Impugnaciones a cuatro postulantes a ser contralor del Estado, a revisión de la comisión ciudadana

La comisión ciudadana encargada de llevar a cabo el concurso para la elección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado deberá resolver la calificación de cinco impugnaciones ciudadanas y la continuidad de un concursante que no asistió a la audiencia pública para sustanciar este recurso.

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Cuatro candidatos a ser contralor del Estado irán a audiencias públicas para defenderse de impugnaciones ciudadanas

En el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana que organiza una comisión ciudadana, se presentaron cinco impugnaciones en contra de 4 de los 103 aspirantes a ocupar el cargo de contralor general del Estado.

Cuatro de ellas se sustanciaron en audiencias públicas que se instalaron el viernes, 28 de julio, y una adicional que se desarrolló este lunes, 31 de julio.

A esta última no asistió el impugnado Fernando Polo Elmir, por lo que los miembros de la comisión resolverán si continúa o no en el proceso.

El viernes anterior, Polo sí asistió a comparecer a esta impugnación planteada por el ciudadano Hólger Giler Macías, que lo increpó por reportar responsabilidad administrativa fijada por la Contraloría.

Sin embargo, ese día se presentaron problemas técnicos debido a que no hubo señal de internet del proveedor, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), lo que impedía la transmisión del acto en tiempo real a través del canal de YouTube del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la conexión a la plataforma Zoom.

Cuando el servicio se restauró, la comisión ciudadana decidió no instalar la audiencia de las 10:15, a la que estuvo convocado Polo, porque estaba fuera del horario planificado.

Polo pidió que se lo escuche, pues se encontraba en el sitio, pero el presidente de la comisión, Marco Chalco, negó el pedido y convocó a la audiencia para este lunes a las 09:00.

Este 31 de julio, Polo no asistió, pero se escuchó al impugnante, Hólger Giler, quien insistió en su pedido de que el postulante sea descalificado porque registraría indicios de responsabilidad administrativa.

El reglamento para la elección de esta autoridad establece en su artículo 30 que en el caso de la inasistencia del impugnante o «en el evento de no asistir las dos partes (impugnado e impugnante), se archivará la impugnación de pleno derecho. Si la inasistencia es de la parte impugnada, la parte impugnante tendrá derecho a ser escuchada en la audiencia».

La norma no precisa cuál será el procedimiento cuando el postulante no acuda a defenderse de la objeción.

En las próximas horas, los diez miembros de la comisión ciudadana prevén reunirse y resolver el caso de Polo y el de otros tres participantes que fueron impugnados. Entre ellos:

Franklin Zambrano Loor, que reporta indicios de responsabilidad administrativa; Luis Arcentales Astudillo, con certificado de indicios de responsabilidad penal; y, Juan Falconí Puig, contra quien se sustanciaron dos impugnaciones, en las que se alega que tendría indicios de responsabilidad penal.

La comisión ciudadana tendrá un término de dos días para emitir su resolución motivada sobre estas objeciones y las partes pueden apelar a sus decisiones, pero ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

De acuerdo con la normativa, el departamento jurídico del Consejo tendrá tres días término para elaborar un informe no vinculante para que los consejeros se pronuncien.

En el escenario de que se acepten una o más impugnaciones, los concursantes serán descalificados y no continuarán en el concurso público.

A propósito de la sustanciación de estas audiencias públicas, el 28 de julio, la plataforma YouTube retiró el video de la transmisión en vivo que realizó el Consejo de Participación Ciudadana, al considerar que su contenido podría ser ofensivo.

«Este video se ha retirado porque infringía la política de YouTube sobre hostigamiento y acoso», informa la red social internacional, cuando se intenta acceder a la transmisión que realizó el CPCCS.

Ese día uno de los postulantes, Juan Falconí Puig se defendió de dos impugnaciones presentadas por los ciudadanos Hólger Giler y Édison Almeida Granda, quienes alegaron una presunta falta de idoneidad para participar en el concurso, porque registraría un certificado de indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría.

Falconí aseguró que no hay reporte en el organismo de control sobre esa acusación y como prueba presentó certificaciones que lo confirmarían.

En el debate se refirió a sus impugnantes como «pobres».

En un comunicado oficial, el CPCCS explicó que desde las 20:00 del viernes 28 de julio, el video completo de la transmisión en tiempo real de las audiencias públicas de impugnación fueron «bajadas» por la plataforma YouTube al «considerar que contenía material ofensivo».

Se indicó que el video quedó grabado en sus archivos y que estará disponible para las personas que lo soliciten, a través de un pedido formal que se realice a la institución. (I)