El primer Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) electo por votación popular terminará sus funciones en menos de cinco semanas dejando como herencia la designación de 46 autoridades de diez organismos de control del Estado, tarea que la asumirán los nuevos siete vocales que recibieron el respaldo de agrupaciones políticas.

Para este 24 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene previsto entregar las credenciales a los siete consejeros del CPCCS electos en los comicios del 5 de febrero y que se posesionarán en la Asamblea Nacional el 14 de mayo. El camino de la transición está en ciernes.

Entre las nuevas autoridades están los candidatos de la ‘Liga Azul’: Augusto Verduga, Alembert Vera y Yadira Saltos, que fueron promovidos por el movimiento de la Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa.

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Mishelle Calvache, exfuncionaria del CPCCS; Nicole Bonifaz y Andrés Fantoni, apoyados por el Partido Social Cristiano (PSC); y Johanna Verdezoto, exfuncionaria de la Defensoría Pública y cercana a gremios del transporte reconocidos por aliarse o enfrentarse a los gobiernos de turno.

Estos siete personajes asumirán la designación de las autoridades de diez órganos estatales.

Los siete vocales electos en los comicios de febrero del 2023 mantuvieron un primer encuentro con la administración saliente del CPCCS para preparar la transición. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas.

En promedio, realizar estos procesos bajo la modalidad de comisiones ciudadanas toma entre cinco y seis meses, por lo que los pronósticos para el CPCCS saliente no son alentadores.

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“Es un campo minado lo que tenemos al frente”, dijo el consejero Carlos Figueroa. Y debido a los retrasos en el cumplimiento de plazos y las denuncias de anomalías, “no vamos a terminar de ver ni al nuevo contralor, ni Defensoría Pública, ni a los vocales electorales. Podremos seguir encaminando, pero nada más”, reconoció.

En la actualidad hay tres comisiones ciudadanas trabajando. Una para elegir al titular de la Contraloría General, que está pendiente desde junio del 2017 tras la salida de Carlos Pólit, condenado por el delito de concusión en el caso Odebrecht y considerado un prófugo de la justicia, pues reside en los Estados Unidos.

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A él lo subrogaron Pablo Celi y Valentina Zárate. Ahora está en funciones prorrogadas el contralor subrogante, Carlos Riofrío, quien en marzo del 2022 debía terminar el periodo para el cual fue designado Pólit.

La Defensoría Pública cuenta con un defensor encargado, Ángel Torres Machuca, desde el 2018; y la Defensoría del Pueblo también tiene un titular encargado desde septiembre del 2021, con César Córdova.

La renovación de dos vocales principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) está pendiente desde noviembre del 2021; así como la renovación de dos jueces principales y suplentes del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que debía haber concluido en noviembre del 2022. En los dos casos, los consejeros y jueces están prorrogados.

Los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), que lleva con funcionarios prorrogados por más de cuatro años; o los 25 miembros de la sociedad civil de los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI) que están pendientes desde mayo del 2021.

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El Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras, cuyos dos delegados no se han designado desde que se aprobó la ley en el 2018; y, la elección de los representantes de los afiliados y jubilados al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) que en mayo del 2023 culmina el periodo de Marco Naranjo Chiriboga y Wilmer Cóndor Paucar.

Finalmente, desde la publicación de la Ley de Protección de Datos en mayo de 2021 no se ha procedido con el nombramiento del superintendente de Protección de Datos, que provendrá de una terna enviada por la Presidencia de la República.

El saliente pleno del Consejo está conformado por consejeros suplentes de los suplentes, como Gina Aguilar, Graciela Mora, Carlos Figueroa, Olindo Nastacuaz, Aland Molestina, Teddy Tama y Mónica Moreira.

Ellos se principalizaron en enero del 2023, después de periodos de conflictividad en los que los exvocales, que asumieron en el 2019, fueron censurados y destituidos por juicios políticos sustanciados en la Asamblea Nacional; o como los penúltimos, Hernán Ulloa, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo, Javier Dávalos, David Rosero e Ibeth Estupiñán, que fueron destituidos por la Corte Constitucional en enero pasado por incumplir una de sus sentencias.

Ellos, entre el 2021 y 2022, designaron por ternas enviadas por la Presidencia de la República al superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias; al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea; y, al superintendente de Compañías, Marco López.

Aunque nombraron a dos superintendentes de Bancos: Raúl González y Roberto Romero von Buchwald, ninguno ha logrado asumir su cargo por la intermediación de acciones de protección y políticas.

