Iglesia propuso un nuevo cronograma para las mesas de diálogo entre el Gobierno e indígenas

Al cumplirse un mes del inicio de las mesas de diálogo entre el Gobierno e indígenas, que arrancaron el 13 de julio, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), como mediadora del proceso, propuso un nuevo cronograma para avanzar con las siete mesas que están pendientes por tratar.

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La Iglesia católica, a través de un comunicado, dio a conocer el calendario que ha sido consensuado con las partes:

La Iglesia recordó que las mesas técnicas empezaron con la instalación de las mesas de Focalización de subsidios a los combustibles (mesa 1) y con la de Banca pública y privada (mesa 2); posteriormente se avanzó con la mesa 7 de Control de precios.

De esos tres espacios, hasta el momento se han concretado acuerdos en la mesa de Banca pública y privada. Mientras, continúa el trabajo en la mesa 1 y de la mesa 7 se espera retomar las conversaciones en las próximas semanas –de esta no hay una fecha definida en el cronograma propuesto–.

La Conferencia Episcopal hizo un llamado a las organizaciones indígenas y al Gobierno nacional “a no dejar que ningún cálculo político o interés particular los aleje del camino del diálogo, único camino para salvaguardar el país de la inacción, del caos o de la violencia”, dice el comunicado suscrito por los monseñores Luis Cabrera, presidente de la CEE; Alfredo Espinoza, vicepresidente de la CEE; y, David de la Torre, secretario general.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, comentó que los temas deben analizarse con claridad, transparencia y buena fe. “Estoy seguro de que llegaremos a acuerdos”, puntualizó.

Las mesas técnicas empezaron luego de los 18 días de paro nacional, que finalizaron el 30 de junio. En estos espacios participan representantes del Ejecutivo que intercambian y debaten propuestas con voceros de la Conaie, Feine y Fenocin sobre las demandas que impulsaron los indígenas durante las movilizaciones.

Las tres organizaciones sociales han expresado su descontento por una aparente “falta de voluntad política” del Gobierno para resolver los temas. (I)