Jorge Glas enfrenta audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en reconstrucción de Manabí

Dos denuncias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado fueron la base con la que la Fiscalía General del Estado arrancó una investigación previa sobre hechos relacionados con el abuso de dineros públicos utilizando fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 2016, que afectó principalmente a zonas de la costa ecuatoriana.

Poco más de cuatro años después, la fiscal general Diana Salazar ha asegurado que cuenta con los elementos de convicción necesarios para formular cargos por el delito de peculado contra el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue presidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí; y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico.

Para Salazar, la información recabada revelaría específicamente la existencia de un acto de corrupción en una obra vial, parte de la reconstrucción de Manabí. “En 2019 la Contraloría determinó la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato para la construcción del proyecto vial Manta-Colisa, de 22 kilómetros, por más de $ 68 millones, fondos provenientes de la Ley de Solidaridad”, señaló la fiscal Salazar en un video en el que, el 1 de junio último, anunciaba que solicitó a la Corte Nacional una fecha para formular cargos contra los tres funcionarios del Gobierno de Rafael Correa.

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Según una línea de tiempo planteada por la Fiscalía en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, el 25 de abril de 2019 la Fiscalía recibió una denuncia del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Días después, el 9 de mayo, la Fiscalía recibió un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, como parte de un examen especial a los contratos suscritos para la construcción del parque Las Vegas, en Portoviejo (Manabí), y la construcción del proyecto Tramo Acceso al Puerto de Manta, redondel del Imperio Colisa, cuyo financiamiento provino de los fondos de Ley de Solidaridad, que eran específicos para enfrentar las consecuencias del terremoto.

Casi un año después, el 10 de febrero de 2020, Fiscalía recibe una nueva denuncia del CPCCS por el delito de delincuencia organizada. En ella se menciona una reunión realizada el 22 de mayo de 2017 entre el entonces presidente del Comité para la Reconstrucción, Jorge Glas; Carlos Bernal, en calidad de secretario del comité; y Pablo Ortiz, como gerente general de la empresa pública Ecuador Estratégico.

Según la denuncia, en la reunión dada se habrían priorizado 584 proyectos sin un sustento técnico que evidenciara la finalidad emergente de reconstrucción, construcción o de reactivación productiva de las zonas afectadas por el terremoto.

El 30 de mayo de 2023, una vez que Fiscalía revisó y analizó la conexión de los hechos —con las denuncias presentadas por el CPCCS y el informe de la CGE—, se decidió unificar el expediente fiscal para que siga la investigación en la cual este miércoles, 6 de septiembre, en la Corte Nacional de Justicia se formularán cargos contras Glas, Bernal y Ortiz.

La Fiscalía recordó que el 16 de abril de 2016 Ecuador sufrió uno de los desastres naturales más devastadores de su historia reciente, el terremoto de Manabí, y para ese tema el Gobierno de la época —el de Rafael Correa— conformó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, y posteriormente se emitió la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, el 20 de mayo de 2016.

Según el ente acusador, esta ley contempló la recaudación sobre la remuneración de los trabajadores ecuatorianos para que sea destinado para la reconstrucción y reactivación económica de las zonas costeras del país. “Con esta ley y el aumento del IVA se recaudaron más de $ 1.614 millones que se destinaron a contratos y proyectos que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto, es decir, no eran emergentes ni estaban dirigidos a los damnificados”.

A decir de Salazar, el proyecto vial Manta-Colisa, pese a que no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad —emergencia, reconstrucción y reactivación—, fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y fue establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían atención inmediata después del terremoto.

La Comisión Nacional Anticorrupción en Manabí asegura que la vía Manta-Colisa no era una obra prioritaria, no era una obra que estaba afectada por el terremoto, sino más bien era una obra que estaba paralizada mucho antes del terremoto.

Glas, durante un programa radial en el que es el entrevistador, respondió de alguna forma a la acusación de la Fiscalía. Señaló que en el Comité de Reconstrucción, que presidió por decreto presidencial, “se priorizaron obras”, pero que estas no fueron contratadas por dicho comité. “No hubo asignación de fondos”, enfatizó. Además, señaló que “la ley fue de reconstrucción y reactivación productiva”.

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Cuestionó que dentro del proceso penal solo se los investigue a él, a Bernal y a Ortiz, a pesar de que el Comité de Reconstrucción también estuvo conformado por la Prefectura de Manabí, el Municipio de Portoviejo y un representante del sector empresarial, Ricardo Herrera.

“Sin embargo, la vinculación solamente es en contra de Jorge Glas, Carlos Bernal y Pablo Ortiz; es decir, hay que caerles a los que fueron parte del Gobierno de la Revolución Ciudadana. El comité no asignó fondos, no contrató; por lo tanto, no pudo haber habido un peculado, que es lo que se acusa. La ley es de reconstrucción y reactivación productiva. Si hacer el parque Las Vegas, del que disfrutan todos los días los portovejenses, y ampliar dos vías no es reactivación productiva, pues yo creo que está ya en un estado social cercano a la locura o a la demencia”, expresó Glas.

A partir de las 08:30 se deberá instalar la audiencia de formulación de cargos que estará a cargo del juez nacional Luis Rivera. En la diligencia únicamente se definirá el tiempo que durará la instrucción fiscal y se discutirán las medidas cautelares que solicite para los procesados la fiscal general Diana Salazar. (I)