Una alternativa que está en análisis del CPCCS consta en un informe jurídico interno que recomienda a los consejeros ratificar a Raúl González pese a que su elección fue anulada por una acción de protección.

De otras ternas enviadas por funciones del Estado se eligió a dos vocales del Consejo de la Judicatura: Xavier Muñoz y, recientemente, a Wilman Terán, que hoy preside ese organismo.

QUITO (04-04-2023).- Comparecencia de los diez miembros de la comisión ciudadana que se encarga de designar a la primera autoridad de la Defensoría Pública, ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: Carlos Granja Medranda

En tanto, con el mecanismo de comisiones ciudadanas de selección los concursos públicos para elegir a los titulares de la Contraloría, la Defensoría Pública y la renovación parcial del CNE, los procesos apenas empiezan con tropiezos y empañados por denuncias de irregularidades y, en esa línea, los consejeros salientes no designarían a ninguna de las autoridades mencionadas.

Por ejemplo, el proceso del defensor público se inició a finales del 2022 y se estancó por acciones judiciales y denuncias planteadas en contra de los cinco comisionados que representan a la ciudadanía.

El concurso está suspendido por una medida cautelar en el trámite de una acción de protección que dictó el juez de Montecristi (Manabí) Danilo García, quien ordenó que se cumplan los plazos para tomar el examen escrito a los quince postulantes admitidos.

Este hecho surgió porque el comisionado William Falconí, quien presidía esa comisión, convocó a rendir el examen escrito con apenas tres días de anticipación, incumpliendo el reglamento que daba quince días término desde el inicio de la calificación de méritos.

También, hay quejas por la ‘inequidad’ en la calificación de méritos de los quince concursantes; la irregular conformación del equipo de catedráticos que elaboraron el banco de 60 preguntas, pues se hizo sin la presencia de la notaria designada por el CPCCS.

Además, el asambleísta de la bancada del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) Ferdinan Álvarez denunció en la Fiscalía General a cinco comisionados por supuestamente beneficiar con sus actos a dos concursantes.

Los denunciados son: William Falconí, Diana Villacís, Vicente Vásconez, Gina Montalván y Jorge Tipán, a quienes los acusa de incurrir en un posible delito de asociación ilícita para tráfico de influencias en beneficio de “los postulantes Rodrigo Frías Toral y Jorge Ballesteros”.

Antes de tomar una decisión, el martes pasado, los consejeros escucharon las quejas y denuncias que se lanzaron entre sí los comisionados que representan a las cinco funciones del Estado y los cinco de la ciudadanía.

También se presentó el legislador Ferdinand Álvarez, quien sentenció que ese concurso “no está viciado, sino que nació viciado”.

El miércoles hubo una nueva reunión para discutir estos hechos, pero Gina Aguilar suspendió la sesión.

La importancia de la Defensoría Pública radica en que tiene como encargo “garantizar el igual acceso a la justicia de las personas que por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos”.

Quien sea electo estará en funciones por los próximos seis años y recibirá una institución que cuenta con delegaciones en las 24 provincias y una nómina de más de 1.100 servidores.

Quito, 4 de abril del 2023.- El asambleísta de UNES Ferdinand Álvarez compareció ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana para exponer denuncias de presuntos actos de corrupción en la designación del defensor público. Foto: Sugey Hajjar

Mientras, la comisión ciudadana que lleva a cabo el concurso para elegir al contralor del Estado suspendió en enero sus actividades porque no tenía una respuesta del pleno del CPCCS a una consulta sobre cómo deben puntuarse los títulos de tercer y cuarto nivel de 93 aspirantes.

Este hecho se dio cuando la Corte Constitucional destituyó a los siete ahora exconsejeros y no había autoridades que respondan la inquietud de los comisionados.

Recién este 4 de abril el pleno dio una respuesta a su consulta para que se retome la fase de calificación de méritos e inicie la preparación del examen escrito y práctico.

La renovación parcial de dos vocales del Consejo Electoral se encuentra en la fase de admisibilidad de 174 personas, a quienes se les observará el cumplimiento de requisitos legales y que no estén incursos en prohibiciones.

En tanto, sobre los siete concursos restantes no hay avances, pues no pasan de la etapa de postulación para la conformación de las comisiones ciudadanas y el pleno del Consejo no ha tomado ninguna resolución para agilizar los procesos. (I)