Jorge Glas pretende separar del caso Reconstrucción de Manabí al conjuez que dio paso a la pericia de dos celulares y una tablet del exvicepresidente

Con la presencia vía telemática del exvicepresidente Jorge Glas desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, es como se instaló, la mañana de este lunes 10 de junio en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, la audiencia para analizar la demanda de recusación que plantea la defensa del líder correísta contra el conjuez temporal Julio César Inga, magistrado que tiene a cargo el caso Reconstrucción de Manabí y en el que se procesa a nueve personas por el delito de peculado.

Glas y su defensa pretenden que Inga sea separado del proceso penal denominado Reconstrucción de Manabí, afirmando que el magistrado temporal ha incurrido en la causal de enemistad manifiesta, definida en el numeral 8, del artículo 572 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Básicamente el demandante afirma que Inga como conjuez afectó derechos de Glas al, entre otras cosas, no realizar un control de legalidad para dar paso al pedido hecho el 12 de abril pasado por la Fiscalía para que se exploten dos celulares y una tablet incautados a Jorge Glas el 5 de abril pasado, durante la incursión a la Embajada de México, en Quito, en la que se detuvo al exbinomio presidencial de Rafael Correa por órdenes de prisión preventiva que tenía vigentes en casos por actos de corrupción, entre ellos el de la Reconstrucción de Manabí.

Corte Nacional resuelve que detención de Jorge Glas no fue ilegal y arbitraria

Se alegó desde el accionante falta de imparcialidad del magistrado, alineación del conjuez a la tesis de la Fiscalía y se criticó que en el pedido de explotación de los equipos electrónicos hecho por la Fiscalía Inga demoró 60 minutos en resolver, mientras que en un pedido de revocatoria de la providencia del12 de abril pasado hecho por Glas la respuesta se entregó catorce días después.

De su parte, Richard Villagómez, abogado del conjuez, defendió el actuar de Inga explicando que lo único que ha hecho su cliente es proceder como la ley manda. Refirió que lo dicho por el abogado del demandante, Andrés Villegas, no es fundamento para argumentar la recusación e incluso resaltó que la prueba presentada tiene fallas de forma y fondo, por ende seía ineficaz, impertinente e inconducente.

Al menos seis pruebas anunció la defensa de Glas para sustentar su demanda, entre ellas, las providencias del caso Reconstrucción de Manabí del 12 y 29 de abril pasado, las cuales demostrarían que el conjuez Inga no ha tratado con igualdad a las partes procesales, y un documento notariado en el que se expone la denuncia por prevaricato interpuesta contra Inga por estos hechos. También se pide el testimonio del teniente José Erazo, oficial que realizó el parte policial de detención de Jorge Glas en la Embajada de México, en el norte de la capital ecuatoriana.

El juez Felipe Córdova, también de la Corte Nacional y quien está a cargo de la recusación, luego de un receso para analizar la pruebas anunciadas y decidir sobre su admisibilidad o inadmisibilidad, dispuso que solo sean validadas en audiencia de recusación cuatro de las seis pruebas anunciadas.

Villegas expuso la pertinencia de las pruebas admitidas e insitió en que es de vital importancia para su teoría el que rinda su testimonio el teniente Erazo. La defensa de Inga rechazó las pruebas expuestas e instió en que no tienen la pertinencia y no relacionan a su defendido con la demanda hecha de una enemistad manifiesta.

Con estas respuestas y luego de casi dos horas de diligencia, Córdova decidió suspender la audiencia para dar paso al testimonio del teniente José Erazo, pues la defensa de Glas insitió en la misma. Mediante secretaría dispuso el juez de la Corte Nacional que se remita un oficio al comandante general de la Policía para que se autorice la comparecencia del oficial el próximo miércoles 12 de junio, a las 10:00, para la reinstalación de la audiencia de recusación.

Con ese testimonio concluiría el porceso de recusación y Felipe Córdova entraría a deliberar la decisión a tomar sobre si acepta los argumentos para separar a Inga de la causa o decide que no existe ninguna enemistad manifiesta y hace que el conjuez Julio Inga siga al frente del caso Reconstrucción de Manabí, el cual está a la espera de una fecha para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

El caso Reconstrucción de Manabí

La Fiscalía investiga en el caso Reconstrucción de Manabí a Glas y otras ocho personas por la supuesta desviación de fondos públicos recaudados mediante la Ley de Solidaridad aprobada luego del terremoto de abril de 2016, recursos que debían destinarse exclusivamente a la atención de las zonas afectadas. Durante la etapa de investigación se habrían definido irregularidades en los reasentamientos para damnificados que hasta hoy viven en carpas, sobreprecios en hospitales móviles, el aparente usó el dinero para financiar proyectos no prioritarios, entre otros hechos.

Básicamente la fiscal general, Diana Salazar, ha explicado que los hechos imputados a los nueve sospechosos radican en el abuso ejercido al dinero que los ecuatorianos entregaron para recuperar las zonas gravemente afectadas por el terremoto. En este caso se ha hablado de supuestas irregularidades en la contratación de varios proyectos, entre ellos, el proyecto vial Manta-Colisa o la construcción del parque Las Vegas.

Tribunal de Manabí ratifica en segunda instancia condena de un año de cárcel contra exjuez Banny Molina, procesado por usurpación y simulación de funciones

La teoría manejada por la Fiscalía habla de que pese a que estos proyectos no cumplían con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación) fueron adjudicados y establecidos como prioritarios, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto que afectó a varias provincias costeras de Ecuador.

Salazar ha anotado que la investigación realizada ha evidenciado que se priorizaron ciertas obras de interés de los procesados y cercanos, existiendo la necesidad de otras con mayor urgencia, que se evadieron proceso de contratación pública y que para estas obras, incluso, se beneficiaron a una empresa relacionada a familiares de, por ejemplo, dijo Salazar, el ahora procesado Carlos Bernal. Se presume que el dinero desviado alcanzaría la suma de $ 367 millones.

El viernes 7 de abril último, un Tribunal de la Corte Nacional determinó en segunda instancia que la detención del exvicepresidente Jorge Glas durante una incursión policial en la embajada de México, en Quito, el 5 de abril pasado, “fue legal, legítima y no es arbitraria”. La decisión se dio casi dos meses después de que un Tribunal declaró que fue ilegal y arbitraria la detención de Glas en el interior de la Embajada de México, en Quito, pero no le permitió que salga de la cárcel porque tenía por cumplir una sentencia de ocho años de prisión por los casos Odebrecht y Sobornos. (I)