Feministas aducen pacto político frente al veto parcial al proyecto de ley de aborto por violación y grupos provida insistirán en anular sentencia

El plazo para que el Legislativo trate el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo en caso de violación vence este viernes, 15 de abril, y de no haber un pronunciamiento del Parlamento, el texto de la objeción parcial emitido por el Ejecutivo al proyecto entraría en vigencia por el ministerio de la ley. Esto ha ocasionado inconformidad y reacciones diversas en grupos provida y colectivos feministas.

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Con el texto del veto, que entrará en vigencia el 16 de abril cuando se verifique cuál ha sido el pronunciamiento de la Asamblea Nacional, dado que solo puede allanarse o ratificarse en el texto original, se establecerá que en Ecuador una niña, una adolescente y mujer podrá acceder al aborto por violación hasta las 12 semanas de gestación, previo a la presentación de un denuncia ante la Fiscalía o declaración juramentada. Y en el país el aborto en caso de violación no será considerado un derecho sino una excepción, según lo sugerido por el presidente Guillermo Lasso.

Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, comenta que lo ocurrido con el proyecto era algo previsible y que se lo esperaban desde que la Corte Constitucional emitió una sentencia en la que envió a hacer una ley sin los parámetros claros y a discreción de la Asamblea Nacional.

“Que la Corte haya despenalizado el aborto, en caso de violación, ya es un enorme paso, pero simbólico, porque operativo no va a ser, fue la misma Corte la que permitió con su sentencia que pase esto”, apunta y dice que en el Legislativo ni siquiera se permitió dar la oportunidad de saber si podían lograr los 92 votos para la ratificación del texto original.

La sesión convocada a las 18:00, del jueves 14 de abril, duró 30 minutos. La moción planteada por la legisladora Pierina Correa (UNES) para allanarse a las objeciones del Ejecutivo obtuvo apenas 17 votos a favor, 73 en contra, 40 abstenciones y 7 asambleístas no acudieron. Inmediatamente, la presidenta Guadalupe Llori suspendió la sesión en medio de reclamos de la bancada de Izquierda Democrática para que se considere la moción de ratificación planteada por el legislador Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia. Los demás bloques guardaron silencio y abandonaron el pleno.

Gómez dice que lo ocurrido sería muestra de “un contubernio que tiene Llori con el presidente Lasso”.

“Llori hizo uso del poder de una manera dolosa... antitécnica, antigénero y antimujeres, dio muestras del desprecio que tiene con las mujeres de su país, no le podemos pedir que tenga simpatía por los temas que defienden los derechos de la clase de mujeres populares, que supuestamente ella representa”, apunta y menciona que ahora la expectativa se centra en el reglamento, que debe ser emitido por el Ejecutivo.

“El reglamento va a terminar un trabajo, que es blindar con lo que el Ministerio de Salud tenga que hacer para impedir el acceso de las mujeres y niñas al acceso al aborto por violación, esto no ha terminado y es potestad del Ejecutivo y será la cereza del pastel”, dice.

Estefanía Chávez, abogada litigante de la organización Surkuna, rechaza lo ocurrido en la Asamblea Nacional y concuerda con Gómez en que sería muestra de un pacto a favor del presidente y considera que el veto del Ejecutivo impone restricciones y deja por fuera a muchas sobrevivientes de violencia sexual.

Para la jurista, el proyecto debatido en la Asamblea era “modesto” ya que si contenía aspectos positivos que venían desde los planteamientos que la sociedad civil había realizado para “nutrirse de una realidad más amplia”.

“El veto se modifica en el 97 %, es prácticamente un nuevo proyecto y es un claro ejercicio antidemocrático que pondera las creencias personales del presidente, dejó por fuera todo lo que se había ganado en un debate amplio con la Asamblea”, dice y opina que trastocó el proyecto que estaba discutido a base de aportes científicos y desde muchas ramas.

Chávez menciona que seguirán buscando activar todas las vías constitucionales en contra de la norma, pidiendo que la CC revise su constitucionalidad. Gómez lo ratifica y cuenta que ante este escenario previsible ya varias organizaciones de mujeres, entre ellas la fundación que lidera, desde hace más de tres semanas se reunieron y han trabajado para generar una demanda de inconstitucionalidad o poner medidas cautelares, aunque reconoce que no tienen mucha esperanza ni confianza en que obtengan resultados.

De lado de los grupos en contra del aborto, Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de Familia Ecuador, manifiesta que se debe tomar en cuenta que todo lo que ha salido de manos del presidente ha sigo bloqueado en la Asamblea y que el veto al aborto por violación no fue la excepción, pero que no pudieron y menciona que tomarán las acciones jurídicas no solo contra la eventual nueva ley si no contra la sentencia de la CC.

“Mañana entra este proyecto por el ministerio de la ley y tendremos ya la primera ley abortista en Ecuador”, indica.

Villafuerte dice que ahora van a trabajar en bloquear la idea de que el aborto sea considerado una opción y seguir fortaleciendo trabajos que vienen haciendo desde hace años para salvar las dos vidas y la prevención de la violencia intrafamiliar y embarazos adolescentes, mayormente en la ruralidad.

Por su parte, el pastor Francisco Loor Mendoza, miembro del colectivo Consejo de Resistencia Fe, Vida y Familia, subraya que el problema radica en la despenalización que hizo la CC al aborto en casos de violación y que va en contra de la Constitución.

Refiere que no comparten lo que establece el veto, porque siempre buscarán la defensa de la vida desde el momento de la concepción, pero que comprenden que eran necesarias la restricciones y regulaciones “para impedir que haya abusos y manipulaciones de parte de quienes desean impulsar el aborto” a raíz de la sentencia.

Loor resalta los aspectos como la existencia de una denuncia para realizar el proceso y la objeción de conciencia, para respetar los principios de los profesionales, aunque destaca que seguirán en el futuro viendo “con qué mecanismos legales pueden echar abajo la sentencia”.

“Debemos seguir luchando para que esta sentencia de la Corte sea revocada en otra Corte Constitucional, más adelante o a través de una consulta popular”, subraya. (I)