Cuatro participantes del concurso público para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado deberán defenderse de impugnaciones planteadas por la ciudadanía, en audiencias públicas que se realizarán este viernes, 28 de julio.

Con seis votos de los diez miembros de la comisión ciudadana, encargada de llevar a cabo el concurso, se aprobó este 24 de julio, instalar cinco audiencias públicas para sustanciar impugnaciones propuestas en contra de cuatro postulantes que registrarían indicios de responsabilidad penal o administrativa determinadas por la misma Contraloría. Entre estos están, según lo resuelto por la comisión:

  1. Franklin Zambrano Loor: registraría indicios de responsabilidad administrativa
  2. Fernando Polo: registraría indicios de responsabilidad administrativa
  3. Luis Arcentales Astudillo: registraría indicios de responsabilidad penal
  4. Juan Falconí Puig, contra quien se aprobaron dos impugnaciones, en las que se alega que tendría indicios de responsabilidad penal.

La aprobación de estas impugnaciones ciudadanas fue la «manzana de la discordia» en la comisión ciudadana, como lo calificó el presidente Marco Chalco, por la diferencia de criterios que hubo entre los cinco representantes de la ciudadanía y cuatro delegados de las funciones del Estado.

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Al 17 de julio, hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se presentaron 67 impugnaciones ciudadanas en contra de decenas de los 103 concursantes, que fueron admitidos en la primera etapa de verificación de requisitos.

Fueron 21 personas de Pichincha y Guayas los que presentaron objeciones en contra de los postulantes. Algunas de ellos, presentaron objeciones colectivas a 79 candidatos; otros a 72, a 55, a 58, a 56, a 95, a 22, a 11, entre otras más.

Pero, se resolvió archivar 66 impugnaciones, porque a criterio de los comisionados de la mayoría, incumplieron con requisitos de forma, como la presentación de la papeleta de votación o que los documentos probatorios estaban en copias simples y no certificados.

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Esto se aprobó con los votos de: Marco Chalco, Melisa Cabrera, Carmen Atupaña, Lenin Uquillas, Janeth Ojeda y Nary Galarza, que participa como delegada de la Asamblea Nacional, cuyo pleno de legisladores fue disuelto el 17 de mayo pasado.

En contra votaron los comisionados de las funciones del Estado: Maribel Baldeón (Electoral), Eugenia García (Judicial), Raúl Guaña (de Transparencia y Control Social) y Jhossueth Almeida (Ejecutiva).

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El presidente de este cuerpo colegiado, Marco Chalco propuso rechazar y archivar 66 impugnaciones ciudadanas, entre ellas, las colectivas, que sostenían que decenas de los candidatos a ser contralor incurrieron en el incumplimiento de requisitos y parámetros establecidos en el reglamento como la presentación de la declaración juramentada.

Según Chalco, no podía darse paso a esos cuestionamientos, pues la misma comisión decidió admitir a 103 personas, entre ellas, a los que incumplieron con la presentación de la declaración juramentada.

Por ello, su moción inicial argumentaba el archivo de las impugnaciones con el siguiente texto: «El hecho de no presentar una declaración juramentada de probidad e idoneidad o un certificado expedido por la institución pública, no es un incumplimiento de requisito legal alguno, ya que los requisitos para la postulación se encuentran establecidos en el artículo 15 del reglamento. Tampoco es algo que determine la probidad del postulante y menos aún, un hecho generador que verifique el estar incurso en una prohibición e inhabilidad, esto fue verificado por la comisión ciudadana llegando a la conclusión que los postulantes que fueron admitidos a la siguiente etapa del concurso y no presentaron declaración juramentada, así como los que omitieron presentar certificados, no estaban incursos en ninguna prohibición e inhabilidad, cumplían los requisitos y por tanto, bajo el principio de buena fe establecido en el artículo 17 del Código Orgánico Administrativo eran probos y tenían el derecho de postular (…)».

Sin embargo, el comisionado Lenin Uquillas pidió que se retire ese texto y se detalle simplemente que las impugnaciones se inadmiten porque no cumplen con el artículo 27 del reglamento de selección de esta autoridad.

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Con el voto de los seis comisionados se aprobó esa resolución.

En tanto, dar paso a las cinco impugnaciones en contra de cuatro postulantes, se aprobó en dos mociones diferentes.

La primera resolución la propuso la comisionada Carmen Atupaña, que pidió aceptar la impugnación de un ciudadano identificado como Edison Almeida en contra de Juan Falconí Puig, quien fue exsuperintendente de Bancos en el 2000 y diplomático en el 2013.

Según se leyó en la comisión, Almeida argumenta que la Contraloría General había emitido una certificación con indicios de responsabilidad penal en contra de Falconí.

