El secuestro del equipo periodístico de El Comercio, hace cinco años, fue un “punto de inflexión” para la sociedad ecuatoriana porque esta se “topó de frente” con una realidad de violencia creciente que hasta ese momento no se había vivido. Es la reflexión que hace la exministra del Interior del régimen de Lenín Moreno, María Paula Romo, quien actualmente reside en Estados Unidos por cuestiones académicas, pero que sigue con preocupación los problemas políticos y de inseguridad del país.

En una entrevista con este Diario, la exfuncionaria hace un recuento de las decisiones u omisiones políticas de los tres últimos gobiernos, y otros factores sociales y económicos, que a su juicio deterioraron las condiciones de seguridad de Ecuador y de América Latina.

Como ministra de Moreno habla de varios momentos y situaciones que marcaron la situación de inseguridad en el país en esa etapa. “Yo entré al Ministerio del Interior luego que se vivió un momento muy complicado, que fue el secuestro de los periodistas de El Comercio. A pesar de que yo no era ministra entonces, permítame poner en ese hecho un punto de inflexión porque el país se topó de frente con una realidad que no habíamos vivido como ecuatorianos, como era, primero, la presencia de organizaciones criminales, los que no se desmovilizaron de las FARC, como este grupo Oliver Sinisterra, que secuestra a los periodistas para tratar de canjearlos por un grupo de sus miembros detenido en Esmeraldas por, segundo, haberle puesto una bomba a un cuartel de Policía en respuesta a que los controles comienzan a endurecerse. Todo eso fue inédito en el país. Aquí empezó la lógica de extorsión al Estado de parte de organización criminales. También se dispara la cantidad de hectáreas cultivadas de hoja de coca en nuestros vecinos. En Colombia crecieron en el 200 %, hubo más presión en la zona de frontera con Esmeraldas y Sucumbíos. Y también crece la presencia de mexicanos, pues no había visa para ellos ni para ningún país del mundo para Ecuador. Así transcurrió un primer momento del gobierno de Moreno”.

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A la par, agrega, hubo un proceso de descomposición de la justicia. “La mala actuación de algunos jueces que, por ejemplo, empezaron a pedir que las personas investigadas sean notificadas antes de detenerlas o allanarlas. Esto se dio con casos de sicariato en Los Ríos y pusimos una queja en la Judicatura. Nosotros la vimos y la denunciábamos”.

Otro caso que denunciaron fue la liberación de alias Rasquiña, líder de Los Choneros. “Los Choneros era la organización criminal más grande y poderosa de Ecuador. Tenía tres cabezas, en el gobierno de Moreno todas estaban presas y ahora las tres están muertas. Con ello empieza la disputa por control de esa organización, cada bando empieza a aliarse con diferentes carteles mexicanos que a su vez trasladan sus conflictos a Ecuador, como si fuera sucursales.

“Se trató cinco veces de la liberar a Rasquiña y cuatro veces logramos evitarlo, la quinta ya no. Rasquiña además compartía abogado y recurso judicial con el exvicepresidente Jorge Glas. Hay una sola decisión de la justicia sobre la cual yo puse un tuit cuando fui ministra: “Miren aquí tratar de liberar a Rasquiña con la misma acción de Glas, por el mismo abogado”. Se alertó al país lo que estaba pasando.

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Finalmente, el paro de octubre del 2019 debilitó la autoridad de la Policía Nacional. “Después de que tuvimos 208 policías secuestrados y nadie fue responsable por eso”, luego que la Asamblea Nacional dio una amnistía a los dirigentes indígenas y sociales que participaron en este.

¿Y qué hizo Moreno frente a estos hechos? Se tomaron varias acciones, responde ella. Por ejemplo, retomamos la cooperación internacional con Estados Unidos, uno de los temas más importantes fue el del avión radar P3-Orión para controlar el espacio marítimo, donde ya se daba una disputa para sacar la droga. Pusimos una serie de visas a unas 40 nacionalidades y por la cantidad de ecuatorianos en México, que ya se había convertido en una ruta de tráfico de personas, ese país pone el visado nuevamente.

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Romo pide que el tema no se analice de manera “simplista”, diciendo que es culpa o herencia de tal o cual presidente. De Rafael Correa, puntualmente, como lo ha manifestado el actual mandatario Guillermo Lasso.

“Sí, Correa tomó decisiones terribles para la seguridad, lo que no quiero decir “Ah, es culpa de Correa”. Sí es, pero hay un montón de factores. Como lo que le decía: los albaneses no tenían visa para entrar a Ecuador, ningún país lo tenía, haber abierto las fronteras como se hizo en el gobierno de Correa es un factor, por supuesto, pero si le damos explicaciones simplistas a lo que está pasando no vamos a poder combatirlo. Haber convertido al Ecuador en un lugar abierto para todo el mundo fue un problema gravísimo. Usted dirá que nosotros (con Moreno) lo cerramos, sí, pero ya estaban instalados...”.

Pero “hubo un deterioro paulatino de la situación de seguridad en Ecuador y en la región, que tiene un momento clave, en mi opinión, y que ha sido demostrado por estudios, que es la pospandemia. Luego de la pandemia hay varios fenómenos que crecen en el Ecuador: la informalidad, la ilegalidad. Las organizaciones criminales se adaptan más rápido que las empresas legales, son las que más rápidamente resuelven rutas alternativas al cierre de puertos y aeropuertos por el confinamiento, por ejemplo. La pospandemia tiene un efecto económico en la población y tiene un efecto grande de cuanto distrae a las fuerzas del orden...”.

Además, “América Latina fue el continente con más tiempo sin regreso a la escuela por el COVID-19. Eso quiere decir que tuvimos durante dos años millones de niños y adolescentes sin ninguna alternativa de uso del tiempo y sin estar vinculados formalmente al sistema educativo, por ello se convirtieron en presas fáciles del reclutamiento de las organizaciones delictivas y del consumo.

