Mucha de su vida ha estado en la palestra pública y es una activista nata. Con 25 años participó como asesora de la concejala de Quito Margarita Carranco, en el proceso de aprobación de la ordenanza de inclusión de la diversidad sexual en la capital. El texto se aprobó en diciembre de 2007, en la Alcaldía de Paco Moncayo.

De ahí ya no hubo marcha atrás. Pamela Troya Báez se estaba divorciando y entonces salió del clóset.

Culminó sus estudios de comunicación organizacional en la Universidad San Francisco de Quito, gracias a una beca, y se graduó con honores. “El activismo fue algo que me movió desde el principio”, asegura Troya, cuyos ojos verdes y fácil sonrisa iluminan su cara. La dureza la aplica en sus tuits, en los que es “políticamente incorrecta”, como ella se define. Tiene cuarenta años.

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En 2012 entró al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como asesora. Al año siguiente llegó la campaña presidencial en la que se postuló el pastor Nelson Zavala por el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). Con el colectivo Igualdad de Derechos Ya lo denunciaron ante el Tribunal Contencioso Electoral y lograron en marzo una sentencia por declaraciones homofóbicas dentro de un proceso electoral.

El colectivo -que nunca se formalizó- comenzó entonces a armar la estrategia para lograr el matrimonio igualitario. Nadie quería exponerse, pero Troya y su pareja aceptaron el reto. Se presentaron el 5 de agosto de 2013 en el Registro Civil de San Blas (Centro Histórico) para casarse. Estalló el escándalo.

Ante el rechazo en el Registro vino la acción de protección que subió a la Corte Constitucional (CC). Rafael Correa anunció que el matrimonio igualitario no se aprobaría mientras él fuera presidente. Y cumplió. Se formalizaría en junio de 2019, con una nueva CC que resolvió un recurso del colectivo PAKTA. La CC se fundamentó en una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en 2018. En materia de derechos, la Constitución de Ecuador se somete a los acuerdos internacionales.

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Desde que el Registro Civil le negó el pedido, la guerra estalló en Twitter. Troya discutió con Correa y fue perseguida. A pesar de que el CPCCS es una Función independiente del Ejecutivo, Troya dice que le pidieron su renuncia en octubre de 2014 y se encargaron de cerrarle las puertas. En 2015, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas (SUMA), la contrató como coordinadora de Redes Sociales. Después laboró con el Ministerio de Inclusión Económica y regresó al CPCCS, como subcoordinadora nacional de Transparencia.

La vida le depararía una nueva sorpresa, su segundo divorcio. Se casó en agosto de 2019, seis años después de haber protagonizado su pedido al Registro. Sin embargo, su matrimonio duró un mes. Apenas se conoció de la ruptura fue objeto de entrevistas en medios de comunicación y comentarios en redes sociales.

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En 2021 se postuló para asambleísta provincial por la Unidad Popular, pero perdió.

Conoce el CPCCS por dentro y su plan es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para reforzar el control social, trabajar con los organismos seccionales y luchar contra la corrupción. (I)