Las instituciones llamadas a velar por el cumplimiento de las leyes y normas están contaminadas de personajes corruptos, que no están para servir a la gran mayoría de ciudadanos, sino a determinados partidos o movimientos políticos o a los políticos corruptos sentenciados o procesados.

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Vemos el actuar de los integrantes del Tribunal Contencioso Electoral, que entre las normas que lo regulan está la Constitución Nacional del Ecuador, que en su artículo 221 numeral dos dice: “Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales”; pero de una manera ilegal, sin haber existido ninguna norma, se procedió de manera por demás ágil a borrar de los registros al Movimiento Construye por cometer una presunta infracción relacionada con el financiamiento de la política y gasto electoral.

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Pero lo contrapuesto a esta acción del tribunal lo vemos en un movimiento político, que por las series de investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Estado, se ha podido establecer que están siendo financiados de manera dudosa, además de tener miembros involucrados en investigaciones relacionadas al narcotráfico, sobornos a jueces, abogados y fiscales. ¿Por qué no tienen la misma agilidad para eliminar a ese movimiento de los registros electorales y a todos los funcionarios electos dar por terminado su mandato y suspenderlos de sus derechos políticos de acuerdo al Código de la Democracia, que en su artículo 70 numeral 5 y, la Ley Orgánica de Control del Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral, en su artículo 37 literal d, donde se establecen las sanciones.

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Es hora de empezar a limpiar a estos malos servidores, que solo entran a ejercer esos cargos para llenar sus bolsillos de coimas. El presidente de la República debería, a través de sus asesores legales, entablar sendas demandas en contra de estos personajes oscuros. (O)

Francisco René Alcívar Villegas, CBA, Daule