El abogado ecuatoriano Osvaldo Zavala Giler es desde este 5 de abril el primer latinoamericano en ocupar el cargo de secretario de la Corte Penal Internacional para los próximos cinco años. Entrará en funciones el 17 de abril y será el sucesor del inglés Peter Lewis. Cuenta con más de 16 años de experiencia dentro del organismo, donde no hay casos de Ecuador abiertos. Dice a EL UNIVERSO que su designación conllevó un proceso largo y que su prioridad será contribuir a continuar construyendo una Corte modelo de administración pública moderna.

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1) ¿Cuáles serán sus funciones como secretario de la Corte Penal Internacional?

El Secretario de la Corte Penal Internacional es el principal funcionario administrativo de la Corte y, como tal, tiene responsabilidades clave que contribuyen al correcto funcionamiento de la Corte a lo largo de todas las fases de los complejos procesos penales internacionales. Me corresponderá, por ejemplo, ser el brazo ejecutor de las decisiones judiciales, así como la prestación de servicios a la Fiscalía y partes procesales velando por la equidad procesal y asegurando la asistencia jurídica tanto a los acusado y acusadas como a las víctimas. Entre las funciones del secretario de la CPI se encuentra también implementar las órdenes judiciales de detención de sospechosos y su entrega a la custodia de la CPI, así como garantizar la protección a las víctimas y los testigos a través de un avanzado programa con diferentes medidas de protección y apoyo, que incluye, en casos que lo ameritan, la reinstalación de testigos en otros países. Finalmente, seré también responsable no solo de la gestión general y los registros judiciales de la Corte, sino también de la traducción e interpretación (se han llegado a usar hasta 27 idiomas a nivel judicial), del centro de detención, de las relaciones externas, la información pública, la seguridad, las finanzas y los recursos humanos. Es un cargo con un mandato lleno de desafíos y oportunidades. Como ecuatoriano, estoy muy orgulloso de haber sido elegido, y de ser el primer latinoamericano en ocupar este cargo.

2) ¿Cómo fue el proceso para su designación y cuándo se dio?

El proceso es largo y cuidadosamente regulado, tanto por el Estatuto de Roma como por resoluciones de la Asamblea de Estados Partes. Al secretario de la Corte lo eligen los 18 magistrados y magistradas con base en recomendaciones de la Asamblea. Así, a lo largo del procedimiento juegan un papel tanto los Estados que son miembros de la Corte, así como organizaciones de la sociedad civil. Presenté mi candidatura a fines de abril de 2022. En junio, la Presidencia seleccionó de entre todos los candidatos y candidatas provenientes de todo el mundo una lista de doce individuos. En octubre, quienes estuvimos preseleccionados nos sometimos a una amplia entrevista pública que se pudo seguir en línea, y en la que participaron tanto diplomáticos como representantes de la sociedad civil. Finalmente, en febrero de este año me sometí a la entrevista formal con los 18 magistrados y magistradas de la Corte. Tras las rondas de entrevistas, llevaron a cabo la votación secreta en la que fui elegido por mayoría absoluta. Es un gran honor que hayan depositado su confianza en mí para desempeñar este cargo los próximos cinco años.

3) Usted tiene más de 16 años de experiencia trabajando con la CPI, ¿ qué funciones ha cumplido y a qué desafíos se ha tenido que enfrentar en estos años?

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Prácticamente la mayoría de mi carrera profesional se ha desarrollado en el campo del derecho penal internacional y en el entorno de la CPI. Desde que entré a la Corte en el 2010 me desempeñé como Asistente Especial Principal de los tres secretarios anteriores, lo que me dio una oportunidad única de estar directamente involucrado en las discusiones estratégicas y en el día a día de lo que ahora va a ser mi trabajo. Posteriormente me desempeñé como jefe de la Oficina de Enlace de la Corte ante las Naciones Unidas en Nueva York, y más recientemente como jefe de Presupuesto de la Corte. Los desafíos en los que me he visto involucrado en estos años son muchos y complejos, desde temas políticos como la contradictoria posición de la anterior administración de los Estados Unidos frente la CPI mientras representaba a la Corte ante la ONU en Nueva York, así como temas institucionales en calidad de representante de la Secretaría de la CPI en el proceso de Revisión de Expertos Independientes del sistema del Estatuto de Roma en el 2020.

4) En este nuevo cargo, ¿cuáles serán sus prioridades?

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En tiempos de mayores expectativas de justicia a nivel internacional y de nuevos desafíos políticos, mi prioridad serán contribuir a continuar construyendo la CPI como un modelo de administración pública moderna que garantice la eficacia, salvaguarde la rendición de cuentas y represente los más altos valores que demanda hoy por hoy la comunidad internacional de los organismos públicos que la representan... Dentro de la CPI, mi enfoque será fomentar un ambiente de trabajo que promueva el profesionalismo, el respeto, la diversidad, la inclusión y la igualdad. Es simple: ser tratado con respeto, sentirse seguro en su propio entorno de trabajo, fomenta la motivación, aumenta la innovación, apoya el compromiso y promueve un mejor rendimiento.

