José Orlando Peralta

@Latinoamérica21

Con base en la falsa tesis del golpe de Estado (crisis política de 2019), la expresidenta Jeanine Áñez fue detenida y encarcelada en marzo de 2021. Casi dos años después, y partiendo de la misma tesis, ha sido aprehendido (secuestro estatal) y detenido preventivamente por cuatro meses, Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento autónomo con mayor poder económico de Bolivia. Se le acusa de terrorismo.

Este acto, cometido por agentes policiales el día 28 de diciembre, ha develado la deriva dictatorial del gobierno de Luis Arce y provocado una reacción ciudadana en Santa Cruz mediante el bloqueo de calles, incendios en instituciones públicas (Fiscalía, comando de policía y poder judicial, impuestos nacionales, entre otros) y la casa de un ministro de Estado y enfrentamientos con la policía.

¿Cómo entender la deriva dictatorial del presidente boliviano que se ha puesto de manifiesto mediante la aprehensión de un gobernador autónomo, elegido por el voto ciudadano?

La aprehensión del gobernador cruceño se entiende como un hecho indicativo de la deriva dictatorial del Gobierno boliviano, ya que se le han suprimido, no solo restringido, sus derechos políticos. En otras palabras, desde el vértice de la pirámide, el poder central ha decidido sobre la libertad política de un gobernador autónomo, pero sin intermediación o contrapesos institucionales que limiten o restrinjan los abusos del monopolio de la violencia del Estado.

Para entender este acontecimiento de gran impacto que refleja la debilidad institucional de la democracia en Bolivia, es pertinente reconocer cuatro factores que lo configuran: jurídico, político-partidario, polarización y autorganización ciudadana.

De acuerdo a los expertos en el área jurídica, se cometieron cinco ilegalidades con la aprehensión de Luis Fernando Camacho. Secuestro: se vulneró su derecho a la defensa y a ser notificado previamente; se usó violencia excesiva y no tenía una acusación formal, además de que se está en medio de la vacación judicial; no hubo un delito penal, ya que el supuesto delito de terrorismo es vago y ambiguo; fue trasladado a La Paz, cuando reside en Santa Cruz; y hubo desaparición forzosa, dado que se violaron sus derechos a la libertad física, integridad personal, integridad psicológico-moral y el derecho a la salud.

La pugna interna en el MAS entre el ala radical de Evo Morales y el ala renovadora de Luis Arce se ha profundizado hasta el grado de sacar a la luz denuncias sobre corrupción y narcotráfico en la gestión de ambos liderazgos del partido que gobierna desde 2006. Sin embargo, la falsa idea del golpe de Estado en 2019 es un lugar común en ambas alas y liderazgos. Por tanto, la detención de Camacho se puede traducir en un trofeo político para el presidente que simboliza, en el marco de su falaz tesis, la caída del “golpista oligarca de la derecha” y, por ende, una bocanada de aire fresco con las masas.

Desde la perspectiva afectiva, la polarización es un proceso de permanente conflicto entre nosotros versus ellos. Es decir, un escenario en el que las élites gobernantes deciden por la confrontación y dejan de lado la cooperación, cuestionan la legitimidad de determinadas instituciones públicas y causan pugnas entre ciudadanos mediante temas que dividen y movilizan, porque, estratégicamente, es más favorable la fragmentación que el consenso. Partiendo de este marco conceptual, queda claro que el secuestro estatal del gobernador cruceño azuza la polarización, puesto que otorga beneficios al MAS como partido en función de gobierno que, dicho sea de paso, está sufriendo la evolución constante de una división interna.

El permanente conflicto de “nosotros” versus “ellos”, azuzado por la élite gobernante, ha sido una circunstancia favorable para la autorganización ciudadana en Santa Cruz y su protesta política contra los abusos del poder central del Estado. Entre el 22 de octubre y el 25 de noviembre de 2022, hubo un paro de actividades públicas y privadas con bloqueos de calles y carreteras en el departamento para pedir la reprogramación del censo de población y vivienda antes de 2025 (año de las elecciones generales), que logró su cometido.

Con la aprehensión y detención preventiva de Camacho, el gobierno de Arce ha tocado una vena con una fuerte sensibilidad ideológica e identitaria porque no ha respetado la investidura de un representante político que ganó las elecciones con más del 50 % de los votos y encarna valores culturales de la región. Es decir, ha fortalecido ideológicamente la frontera histórica entre Santa Cruz y el Estado central dirigido desde La Paz.

En conclusión, con base en la falsa idea del golpe de Estado, que en realidad fue una crisis política, debido a la renuncia y huida de Evo Morales luego de haber cometido un fraude electoral, las instituciones democráticas están más debilitadas que nunca por el comportamiento político del actual gobierno nacional. La deriva dictatorial de Luis Arce, manifiesta en el secuestro estatal de Luis Fernando Camacho (gobernador autónomo) y el robo de su libertad política, es una pésima señal política para la esperanza de una convivencia democrática y el respeto de las diferencias ideológicas en Bolivia. Una señal oscura que Latinoamérica debe tomar en serio para ponerle límites. (O)

José Orlando Peralta Beltrán es politólogo. Es integrante del Centro de Investigación Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz de la Sierra). Publicó el ensayo “Rebelión y pandemia. Proceso político-electoral en Bolivia 2019-2020″, que fue editado por Plural.