Uno de los grandes desafíos en el país es la recuperación de la confianza que se ha perdido. No hay confianza en las instituciones ni en sus representantes, que han hecho las cosas a espaldas de los ciudadanos y que han generado incertidumbre y desesperanza.

Para ello se necesita la voluntad de todos, partiendo de sus autoridades, que no piensen en sus intereses personales ni de grupo sino en el bienestar general, que a su vez puede generar paz y seguridad en medio de un ambiente de violencia, inestabilidad e incertidumbre.

Esto pasa por la rectificación de actitudes y decisiones que se han impuesto por sobre el ordenamiento jurídico y la irracionalidad de autoridades que administran sus agendas personales.

El nuevo presidente y su Gobierno tienen la oportunidad de sembrar confianza con decisiones claras, explícitas y urgentes en un periodo corto de año y medio; que, si bien no pueden arreglar todos los problemas, deben al menos sentar las bases para el desarrollo y la recuperación de la confianza.

Qué confianza puede haber en uno de los pilares de una democracia, la administración de justicia, cuando hoy se lleva a cabo un proceso de selección de jueces nacionales que está viciado, muy desacreditado y que poco les importa a los que dirigen el órgano administrativo y disciplinario de la judicatura. Se siguen burlando del país con errores tras errores. No hay legalidad, legitimidad, constitucionalidad. Al contrario, se han señalado claros vicios que se repiten y que debieran obligar por lo menos a la suspensión del concurso, que no está para la vanidad de sus autoridades, más aún cuando ellos están desacreditados e incluso procesados penalmente por obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y lavado de activos. Se presume que todo para complacer a quienes presionan permanentemente para lograr impunidad, en lugar de garantizar la transparencia e independencia judicial.

La crítica rebasó lo interno cuando observadores del más alto nivel de la ONU acaban de cuestionar severamente este proceso de selección de jueces y han planteado que se rectifique y se revise inmediatamente porque no genera ninguna confianza. Cuestionaron varias fases del concurso, entre ellas la repetición de las pruebas de confianza, la falta de claridad y justificación de puntajes en la fase de méritos. Destacaron la importancia de garantizar la independencia judicial y la transparencia en los procesos relacionados con la selección, evaluación y sanción.

Sugirieron la necesidad de retroceder en el concurso para resolver las dificultades presentadas y observaron las consecuencias que puede tener un proceso cuestionado y la posible ilegitimidad de quienes sean designados como nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia. Las autoridades nacionales, seccionales, los políticos, los asambleístas, los jueces debieran demostrar con sus actos, más allá de la demagogia, contradicciones y mentiras, que están para cumplir la ley. La Asamblea tiene que generar confianza y no dilatar la posesión del nuevo contralor del Estado, que fue seleccionado mediante concurso y que se cerró hace tres semanas. Todo porque no salió el candidato que querían. (O)