Osvaldo Zavala Giler es el nuevo secretario de la Corte Penal Internacional por un período de cinco años. Foto: International Criminal Court

5) ¿Qué retos considera que tiene la CPI ante el contexto mundial que vivimos?

Con un presupuesto de aproximadamente 170 millones de euros, la CPI tiene abiertas investigaciones en los cuatro continentes: Uganda, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Darfur (Sudán), Kenia, Libia, Costa de Marfil, Mali, Georgia, Burundi Bangladés/Myanmar, Afganistán, Palestina, Filipinas, Venezuela y Ucrania. Además hay 31 casos ante la CPI y siete personas se encuentran actualmente en el centro detención. Hay mucho por hacer.

En mi opinión, el principal desafío estratégico que enfrenta la CPI es la consolidación continua de su legitimidad... Otro desafío clave es la cooperación de los Estados. La Corte no tiene ni policía ni ejército, por lo cual la cooperación de los Estados es clave, por ejemplo para que implementen las órdenes de arresto emitidas por los jueces. En la actualidad siguen libres 16 sospechosos contra quienes pesan órdenes de captura. También se necesita de la cooperación de los Estados para realizar las investigaciones, así como para ejecutar las órdenes de congelamiento de bienes y activos, para reubicar a las víctimas y testigos. Finalmente es importante continuar caminando hacia la universalidad. Si bien hoy día más de 120 Estados han ratificado el Estatuto de Roma y son parte de la jurisdicción de la Corte, hay que continuar trabajando para que más estados se unan a este objetivo común que busca poner fin a la impunidad de esos crímenes de trascendencia para la comunidad internacional.

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6) ¿Existen casos de Ecuador que han llegado hasta la CPI y cuál es su estado?

No existe ningún caso relacionado con Ecuador. Hay investigaciones en curso en catorce países en cuatro continentes entre las que se encuentran los conflictos de Ucrania, Uganda, Myanmar/Bangladesh y Afganistán. En Latinoamérica solo hay investigaciones abiertas en relación con la situación en Venezuela.

7) ¿Qué están investigando en Venezuela?

En septiembre de 2018 un grupo de Estados refirieron al fiscal la situación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en su territorio. En noviembre de 2021 el fiscal anunció, tras un análisis preliminar, la apertura de esas investigaciones. Posteriormente, el Gobierno de Venezuela solicitó que la CPI no admita las investigaciones sobre la base de que existen investigaciones y enjuiciamientos a nivel nacional. Los jueces de la CPI han solicitado más información al Gobierno de Venezuela, y su punto de vista tanto a las víctimas de los presuntos crímenes cometidos como a la Fiscalía. De la decisión de los jueces dependerá que se reanuden o no las investigaciones

8) ¿Qué tipo de denuncias o casos atiende la CPI y cómo es el proceso para resolverlos?

Tal y como lo establece el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, la Corte tiene jurisdicción para los crímenes más graves de trascendencia internacional como son el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra cometidos después del 1 de julio de 2002 cuando el Estatuto entró en vigor. El crimen de agresión se definió más tarde en el 2010 y la jurisdicción de la CPI sobre el mismo se activó en el 2018. Hay otro criterio para que la Corte pueda conocer de un caso: se investiga y juzga solo a los autores de crímenes cometidos en el territorio de cualquier Estado parte... o cuyas situaciones hayan sido referidas al tribunal por el Consejo de Seguridad de la ONU. Es importante señalar que la CPI no es tribunal de apelación, ni está por encima de la jurisdicción nacional, ni pretende sustituirla. La Corte se basa en el principio de complementariedad. Por lo tanto, la CPI es un tribunal de última instancia que solo puede intervenir si los jueces nacionales no pueden o quieren hacerlo.

Hay abiertos, ante la Corte, 31 casos con más de 50 sospechosos. En la actualidad hay cuatro juicios en marcha relacionados con crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Sudán, Mali y la República Centroafricana y 5 casos están ya en fase judicial de reparación de las víctimas. Los jueces han dictado 10 condenas y 4 sentencias absolutorias. Más de 21.000 víctimas han participado en los procedimientos a lo largo de sus diferentes fases.

Además, la CPI ha sentado jurisprudencia en temas clave como la utilización de los niños soldados en los conflictos, los crímenes sexuales como crímenes de guerra, o la destrucción del patrimonio cultural. Por otro lado, la creación de la Corte ha animado a los Estados a adaptar su legislación nacional y que sean ellos mismos los que investiguen y juzguen los crímenes a nivel nacional, asimismo y hay investigaciones que demuestran que la Corte, con su sola presencia, ha tenido y tiene un efecto disuasorio en la comisión de los crímenes más graves. (I)