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“Un factor que no depende de ninguna autoridad es la ubicación geográfica de Ecuador, señala ella, que está en la mitad de los mayores productores de cocaína del mundo, que son Colombia, Perú y Bolivia, y las costas ofrecen muchas posibilidades para los traslados. Y en Ecuador vemos que empezaron a funcionar organizaciones criminales que son particularmente violentas: Jalisco Nueva Generación, la Constru y la mafia albanesa, y empieza una disputa de territorios”.

¿Qué errores ha cometido el régimen actual en el manejo del problema?

Se ha debilitado al Ministerio del Interior. A qué me refiero: cuando en el gobierno de Moreno se decide fusionar Interior con Gobierno, Gobierno, o sea lo político, viene como un apéndice de Interior, la seguridad. Cuando Lasso decide separar Interior y Gobierno, Interior sale como si fuera un apéndice de la política, sin estructura, sin edificio, sin presupuesto. Se le dio seis meses para que creen el ministerio y no se creó, volvieron a extender el plazo y nada. Hay una debilidad institucional ahí. Aparte, creo que fue muy grave la acusación del embajador de Estados Unidos sobre los ‘narcogenerales’, pero fue más grave que el Gobierno no haga nada con esa declaración. Pidieron que intervenga la Contraloría, pero al final no salió nadie, tenían la solicitud de baja de todo el mando, pudieron tomar decisiones al día siguiente para dar un mensaje claro. Otro error fue haber sacado a Patricio Carrillo. No hemos tenido en la historia reciente un ministro del Interior mejor capacitado que él para manejar el tema de seguridad y enfrentar un momento como este, y por eso mismo le dieron la guerra que le dieron. Ahora los programas y “periodistas” que antes eran expertos en seguridad y se metieron a hacer publirreportajes de Los Choneros en las cárceles, ya no hablan de eso, y no es porque no esté peor la situación, sino que ya sacaron al ministro incómodo. Para mí fue otro mensaje de abandono del respaldo político a la Policía. También se aprobaron leyes que también debilitaron a la Policía, como las nuevas normas del uso legitimo de la defensa, pues ahora tienen que esperar a que el delincuente dispare para usar el arma. Uno se pregunta para quién juega la Asamblea: amnistía a los que secuestran policías, le quita facultades, destituyen con dedicatoria ministros de Seguridad. Hay una ley de inteligencia cuatro años en la Asamblea, y ellos aprueban el día del biscocho y el manjar.

Sectores de oposición consideran que Lasso debe salir de la Presidencia, entre otras razones, por la mala gestión en temas de seguridad que analizamos. Ya en la Asamblea se tramita un juicio político en su contra que si bien tiene otra causal, la de peculado, busca finalmente sacarlo del poder. Y de lado del Gobierno está la amenaza de muerte cruzada para disolver la Asamblea. ¿Qué opina de estos escenarios?

Es una mentira completa decir que la salida de Lasso resuelve el tema de seguridad, es un pretexto, no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y al contrario, esta inestabilidad permanente, tener en jaque todo el tiempo, a este o cualquier gobierno, debilita la respuesta estatal contra los criminales, distrae las energías, los recursos, y muestra un Estado fragmentado frente a las organizaciones políticas. La incertidumbre agrava el problema.

El juicio político está en marcha, tendrá un resultado: o se salva o lo censuran.

Ojalá no sea tratado con la misma responsabilidad que el día del biscocho, porque es un asunto serio... Ninguno de esos escenarios, incluyendo el de la muerte cruzada y adelantar las elecciones, resuelve el problema de seguridad.

¿Ni la renuncia de Lasso?

Ninguno... Resolver el problema de seguridad no está en la salida de Lasso, está en tomar decisiones serias, poner los ojos en la justicia, es darle respaldo político, legal y económico a la Policía Nacional, y es tener una respuesta estatal de unidad.

¿La causal de peculado que se trata en el juicio político tiene sustento?

No, no la veo con sustento.

En caso de adelantar las elecciones, ¿le interesaría ser candidata presidencial o a la Asamblea? Ya sus dos años de prohibición de ser funcionaria (a causa de la censura en un juicio político) concluyeron...

Ahora sí ya terminamos la entrevista (risas). Espero que el problema de seguridad tenga una respuesta de unidad de todas las funciones del Estado. Eso es lo que tenemos que discutir ahorita. No es el momento de discutir sobre elecciones.

¿Usted ha conversado con el presidente Lasso? ¿Le ha ofrecido estar en el gobierno?

No, no he hablado con él.

Usted tuiteó hace pocos días que el presidente Moreno dejó un Plan de Seguridad 2019-2030 que podría implementarse. ¿Qué dice ese plan? ¿Por qué cree que no lo han tomado en cuenta?

No sé si lo están siguiendo, pero no puedo creer que haya funcionarios de gobierno que digan “no hay plan”... Así haya sido el primer día del gobierno no podían decir eso. Dos años después, menos. Hay plan de seguridad nacional, ciudadana, fronteriza. Son cientos de páginas. Un plan lo hizo el Ministerio de Defensa, otro el Ministerio del Interior, tiene indicadores, diagnóstico, tampoco es que el plan es la varita mágica, pero no puede ser que seamos tan falsos en el debate y se diga espérennos que estamos haciendo el plan. Le voy a enviar los planes, hay objetivos, acciones inmediatas, de largo plazo. No puedo hacerle un resumen.

Pero supongo que ese plan ya no se ajusta a la realidad actual.

Seguramente necesitaría ajustes, es un plan prepandemia, y muchas cosas cambiaron con ella. Pero plan sí hay. (I)