Eliminar la figura de los adherentes que existe en los movimientos políticos, pero sin prohibir la existencia de simpatizantes y militantes, garantizando la libertad de asociación, y a la vez unificar la categoría de membresía para la creación y funcionamiento de estos, como ocurre con los partidos políticos, y así optimizar la representación y participación ciudadana con derechos y obligaciones para sus afiliados, es lo que plantea la pregunta 4 del referéndum que impulsa el gobierno de Guillermo Lasso.

Actualmente en Ecuador existen 279 organizaciones políticas, de las cuales 272 son movimientos. Para atender esta problemática, la pregunta es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuentan con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 % el registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4?”.

La reforma se enfoca principalmente en el artículo 109 de la Constitución, pero también implica cambios en el artículo 112 y se incluyen siete disposiciones transitorias y cinco derogatorias.

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En el artículo 109 se fijarían los nuevos parámetros que deben cumplir las organizaciones políticas y que buscan que los afiliados sean necesarios para su creación, mantenimiento y funcionamiento y que estos deberán conocer los principios ideológicos, promover los fines de la organización y no podrán pertenecer simultáneamente a más de una.

Mientras en el 112, que los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular y que no podrán postular candidatos a las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Simpatizantes del partido Avanza en una foto de archivo.

En las disposiciones transitorias se destaca que el CNE tendrá varios plazos, desde que los resultados del referéndum sean publicados en el Registro Oficial: 80 días para implementar la plataforma electrónica para consultar el estado de afiliación de un ciudadano; 30 días para implementar un sistema de identificación biométrico para los procesos de registro y verificación de afiliados; y, 45 días para aprobar y publicar las resoluciones que especifican el número de afiliados pertenecientes a cada movimiento, así como también el número de afiliados que les haga falta para conservar su inscripción.

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A los movimientos políticos nacionales se les dará 365 días y 180 a los seccionales para que completen el registro de afiliados y quienes no cumplan con presentar las fichas de afiliación completas serán cancelados. La cancelación se resolverá máximo en 30 días siguientes. El mismo plazo tendrán los movimientos políticos para ajustar sus estatutos o normativas internas, que en un plazo de diez días deberán ser aprobados por el CNE.

Y con las disposiciones derogatorias, se derogaría el artículo 322 de la Ley Orgánica Electoral conocida como Código la Democracia y también la resolución del CNE que contiene la codificación del Reglamento para la inscripción de partidos, movimientos políticos y registro de directivas y el instructivo para normar el proceso de verificación y validación de datos y firmas vigente.

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Justificación del Ejecutivo

Actualmente, según la Constitución, los partidos políticos para su creación deben contar con una organización nacional que comprenda al menos al 50 % de provincias del país, tener un registro de afiliados del menos el 1,5 % del registro electoral, según el último proceso; y, presentar una declaración de principios ideológicos, programa de gobierno, estatuto símbolos, siglas, emblemas, distintivos, nómina y directiva. En cambio, los movimientos solo deben tener un registro de adherentes o simpatizantes del 1,5 % del padrón correspondiente a su jurisdicción.

La Carta Magna reconoce la existencia de dos tipos de organizaciones políticas: movimientos y partidos. Los movimientos pueden corresponder a cualquier nivel de gobierno y a circunscripciones del exterior y deben contar con un registro de adherentes y adherentes permanentes, mientras los partidos políticos son solo carácter nacional y deben contar con un registro de afiliados.

Estas figuras hacen que sea obligatorio otorgarles un fondo público para promocionar a sus candidatos. Solamente entre 2013 y 2021 el Estado ha gastado un total de $ 122′519.359,40 por esta asignación, según el diagnóstico del Ejecutivo, que afirma también que en estos momentos es seguro que existan movimientos políticos con menos de 10 miembros en al menos 80 cantones y que pese a esto mantienen sus derechos intactos.

Simpatizantes de candidatos a la alcaldía de cantones del Guayas por diferentes partidos políticos en los exteriores del Centro de Arte, donde se desarrolló días atrás un debate del CNE. Foto: API Foto: API

Además cuestiona el que los afiliados y adherentes permanentes tengan un régimen de regulación claro con derechos y obligaciones, mientras que los adherentes de movimientos políticos no contraen derechos u obligaciones ni son exclusivos de una organización.

