Pregunté a un amigo muy querido qué hacer en una circunstancia donde el abogado defensor es conocido por sus métodos coercitivos, muchas veces reñidos con la ley. “Es un delincuente”, opiné. Y mi sabio amigo respondió: “Estamos negociando continuamente con varios tipos de delincuentes. Vea todos los que están siendo juzgados e investigados, que tuvieron puestos relevantes en la sociedad”.
Quizás una de las tareas más difíciles es diferenciar entre institución y personas. A todos los niveles: Asamblea, poder Judicial, Ejecutivo, medios de comunicación. No contamos a las iglesias, porque ahí la coherencia entre vida privada y pública no es optativa.
¿Cómo lograr que la institución prevalezca sobre las personas? Obtener lo que se busca, pero no a cualquier precio. Ser eficaces sin sacrificar principios. Todo es posible, pero no todo está permitido. Las manos se deben ensuciar, se puede dialogar con los poderosos, pero no convertirse en sus corifeos. Fomentar democracia a todos los niveles, no decidir en nombre de los afectados sin que estos lo sepan. ¿Los jueces conocen de cerca el dolor de las familias que enfrentan ejecuciones, secuestros, desplazamientos? ¿Conocen su miedo e impotencia? ¿O solo conocen la ley de ojos vendados, ciega y muda?
Queremos enfrentar a quienes no respetan la ley… usando la ley. Es como pretender abrazar humo: la forma se desvanece entre los dedos porque quienes deberían acatar las reglas las ignoran o retuercen.
Estamos en una guerra interna, no declarada, sin fronteras ni ejércitos. La violencia se infiltra en barrios, instituciones y entrañas del Estado. Y en medio de esto, la Asamblea aprueba leyes para responder a la emergencia… pero su credibilidad es ínfima. La Corte Constitucional bloquea partes de esas normas por considerarlas contrarias a la carta magna, de la que es garante.
¿Quién tiene razón? La Corte cumple su papel: impedir que lo urgente atropelle lo fundamental. Pero en la calle, el ciudadano ve como el reloj corre, los muertos aumentan y la sensación es que se pelean en despachos y tribunales mientras la violencia avanza.
Cambiar la Constitución sería una vía para dar un marco más flexible, pero eso requiere un proceso largo, con consultas, debates y votaciones. Y estamos en modo emergencia, no en un taller de reformas jurídicas. El dilema es claro: ¿cómo actuar rápido sin caer en el atajo peligroso de un Estado autoritario?
Una salida posible son leyes temporales, con vigencia limitada y supervisión fuerte. Así se evita que lo excepcional se vuelva permanente y se abre una ventana para actuar sin romper el marco democrático.
Pero hay que ser claros: las leyes, por sí solas, no desarman a quien vive del delito. Y si quienes deben aplicarlas no lo hacen, volvemos al humo. La verdadera solución exige algo más difícil: instituciones que funcionen, mandos que no se vendan, un sistema judicial que no se doblegue y una ciudadanía que no se acostumbre a convivir con violencia e impunidad.
Y políticos y autoridades que amen a Ecuador y a su gente, que la miren a los ojos, la comprendan, la abracen, lloren con ella sin miedo, con respeto y compromiso. Y ahí sí, no será humo lo que intentemos abrazar, sino la sombra de lo que alguna vez fue un país con leyes que servían para algo. (O)