La resolución se aprobó con seis votos y la audiencia pública para que las partes presenten sus pruebas de cargo y descargo, se realizará el 28 de julio a las 14:00.

Luego, el comisionado Lenin Uquillas mocionó que se acepte parcialmente una impugnación colectiva que hizo Holver Giler, en contra de 56 concursantes.

De los 56 postulantes objetados por Giler, se aceptó dar trámite a aquellas planteadas en contra de Franklin Zambrano Loor, porque la Contraloría habría extendido certificaciones con indicios de responsabilidad administrativa.

Otra, en contra de Fernando Polo, porque tendría certificado de indicios de responsabilidad administrativa. También, en contra de Luis Arcentales, que tendría certificado con indicios de responsabilidad penal.

La última impugnación es en contra de Juan Falconí Puig, también por una certificación con presunto indicio de responsabilidad penal.

Las audiencias en contra de estos cuatro postulantes se realizarán desde las 09:00 hasta las 14:00, de este viernes.

Los cuatro comisionados de las funciones del Estado pusieron sus reparos a que se desestimen las objeciones por cuestiones de forma, como por la presentación del certificado de votación. Ejemplificaron que tres de los impugnantes tenían voto facultativo porque eran mayores de 65 años, por lo que no tenían la obligación de presentar ese documento.

Expresaron su asombro de que la impugnación propuesta por Edison Almeida, en contra de Falconí, sea aceptada, pues en los análisis previos de los comisionados se habría observado que los documentos probatorios no eran certificados originales. Esto, tomando en cuenta que fue un requisito que se observó para desestimar varias de las 66 impugnaciones.

Marco Chalco les increpó que la no presentación de la declaración juramentada la subsanó la misma comisión en la fase de admisibilidad, que se sustanció en diciembre del 2022, cuando después de un «feriado de Navidad» algunos de los comisionados habrían regresado a laborar con una opinión diferente.

«Estoy haciendo valer el trabajo de la comisión ciudadana», les reprochó Chalco, quien ironizó a sus colegas que dejen «Carondelet».

Asimismo, el comisionado expresó su molestia porque, a su criterio, algunas de las impugnaciones que provinieron de la provincia del Guayas habrían tenido como objeto obstaculizar el desarrollo del concurso público.

Jhossueth Almeida lamentó que se haya adelantado un criterio sin escuchar las alegaciones de los impugnantes y que se pida el cumplimiento del certificado de votación, cuando existe la Ley de Optimización de Trámites Personales que subsanaría ese requisito.

«Este requisito es formal, pero se lo está generalizando. Hay impugnaciones que no requieren un documento probatorio. La decisión es demasiado formalista y tiene la intención de eliminar las impugnaciones, con un criterio que no debería aplicarse. (…) Es algo irresponsable, deshonesto y anticipado, que se diga que se ponen impugnaciones para distraer y entorpecer el concurso. No creo que merecen ese calificativo. Deben ser tratadas a fondo y debió darse con transparencia el proceso», acotó Almeida.

Exigió «respeto» a Chalco tras insinuar que debe dejar «Carondelet». Está usando «términos inadecuados», como que «regresamos de un ‘feriado de navidad’… y menos que deje Carondelet. No le puedo permitir a usted esas afirmaciones, es una gran falta de respeto, es una insinuación grave», refutó Almeida.

La comisionada Baldeón recordó que es delegada ante la comisión por resolución de la función Electoral y que ha sido responsable con su trabajo.

«A nosotros no nos pagan los fines de semana, pero nos conectamos a las reuniones virtuales porque a los comisionados ciudadanos se les paga dietas... Nosotros no estamos retardando el concurso. Estoy pidiendo la aplicación del reglamento, no estoy vulnerando los derechos de nadie», precisó Baldeón y preguntó: «¿qué va a pasar mañana si llega una persona (a ser contralor) que no presentó su declaración juramentada?».

Baldeón expresó su rechazo a estas «mañoserías que se están haciendo en la comisión», al igual que la comisionada Eugenia García, quien se mostró indignada y afirmó que no se prestaría para «sus juegos».

«Me saco el sombrero ante los comisionados (de la mayoría)... Se está dando un tratamiento especial» a las impugnaciones, dijo y, cuestionó el «miedo que tienen; o, a quién tratan de cubrir para que siga en el concurso» al no querer escuchar las impugnaciones ciudadanas.

El vicepresidente de la comisión, Raúl Guaña, concluyó que con la aprobación de esas tres resoluciones «todo queda evidenciado. Había diez impugnaciones (que irían a ser admitidas a trámite) y queda una. Qué conveniente», reclamó.

Guaña también presentó una moción para dar paso a diez impugnaciones ciudadanas colectivas e indiviuales, pero solo tuvo el voto de sus colegas Baldeón, García, Almeida y de él, por lo que no fue aprobada. (I)