El excandidato presidencial Yaku Pérez pidió a la Fiscalía que dentro de la investigación previa por el delito de defraudación tributaria abierta contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, a partir de las revelaciones de los denominados papeles de Pandora, analice documentación que entregó la mañana de este miércoles y que “podría comprometer seriamente” al primer mandatario.

Pérez Guartambel, antes de ingresar a la Fiscalía General del Estado, en Quito, señaló a la prensa que habían conseguido doce folios del registro público de Panamá, los cuales han sido materializados por la Notaría 45 del cantón Quito, “en el que consta el historial de la compañía Banisi Holding S. A., propietaria del banco de Guillermo Lasso en Panamá”.

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Dentro de la información que presentó quien participó en las elecciones presidenciales del 2021 estaría el historial de Banisi: fecha de constitución en el 2012, aumento de capitales del 2013 hasta el 2017 que llegó a los $ 60 millones. En este último incremento de capitales, dice Yaku Pérez, el presidente de la compañía Banisi era Guillermo Lasso, su esposa era la tesorera y su hijo, el secretario.

Algo que quizá sea lo clave de todo para Yaku Pérez es que en la Notaría Novena del Circuito de Panamá, en la escritura 5749 del 17 de julio de 2020, tiempo después de que estaba vigente la prohibición de tener empresas offshore desde el 2017, se lee que se resuelve designar a las siguientes personas como nuevos directores de la sociedad en reemplazo de Guillermo Lasso y María de Lourdes Alcívar.

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“No es que se deshace de las acciones, de los activos el señor Guillermo Lasso, no, reemplaza, cambia nada más que el directorio. Aquí no consta que él se deshace, en ninguna parte de la escritura pública consta que él ya no es accionista, él incluso llega a firmar como presidente saliente de la compañía. (...) Reitero la fecha: 2020. Es decir que cuando estaba ya prohibido el mantener capitales offshore en paraísos fiscales, él hasta el 2020 seguía siendo director, solo después de esa fecha deja de ser director de Banisi Holdings S. A.”, apuntó.

La investigación previa por el delito de defraudación tributaria fue abierta en la Fiscalía el 18 de octubre pasado, a partir de la denuncia hecha por Yaku Pérez el 6 de este mes.

La nueva información entregada por el excandidato presidencial a la Fiscalía, a él le hace presumir que además del delito que se investiga, el presidente Lasso podría haber cometido el delito de perjurio, la defraudación fiscal, el testaferrismo e incluso cree que la conducta del mandatario podría adecuarse al delito de enriquecimiento ilícito.

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Dentro de este mismo caso, Yaku Pérez deberá rendir versión este jueves en la Fiscalía. Esta mañana, además de entregar esta información, solicitó sque e realicen varias diligencias desde la Fiscalía, entre ellas, que se pidan a través de la Unidad de Asistencia Penal Internacional las certificaciones de todos los movimientos financieros activos y acciones tanto en el Banco de Panamá como en Dakota del Sur, Estados Unidos.

Adelantó que pedirá que actúen con ciertas diligencias la Contraloría, las Super de Bancos y de Compañías, y que ya ha solicitado acciones al Servicio de Rentas Internas (SRI).

“Si Guillermo Lasso vendió (sus acciones), cuánto pagó de impuestos o transferencias. Si él donó, porque dice que él donó para que su esposa, luego de sus días, reciba $ 20.000 mensuales, sus hijos $ 5.000 y su hermano, cuánto pagó por impuestos a las herencias, legados y donaciones. (...) Si ese dinero está fuera del país en paraísos fiscales es un delito, si esos dineros están acá que nos diga el señor Guillermo Lasso dónde están, en qué los ha invertido”, concluyó.

El excandidato presidencial Yaku Pérez (c) participó en la primera jornada de protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso, en Quito (Ecuador). EFE/Santiago Fernández Foto: EFE

La información parte de los papeles de Pandora o Pandora Papers fue publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ).

El presidente Guillermo Lasso ha negado en diversos foros que él, sus empresas o su familia hayan cometido delito alguno dentro o fuera del país. (I)