La mayoría de casos en los que se otorgaron amnistías no avanzaron de la etapa de investigación previa; beneficiados esperan que se archiven sus causas

En etapa de investigación previa estaban el 58,8 % de 60 causas en las que eran procesadas las 268 personas favorecidas con una amnistía en paquete apoyada por el voto de 99 legisladores, la madrugada de este jueves 10 de marzo. A favor del Informe de amnistía, elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales, se pronunciaron asambleístas de la bancada de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática e independientes.

Los beneficiados ahora esperan que los jueces respectivos archiven las causas, tal cual como se señala es el efecto de la amnistía definida en el artículo 101 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: La amnistía extingue el ejercicio de la acción penal, la pena y sus efectos jurídicos, respecto a la presunción o el cometimiento de los delitos políticos o conexos con lo político.

‘La Asamblea Nacional cometió un acto de injusticia’, afirma Guillermo Lasso al referirse a las amnistías concedidas a 268 personas

En la norma se explica que resuelta la amnistía no podrán ejercerse acciones penales ni iniciarse proceso penal alguno por dichos delitos. Además se indica que si con anterioridad se inició un proceso penal, la pretensión punitiva, se extinguirá mediante auto dictado por el juez competente, que no admitirá consulta ni recurso alguno. Si existe sentencia condenatoria, se entenderá como no impuesta la pena, y quedan cancelados todos los efectos de tal sentencia, inclusive los civiles.

Paralización de un servicio público (10), daño a bien ajeno (8), usurpación (5), rebelión, secuestro, sabotaje, ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, intimidación (con 4 casos cada uno) son en mayoría los delitos en los que eran procesados 153 defensores comunitarios, 12 investigados por la administración de justicia indígena, 43 defensores de la naturaleza y 60 por ejercer el derecho a la resistencia y la protesta social.

Dentro del informe, en el capítulo de personas judicializadas por ejercer el derecho a la resistencia, aparecen los nombres de la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, del parlamentario andino Virgilio Hernández y del cercano al correísmo Christian González.

En agosto de 2020, los tres fueron llamados a juicio como autores del delito de rebelión que se habría cometido durante los días de protesta de octubre de 2019 contra el gobierno de Lenín Moreno, debido a las medidas económicas que adoptó en relación con subsidios y combustibles.

Hernández asegura que la amnistía otorgada les da la razón de que el gobierno de Lenín Moreno utilizó el aparato judicial para perseguir a opositores políticos. El actual parlamentario andino insiste en que este proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y que aunque estaban ya llamados a juicio, la Fiscalía no tenía elementos contundentes que los relacionen con la rebelión acusada.

Calificó a lo decidido por la Asamblea como “un acto de unidad nacional contra lo que fue el peor Gobierno de la historia y aseguró que seguirá cumpliendo las “injustas” medidas cautelares de presentación periódica y uso de grillete electrónico, pero espera que los jueces de inmediato las levanten y archiven el caso. No descarta que su defensa haga las solicitudes necesarias para que lo más pronto posible se cumpla lo dispuesto por la Asamblea.

Por cinco ocasiones aparecen en el Informe de amnistía los nombres del anterior y del actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas y Leonidas Iza, respectivamente. Ellos eran parte de investigaciones previas que se desprenden de las movilizaciones de octubre de 2019 por delitos como secuestro, sabotaje, terrorismo, instigación, delitos de grupos subversivos y daño a bien ajeno, hecho que fue denunciado por la destrucción que se vivió en Quito,

Según el constitucionalista Ismael Quintana, la Asamblea Nacional se equivocó en ciertos casos, pues no se podía amnistiar a personas que estaban siendo investigadas por su relación con delitos como el secuestro. “Delitos como secuestro están prohibidos constitucionalmente de recibir amnistía”.

También se investigaban delitos como delincuencia organizada, asociación ilícita, robo, grupos subversivos, lesiones, calumnia, ataque y resistencia y actividad ilícita de recurso minero. De los 60 casos analizados, además de estar en investigación previa,14 tenían sentencia, 5 estaban en etapa de audiencia de juzgamiento, 2 tenían llamado a juicio, 3 habían sido archivados y uno estaba en instrucción fiscal.

Por su parte, el consejero del gobierno de Guillermo Lasso, Diego Ordóñez, rechazó la aprobación en paquete de las amnistías y dijo que si el objetivo de la Asamblea era dar un mensaje de reconciliación, no puede pensarse en esta “exculpando de culpa” a una parte de quienes participaron en los eventos de octubre de 2019.

Asamblea Nacional concede amnistía a 268 personas por casos de protestas de octubre de 2019, justicia indígena, defensores de la naturaleza y territorio

“El efecto jurídico (de la amnistía) es el perdón legal de un acto delictual y se justifica en términos de lo que se pretende justificar, de pacificación. Pero insisto, esa pacificación no puede ser completa si se está excluyendo a las fuerzas del orden que protegieron la vida, integridad y los bienes de los ecuatorianos de esa agresión que fue octubre de 2019, en particular en Quito”, apuntó Ordóñez, al tiempo que adelantó que se analizará la posibilidad de que policías y militares que participaron en octubre de 2019 se beneficien de una amnistía.

Para Ernesto Pazmiño, abogado de 4 de los 27 llamados a juicio por el incendio en la Contraloría en 2019 y acusados por la Fiscalía de sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros, lo de octubre de 2019 nació en el derecho a la protesta y a la resistencia por el incremento en el precio de los combustibles, pero terminó en los tribunales de justicia bajo una fuerte presión política.

“Creo que el mensaje que la Asamblea da es para los Gobiernos, para que no se tomen decisiones unilaterales que afecten a la economía de los sectores populares. (...) Los Gobiernos tienen que pensar en que los ciudadanos, las organizaciones tienen derecho a protestar y resistir a las decisiones importantes de los Estados”, apuntó Pazmiño, quien indica que judicialmente la Fiscalía no habría podido probar en el juzgamiento la acusación contra unos procesados, que en un 90 % eran de origen indígena.

Aunque el abogado Pazmiño cree que el efecto de la amnistía será inmediato, él ha hablado con sus cuatro clientes para que continúen presentándose periódicamente en las sedes judiciales de Cotopaxi y Chimborazo hasta recibir formalmente la providencia con la que se notifique el archivo del caso y se levantan las medidas cautelares personales y reales. (I)