por el cual, el juez Fernando Muñoz, esgrimió en su providencia, que el PSP “ha sido víctima de un delito de abuso de confianza perpetrado por su responsable del manejo económico; quien es deudor conforme consta de la determinación de responsabilidad civil establecida por la Contraloría General”.

Muñoz derogó la resolución de suspensión por un año y, de inmediato, el CNE apeló, por lo que el pleno resolverá finalmente este caso.

Lo que es seguro es que el Consejo Electoral se prepara para resolver sobre la inscripción de nuevos partidos y movimientos, como Acción Democrática Nacional (ADN), una propuesta de movimiento nacional fundada por el actual presidente de la República, Daniel Noboa Azín.

Los promotores completaron las 200.000 firmas ciudadanas que requerían para inscribir a ADN, por lo que en los próximos días el CNE conocería el informe que sugerirá inscribirlo.

Daniel Noboa -que no tiene una organización política propia- llegó a Carondelet cobijado por una alianza electoral entre los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) lista 4 y Mover, a la que se llamó ADN, que es la que hoy promueve.

En ese sentido, Diana Atamaint manifestó que lo imprevisto de las elecciones presidenciales anticipadas del 2023, producto de la disolución de la Asamblea Nacional, promovieron la formación de alianzas, con una peculiaridad.

“La formación de alianzas electorales tiene efectos positivos para las organizaciones políticas. Sin embargo, en las elecciones nacionales anticipadas, muchas mujeres candidatas y otros candidatos no fueron escogidos de sus filas”. Es decir, no salieron de sus bases y muchos fueron invitados.

Ejemplificó, que de los ocho binomios presidenciales que se postularon en las últimas elecciones de agosto del 2023, solo uno provenía de las filas de su agrupación y los demás fueron invitados.

La referencia es al exbinomio de Luisa González y Andrés Arauz, que son militantes activos del movimiento correísta, Revolución Ciudadana (RC).

A esto hay una particularidad en la preparación de los comicios nacionales, añadió Atamaint, en esta ocasión las organizaciones políticas tendrán que incorporar obligatoriamente el 50 % de mujeres como cabeza de las listas de candidatos, el 25 % de jóvenes y, el binomio presidencial tendrá que cumplir el criterio de género: hombre - mujer o mujer - hombre. (I)