Implementar un régimen de tributación más progresivo, realizar canjes de deuda por conservación de la naturaleza y focalizar gradualmente los subsidios a los combustibles son tres recomendaciones preliminares, como políticas para expandir el espacio fiscal y con ello financiar proyectos, iniciativas y servicios que apunten a cerrar las brechas sociales y luchar contra la pobreza. Así lo resumió Olivier de Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, tras su visita de doce días a Ecuador.

De Schutter arribó al país el 28 de agosto para examinar la situación de pobreza. Durante su estadía mantuvo reuniones con autoridades gubernamentales, como el presidente Guillermo Lasso; dirigentes indígenas, como Leonidas Iza, líder de la Conaie; comunidades afrodescendientes; refugiados; grupos de mujeres; colectivos ecologías; academia y más organizaciones y representantes de la sociedad civil. Recorrió localidades urbanas y rurales de la Sierra y Amazonía.

Luego de todos los encuentros, la mañana del viernes 8 de septiembre el relator ofreció una rueda de prensa en Quito, donde adelantó algunas apreciaciones y conclusiones. Destacó la apertura de Ecuador con Naciones Unidas para abordar los desafíos que enfrenta el país.

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Señaló que la pobreza y la falta de oportunidades son unas de las causas que dan origen a la violencia e inseguridad que afecta a los ecuatorianos. En ese sentido, dijo que “se necesita una respuesta sobre la base de los estándares de los derechos humanos a los que Ecuador ha sido signatario, al invertir más en educación, salud y en su gente”.

Si bien el país enfrenta limitaciones, “existe la necesidad de ser más imaginativos en la búsqueda de soluciones”, exaltó De Schutter.

De ahí surgen las tres recomendaciones preliminares, que provienen de la información recabada en las distintas conversaciones que tubo en las dos semanas de trabajo.

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En materia tributaria, la propuesta es asegurar que más del ingreso público provenga de impuestos directos de renta, en particular de los grandes ingresos de hogares y corporaciones, y menos por impuestos indirectos. Además, se deben aumentar los esfuerzos por combatir la evasión tributaria.

Una segunda herramienta es con canjes de deuda pública por conservación de la naturaleza, para generar alivio financiero. Un ejemplo de ello es el acuerdo para proteger Galápagos; aunque, en este caso, los efectos no serán inmediatos.

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La tercera vía es abrir un debate sobre el uso de los subsidios a los combustibles fósiles y su gradual focalización. El sistema actual no resulta sostenible, porque alrededor de 4.500 millones de dólares se destinan a estos subsidios; además, están beneficiando al 20 % de personas más ricas del país y no alienta modos sostenibles de producción y consumo. Estos recursos podrían usarse en cubrir las necesidades básicas de las comunidades rurales.

Sobre este último punto, el relator especial de la ONU dijo que conversó con Leonidas Iza y Marlon Vargas, líderes de la Conaie y Confeniae. De Schutter dijo que confía en que ellos conocen lo que va en favor de sus comunidades y que aquello podría ser financiado con una salida gradual de los subsidios.

El relator especial resaltó cinco logros del país:

  • Reducción de 3,5 puntos porcentuales de la desnutrición crónica infantil.
  • Incremento del salario mínimo a $ 425, aunque todavía está por debajo de los costos de vida de la canasta básica, que actualmente está en $ 759.
  • Extensión de la cobertura de la asistencia social, que en 2022 se destinaron más de $ 1.000 millones.
  • Acogida de más de 500.000 migrantes venezolanos en los últimos años.
  • Ecuador ha organizado su sistema de protección social para incluir a los trabajadores informales, mediante la afiliación voluntaria, el régimen del seguro social campesino y la cobertura para trabajadores no remunerados del hogar.

Así mismo, habló de cinco desafíos que Ecuador debe superar:

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  • Mejorar la calidad de la educación. Si bien la cobertura se ha ampliado, “la calidad de la educación todavía deja mucho qué desear”. Al respecto, se sugiere que los currículums educativos sean más relevantes, capacitar mejor a los maestros y equipar adecuadamente a los establecimientos.
  • Extender los servicios básicos a las zonas rurales, ya que existen enormes brechas con la parte urbana. Las provincias amazónicas de Morona Santiago, Pastaza y Napo están especialmente más afectadas que otras regiones del país.
  • El sistema de protección social todavía no es efectivo para proteger a los más pobres. Se debe mejorar y actualizar el registro social para incluir a más hogares de bajos ingresos.
  • Los derechos de los trabajadores deben estar mejor aplicados. En el país hay solo 240 inspectores laborales (140 del Ministerio del Trabajo y 100 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS). Las inspecciones son insuficientes y, en algunos casos, los salarios mínimos no son cubiertos.
  • Hacer más esfuerzos por la comunidad afrodescendiente y las comunidades indígenas. Una prioridad es proteger el derecho a la tierra y ser mejor atendidos con servicios básicos. Cualquier proyecto de desarrollo que se lleve a cabo en los territorios de grupos indígenas, aquellos grupos deben tener el derecho al consentimiento previo, libre e informado, lo cual aún no está debidamente garantizado.

Olivier de Schutter contó que buscó reunirse con los candidatos presidenciales Luisa González y Daniel Noboa, pero que por temas de agenda no pudo concretarse ningún encuentro. Invitó a los finalistas a pronunciarse sobre las tres recomendaciones de políticas fiscales.

Adicionalmente, se refirió a los resultados de las consultas populares del 20 de agosto, en las que ganó la voluntad mayoritaria de los ecuatorianos por detener la explotación petrolera en el Yasuní e impedir más proyectos mineros en el Chocó Andino. Comentó que los resultados dejan un mensaje claro de que los ciudadanos desean que el país se aleje de un esquema de desarrollo con base en el extractivismo.

El relator especial presentará el informe final de su visita a Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos, que tendrá lugar en junio de 2024. (I)