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Otras de las problemáticas identificadas por el Gobierno para proponer esta reforma es que el CNE no lleva un registro de los adherentes y que la fragmentación de las organizaciones políticas representa un problema grave para el mantenimiento de la democracia, lo que afecta también al desarrollo económico y a la estabilidad política del país.

Menciona también que con las disposiciones actuales extinguir a un movimiento político por reducción de sus miembros se torna casi imposible y que es algo que no ha ocurrido hasta la fecha, por lo que los movimientos políticos existen en el Ecuador sin garantizar una representación adecuada.

Posturas a favor y en contra de la consulta

A favor: “La pregunta es muy positiva, porque actualmente el alto número de movimientos que existen, entre partidos y movimientos, es una exageración y esto como ya se lo ha expuesto ocurre en al menos 80 cantones. Comparemos con Estados Unidos, allí apenas existen cinco partidos políticos y los más relevantes son los Demócratas y Republicanos”, dice el legislador oficialista Patricio Cervantes.

Menciona que es preocupante el bajo número de adherentes que tienen algunos movimientos y la propuesta del Ejecutivo lo que busca es mejorar la calidad de los miembros de los movimientos “estableciendo un régimen de vinculación real a las organizaciones políticas y de responsabilidad”.

“Queremos evitar que existan tantos, hay movimientos cantonales y hasta parroquiales y eso no puede ser así, sin ninguna ideología, sin ninguna formación política de sus afiliados y adherentes. Además mantenerlos le cuesta demasiado dinero al Estado, un dinero que se puede invertir en las muchas necesidades que tiene el país”, explica.

El asambleísta sostiene también que las disposiciones que deberá cumplir el CNE harán que exista una modernización en el control de firmas de los afiliados para tener así mayor transparencia electoral, que no está delimitada hoy en día en el Código de la Democracia. La adhesión de ciudadanos con firmas falsas ha sido por años uno de los problemas que ha involucrado a partidos y movimientos del país y por el que existen múltiples denuncias.

“Es importantísimo que toda la ciudadanía analice a fondo esta pregunta, porque va a mejorar la representatividad, calidad de afiliados y de quiénes nos van a representar en las diferentes dignidades y los partidos van a llevar también ya un registro y esto será auditado por el CNE”, afirma.

Simpatizantes del Partido Social Cristiano en una foto de archivo.

En contra: Para Fausto Camacho, exconsejero del CNE, coordinador del Observatorio Electoral y miembro del colectivo Voces por la Democracia, la propuesta del Ejecutivo es totalmente insuficiente y no va a producir el cambio real que necesita el sistema de partidos políticos.

“Como Voces por la Democracia estamos más que convencidos que hay que modificar las reglas de los partidos políticos, por ejemplo poner el 1,5 % ya eso está y es claro para ambos, partidos y movimientos, que son el mismo caos. Esto lo que va a producir es que los movimientos tengan que completar firmas y el CNE tendrá que auditar el archivo, pero auditarlo no es garantía de que funcione”, subraya.

Sobre las herramientas que debería instaurar el CNE, como un sistema biométrico, Camacho dice que es positivo, pero que no será de ayuda si no está conectado con los datos del Registro Civil.

“Si se llega a aprobar esta pregunta inocua, los partidos y movimientos seguirán siendo los mismos y se inventarán formas para presentar archivos que digan que están actualizadas huellas y firmas, pero que no garantizarán que exista democracia”, opina.

Como colectivo, cuenta que presentaron una propuesta meses atrás para reformar el sistema de partidos que abarca temas como: elecciones de candidatos y directivas que realicen en un solo día cada cuatro años y sean organizadas por el CNE, al igual que unificar las elecciones seccionales y generales. Además de mecanismos de transparencia para el origen y destino de recursos que reciben y administran los partidos.

Camacho cuestiona también el argumento del Gobierno de que el alto número de organizaciones implica un costo millonario en asignaciones y dice que es una verdad a medias, ya que no todas las 279 reciben ese dinero, que asegura se concentra solo en no más de una docena de partidos nacionales. (I)