Salud, educación, desnutrición infantil y violencia de género, ejes sociales que requerirán la atención urgente del nuevo Gobierno

Acceso a salud y educación pública, combatir la desnutrición infantil y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes figuran entre los principales problemas sociales que aquejan al Ecuador y que deberá enfrentar el nuevo Gobierno que se instale a finales de diciembre.

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Con la disolución de la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023, se convocó a elecciones anticipadas legislativas y presidenciales, cuya segunda vuelta para la definición de presidente y vicepresidente de la República se realizarán este domingo, 15 de octubre. Será una administración corta, de unos 17 meses, para completar el periodo que dejará Guillermo Lasso.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en Ecuador 244.000 niños y adolescentes no son parte del sistema educativo.

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), considera que el Ministerio de Educación «se jaló el año», pues no hubo voluntad política para dar solución a los problemas, como la deserción escolar.

Ejemplificó que la Ley de Educación Intercultural debió empezar a aplicarse con la renovación de contenidos educativos por el desarrollo de la tecnología en cuanto a acoso y violencia en las aulas; así como para fomentar la etnoeducación. Pero eso no ha ocurrido.

«La ministra de Educación (María Brown) se ha jalado el año en materia educativa y se ha vendido humo. Un tema central es el abandono de las aulas de unos 150.000 niños y adolescentes en los últimos cinco años, pues solo en Esmeraldas, que vive un estado de violencia, 28.000 niños han dejado las escuelas», comentó.

La causa principal la atribuye a la falta de recursos y empleo que se extiende a la educación superior que, citando a la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), un «13 % de estudiantes desertó por la falta de dinero».

Otra política pendiente de aplicarse -dijo Quishpe- es el escalafón para docentes que tienen 25 años de servicio y la equiparación salarial que, pese a que fue decisión de la Corte Constitucional, no se categorizó a más de 30.000 docentes.

La agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Ecuador publicó en marzo pasado el Reporte Anual 2022, en el que observó que uno de los desafíos es la atención en salud y la nutrición.

De acuerdo con sus estimaciones, en el país 2,4 millones de personas están en situación de inseguridad alimentaria severa que se ahondaron con el impacto de la pandemia del COVID-19.

Este problema incide esencialmente en los niños y adolescentes en quienes la desnutrición crónica fue de 23 %, siendo la segunda tasa más alta de la región latinoamericana.

El Plan Decenal de Salud 2022-2025 que planteó el Ministerio de Salud en la gestión de Lasso se propuso reducir en seis puntos la desnutrición crónica infantil en menores de dos años y diez puntos en menores de 2 años de la población indígena con relación al promedio nacional.

El pasado 5 de septiembre, el jefe de Estado anunció que redujo en un 3,5 % la desnutrición infantil. Este porcentaje se encontraba en el 23,6 % en menores de 2 años y la habría reducido al 20,1%.

En contraposición, cifras de la Unicef refieren que hay un 27 % de niños que sufren desnutrición crónica.

En mortalidad materna, se registra una razón de 43,5 por cada 100.000 nacidos vivos, recoge la ONU en su informe, en una sociedad en la que cada día cinco niñas menores de 15 años y 108 adolescentes entre 15 y 19 años son madres.

A propósito de la atención a las mujeres, niñas y adolescentes, se hereda un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con pendientes.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, espera que el Gobierno que asuma no abone en la regresividad de derechos. «Esperemos que el próximo Gobierno no nos haga daño, porque en 17 meses probablemente no se haga nada. Pero, si va a hacer algo, que no sea en regresividad de los derechos», reflexionó.

A este ministerio se le asignó un presupuesto de $ 17,5 millones, de los que ha invertido $ 10′487.029: $ 7′914.866 en gasto corriente y $ 2′572.163 con inversión interna y externa, según datos públicos.

Para Gómez esa secretaría de Estado no avanzó en políticas para contrarrestar la violencia contra la mujer y la aplicación de leyes, como la relacionada con la despenalización del aborto en casos de violación.

«En trabajo para las mujeres no deja nada. Las mujeres no le debemos nada a este Gobierno. Aunque ni este ni ninguno han aportado. En prevención de la violencia no se ha hecho nada, porque se debió ejecutar el Plan nacional de erradicación de la violencia contra la mujer y para eso debió fortalecer el ministerio», cuestionó Gómez y recordó que en lo que va el 2023 hubo 278 femicidios. (I)