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La violencia política a mujeres en Ecuador va desde negarles suministros hasta cuestionar su vida sexual, dice Ana Karen Gómez, abogada de MEGA

La Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía ha detectado que estos casos se registran a nivel nacional y mayormente en GAD municipales.

Foto: CORTESÍA

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La Asociación de Mujeres por la Equidad de Género y la Autonomía (MEGA) trabaja desde 2006 en acciones para la erradicación de la violencia de género en todas sus formas. Ana Karen Gómez, abogada de la organización, cuenta que en Ecuador la violencia política aumentó cuando se estableció cumplir con cuotas de mujeres en listas electorales y la paridad de género; y, aunque es reconocida como infracción electoral grave, considera que aún es necesario educar a toda la población en la igualdad de derechos.

En MEGA, ¿cómo consideran que está actualmente la situación de violencia política contra mujeres en el país?

La violencia política contra las mujeres por razones de género tiene el mismo origen que el resto de violencia, que son básicamente las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. En Ecuador, desde que se establecieron puntos como cumplir con cuotas de mujeres en listas y la paridad de género, empezó a haber una participación de la mujer en la política mucho más amplia, lo que da origen a que existan los mismos estereotipos de violencia que reciben las mujeres en la calle y en el hogar. Las mujeres políticas, si se enojan en debates parlamentarios, son criticadas, tildadas de histéricas; reciben adjetivos relacionados con su aspecto físico; se insinúa que sus actividades no son las políticas, sino con trabajos sexuales; se meten en su vida privada. Todas estas cosas no suceden con los hombres: a ellos se los considera líderes; es válido que sean fuertes. Los casos que MEGA ha manejado demuestran que los agresores la mayoría de veces están cerca, en el mismo partido.

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¿En qué zonas o provincias del país es más común que se presenten estos casos?

Esto está presente en todas las provincias y regiones: pasa en los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) muy pequeños, en las juntas parroquiales, aunque en los municipios es mucho más común de lo que parece. Muchas veces solo trascienden las discusiones entre asambleístas, pero lo que vemos en los Gobiernos municipales es terriblemente preocupante. Hubo un caso de un alcalde violentador que recibió una sentencia en primera instancia y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) lanzó un comunicado respaldándolo, lo que quiere decir que, a nivel nacional, la AME se olvidó de su rol y apoyó a un agresor.

¿Cuántos casos ha manejado MEGA en el último tiempo? ¿Tienen cifras de cuántos casos se han denunciado?

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Es necesario recordar que desde 2020 la violencia política está tipificada en el Ecuador, en el Código de la Democracia, como una infracción electoral muy grave; entonces, a raíz de ese año surgen las denuncias. En 2021, nosotros presentamos una solicitud de información al Tribunal Contencioso Electoral (TCE); conocimos que existieron cuatro denuncias en ese año, pero ni una sola sanción: dos fueron archivadas y dos negadas. En este año, nosotros hemos patrocinado cinco casos: dos tienen sentencia definitiva y ejecutoriada; otro está en primera instancia, pero se ha retrasado por el inicio del proceso electoral de 2023, que hace que no se le dé prioridad. Conocemos actualmente casos de dos asambleístas que presentaron sus denuncias, pero no tuvieron sentencia favorable en primera instancia y están en apelación; y también, el caso de la expresidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, por la forma como fue destituida, y que tampoco tiene sentencia favorable.

¿Qué prácticas de violencia son las que más se repiten en estos casos?

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Las cosas van desde lo más simple hasta lo más grave. En lo simple vemos casos de que a las mujeres no se les entregan suministros para que trabajen; en una reunión, se les pide que sirvan los cafés. En cosas más grandes, vemos común en las viceprefecturas ocupadas por mujeres que, por no tener funciones especificadas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), sino las que les da el prefecto, terminan por no recibir ningún tipo de función y simplemente les llegan a decir que deben conformarse con ser servidoras públicas y ya estar ganando un sueldo. Se les niega información, en reuniones se les apagan los micrófonos, se les restringe el ingreso a sesiones de Zoom. Y, por último, los casos de agresiones en redes sociales, acusándolas de locas, histéricas, de estar hormonales, etc. Y cuando están en campaña, se hacen increpaciones sobre la vida sexual de las candidatas como distractor.

Si bien esta violencia ya se tipificó en la norma electoral, ¿existe algo que la respalde en la norma penal ecuatoriana?

No existe. Esta violencia podría estar contenida en el ámbito penal, pero no lo está, y esto haría que existan ambas sanciones, según la gravedad y el lugar. Aunque debemos tener en cuenta que en el ámbito penal estos casos se someterían a una investigación que dura uno a dos años y que termina volviéndose revictimizante. En cambio, como una infracción electoral puede ser mejor catalizado en cuanto a los agresores; es cierto que no los va a meter presos, pero les va a quitar los derechos políticos, y esto para un patriarca es mucho más doloroso. Debo mencionar también que en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres también está la violencia política como una forma de violencia que existe en Ecuador, y esto debe permitir obtener alguna medida de protección cuando existan casos, aunque esto todavía no se ha regulado.

Para prevenir y evitar que estos casos sigan ocurriendo, ¿qué se puede hacer?, ¿qué hay que fortalecer?

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Aquí en Ecuador, la forma preventiva puede ser educar a toda la población sobre la igualdad de derechos y capacidades. El origen de esta violencia, como el de todas las demás, son las relaciones de poder desiguales; y, mientras estas sigan, seguirán existiendo personas que la minimicen y no desaparezcan los estereotipos. Asimismo, las mujeres deben perder el miedo a la participación pública y considerarnos iguales a los hombres. (I)

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