El 23 de febrero se cumplió un mes de la renuncia de Luis Verdesoto como titular de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, luego de dejar un informe con siete hipótesis que alertan sobre mecanismos en la estructura de las empresas públicas que darían espacio a posibles irregularidades.

Dejó el cargo voluntariamente el 23 de enero, luego de ocho meses en funciones. Entregó su renuncia al presidente Guillermo Lasso durante la reunión en la que presentó el informe en el que se advierten riesgos por el alto poder de decisión concentrado en la figura del presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El contenido del documento no agradó al primer mandatario, a tal punto de decirle a Verdesoto que lo había traicionado.

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La versión de Carondelet, al día siguiente de la salida del exfuncionario fue que se aceptó su renuncia “por falta de resultados concretos.

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Desde entonces el Gobierno no ha designado a un nuevo secretario Anticorrupción. El presidente Lasso no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema, al menos no públicamente.

Mientras, el polémico informe elaborado por Verdesoto es uno de los principales insumos con los que cuenta la comisión ocasional de la Asamblea Nacional dentro de la investigación del denominado caso El Gran Padrino, que está relacionado con la indagación previa que lleva adelante la Fiscalía en el caso Encuentro.

Este Diario consultó a la Secretaría, el 22 de febrero, quién está a cargo de la institución, de forma definitiva o por encargo, pero hasta la publicación de esta nota no hubo una respuesta. En el portal de decretos presidenciales tampoco consta un decreto ejecutivo con el nombramiento del reemplazo de Verdesoto.

Analistas consultados coincidieron en que la lucha contra la corrupción, expresada constantemente por el presidente, que inclusive fue lema de su campaña electoral, ha quedado en una idea que no aterriza en una verdadera política pública anticorrupción con resultados que sean evidentes.

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“Guillermo Lasso dijo, permanente, que venía a dar una práctica distinta de lo que era ejercer el poder, pero vemos más de lo mismo”, criticó Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FDC).

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Crear desde el Ejecutivo una Secretaría Anticorrupción resultó un fracaso en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Y ahora vuelve a fracasar en la administración de Lasso, comentó Alarcón.

Ante la coyuntura política que rodea al Gobierno con investigaciones en la Fiscalía y la Asamblea Nacional, y por la baja aprobación popular que tiene la gestión de Guillermo Lasso, sería oportuno que Carondelet cambie el enfoque, anotó el director de FDC.

Desde la fundación se propone eliminar la Secretaría Anticorrupción por una Dirección General de Integridad y Ética Pública que promueva buenas prácticas en las instituciones, acceso a la información y transparencia.

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Al salir de la función pública, Luis Verdesoto también presentó un informe con un resumen de los logros alcanzados desde que asumió el cargo el 3 de mayo de 2022.

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De ahí se desprende que durante su gestión se recibieron al menos 40 denuncias de presuntas irregularidades en diferentes instituciones públicas, que fueron procesadas y canalizadas a los órganos competentes.

Además, se elaboraron fichas sobre riesgos de corrupción en 30 entidades priorizadas de la Función Ejecutiva, pero solo en dos se pudo implementar un plan piloto con una metodología de mapeo y mitigación de riesgos de corrupción.

En la consulta que este Diario hizo a la secretaría también se preguntó sobre el avance del plan piloto y si se lo ha aplicado en otras entidades. Sin embargo, no proporcionó información.

Tampoco respondió a la inquietud de si se continúa trabajando sobre el informe de las denuncias en las empresas públicas o si se cambió la línea de investigación.

El 3 de mayo de 2022, el presidente Guillermo Lasso suscribió el Decreto Ejecutivo 412 para la creación de la Secretaría de Política Pública Anticorrupción y se designó a Luis Verdesoto como su titular. Foto: Cortesía Presidencia.

Una de las recomendaciones que dejó Luis Verdesoto fue analizar los audios de las reuniones del directorio de EMCO, con el fin de conocer cómo se votó para tomar las decisiones que afectaron a las empresas públicas.

Dos días después de haber renunciado, el exsecretario aseguró en una entrevista con EL UNIVERSO que los audios ya habían llegado a la secretaría y quedaba en manos de los funcionarios explorar su contenido.

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Lo acontecido deja ver que institucionalmente la secretaría no tiene un rol trascendental dentro de las estrategias gubernamentales, reflexionó el abogado Esteban Ron Castro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEK.

Anotó que si bien una de las atribuciones de la entidad es diseñar políticas públicas anticorrupción e implementar prácticas anticorrupción, a través de normas técnicas, no se observa que sea una prioridad para el Gobierno.

“Es una secretaría que lamentablemente no está cumpliendo con los estándares de eficacia y efectividad. La secretaría tiene un proceso de prevención más que de actuación”, explicó el experto, quien además señaló que hay competencias cruzadas con otras instituciones como son la Contraloría y la Fiscalía.

A criterio de Ron es probable que el Gobierno aún no haya nombrado a un nuevo secretario Anticorrupción para no abrirse un nuevo frente político que sea blanco de críticas, mientras se mantiene la controversia por las investigaciones de la Fiscalía y la Asamblea.

Para generar política pública de prevención de la corrupción lo que se requiere es crear departamentos especializados en todas las instituciones, recomendó el decano.

El 13 de julio de 2022, el presidente de la República presentó la Estrategia Nacional Anticorrupción, con nueve objetivos a cumplir hasta finalizar su mandato.

Entonces se anunció la creación de “grupos de tarea” que estarían integrados por cuatro personas: un delegado del Gobierno y tres consultores internacionales.

En ese evento, Lasso dijo que prefería el calificativo de que no tiene experiencia política, que no sabe construir gobernabilidad, porque no había entregado a sus adversarios políticos el manejo de hospitales, empresas eléctricas, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio de Rentas Internas (SRI), ni las aduanas. “Y no lo vamos a entregar”, prometió. Aseguró que en su gobierno no hay “ni hombres ni mujeres del maletín”. (I)