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Tres exfuncionarios de Petroecuador acusados por cohecho buscan cambio de la prisión preventiva ordenada

La Fiscalía formuló cargos como autores del delito de cohecho contra cuatro exfuncionarios de Petroecuador y un exsubsecretario del Ministerio de Finanzas.

Quito. 13/11/2022. Como parte de los allanamientos realizados por la Fiscalía dentro del proceso de investigación por el delito de cohecho, las autoridades policiales y fiscales llegaron al edificio principal de Petroecuador en Quito. Cortesía FGE/El Universo. Foto: El Universo

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Doce días han pasado de los 90 que dispuso la jueza de flagrancia de Pichincha, Geovanna Palacios, para la fase de instrucción fiscal contra siete personas investigadas por el delito de cohecho ocurrido a partir de una red de sobornos que habría liderado desde el 2010 Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional en Petroecuador.

Las acciones investigativas han continuado; la jueza Palacios se inhibió de seguir a cargo de la causa, pues al ser de flagrancia solo debía conocer la formulación de cargos; y trasladó a un juez penal de Pichincha el expediente.

Detención de Nilsen Arias en EE. UU. revela red de sobornos en Petroecuador

Paralelamente están a la espera de que se trate la apelación a la prisión preventiva los exfuncionarios de Petroecuador: Lenín Armijos, exasesor de la Gerencia General; Miguel Palacios, exsubgerente Comercial de Operaciones; y Galo Garzón, exadministrador de Contratos, así como también la Fiscalía, quien apeló las medidas alternativas dispuestas para Andrés Racines, exjefe de Soporte Técnico de Petroecuador.

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Solo los tres recibieron la medida de prisión preventiva y fueron llevados a la denominada Cárcel 4, al norte de Quito, por pedido de sus abogados, ante la situación de violencia que se vive en el sistema penitenciario del país. Los restantes cuatro: el exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, Willam Vásconez, Wilson Naranjo, Jorge Ponce y el exPetroecuador Racines recibieron las medidas de presentación periódica los lunes y viernes, la prohibición de salida del país y el uso del dispositivo electrónico.

Para la fiscal Ivonne Proaño los cuatro exfuncionarios de la estatal petrolera, el extrabajador del Ministerio de Finanzas y los dos ciudadanos habrían colaborado en algún nivel con el entonces gerente Arias para obtener beneficios ilegales por la compra y venta de crudo o derivados.

La jueza Palacios ya dio paso al recurso de apelación y ahora esta en manos de un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha resolver si son procedentes los argumentos para cambiar la medida de prisión preventiva. Aún no se conoce ni los jueces provinciales que conocerán el recurso, ni la fecha en la que se dará la audiencia respectiva.

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Las defensas de Armijos, Palacios y Garzón consideran injusta la orden de prisión preventiva e insisten en que no hay elementos claros contra sus clientes ni para encarcelarlos y peor para procesarlos.

Según la Fiscalía, en este caso se asociaron para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a comercializadoras internacionales como Vitol, Gunvor o la empresa Petrochina con la adjudicación de contratos. En audiencia se dijo que el monto del cohecho investigado habría alcanzado los $ 22 millones.

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QUITO. En la imagen el entonces gerente de comercialización de Petroecuador, Nilsen Arias Sandoval, en la apertura de ofertas para la provisión de gas.

La Fiscalía presentó en la formulación de cargos, como uno de los elementos de convicción, la investigación remitida como asistencia penal internacional por Estados Unidos, la cual hacía referencia “al modus operandi de la cadena de corrupción, para sobornos y lavado de activos, que operaba en Petroecuador”. Dentro de esa investigación las autoridades estadounidenses tenían la cooperación de Nilsen Arias, pues se había declarado culpable.

Arias es acusado de lavado de dinero en Estados Unidos y actualmente está libre bajo fianza y colaborando con la justicia de ese país. Los dineros lavados por Arias, que serían al menos $ 15 millones, tendrían directa relación con sobornos recibidos por él en diez años, entre el 2010 y 2017, que fue funcionario público en la estatal petrolera ecuatoriana.

La colaboración estadounidense señalaba que dentro la cadena investigada se ha establecido que Nilsen Arias, en su calidad de gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, operaba con sus cómplices para camuflar el sistema de millonarias coimas de empresas como Vitol para obtener contrataciones directas consecutivas con Petroecuador, evitándose así los procesos de adjudicación.

Cohecho es el delito por el que serán procesadas las siete personas detenidas por actos de corrupción en Petroecuador

La información referida por la Fiscalía ecuatoriana en la audiencia del 2 de noviembre pasado, tomando de base los documentos de Estados Unidos, indicaba que esta trama de corrupción se basaba en el sobreprecio en la venta de petróleo, entre otras irregularidades. Se resaltaba que para ocultar tal fin se emitieron facturas falsas, se crearon contrataciones de consultorías y asesorías falsas, acuerdos simulados y se proporcionó información confidencial de Petroecuador a empresas comercializadoras.

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La línea de tiempo investigativa de Fiscalía data desde el año 2010 al 2022, período dentro del cual se ha determinado que los procesados en mención laboraron en Petroecuador en cargos técnicos y de asesoría ligados directamente al cargo de Nilsen Arias.

“La investigación de Estados Unidos detectó que Nilsen Arias operaba conjuntamente con quienes en ese país se los ha denominado como cómplices. Fiscalía dentro de su investigación obtuvo la versión de Jorge Mauricio Cisneros Ortega, quien se desempeñó también como gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, en el período de junio a noviembre de 2017, y a través del cual Fiscalía pudo identificar que corresponderían como cómplices tres de los procesados, entre otros”, se explica en una providencia del caso.

El delito de cohecho definido en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años. (I)

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