No importa quiénes entrarían a una segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales; es más, no importa si hay un solo ganador en una sola vuelta, pero lo cierto es que el próximo presidente no podrá gobernar el Ecuador.
Lo más probable es que su partido o movimiento político no obtenga un número de asambleístas suficientes para darle el necesario soporte a sus planes. Tendrá que entrar en acuerdos móviles o no móviles con un popurrí de bancadas para que le den respiro, una práctica que fácilmente desemboca en el chantaje y el bloqueo. De eso han vivido, como sanguijuelas, una parte de los partidos y políticos ecuatorianos. Es más, las dificultades serán mayores si el nuevo Ejecutivo no comulga con el plan de gobierno y la visión política plasmada en la Constitución de Montecristi. Allí los problemas serán mayores. No solo que no tendrá soporte legislativo, sino que además tendrá en contra el texto constitucional.
Fragmentación polarizada, polarización fragmentada
En una democracia el poder nace de abajo, pero se ejerce desde arriba. Gracias al sistema constitucional que tenemos esto no es posible. Lo que tenemos es un sistema diseñado para la ingobernabilidad. Claro está que una solución sería que el presidente se convierta en un quasi dictador. Fue una fórmula que ya lo tuvimos y el resultado fue una década de abusos y robos. El Ecuador puede emprender el camino del progreso económico y justicia social sin transitar por dictaduras, encubiertas o no. Muchas naciones lo han logrado, y no hay razón para que nosotros no podamos hacerlo. Lo que debemos proponernos es una gran reforma constitucional que posibilite elegir a gobiernos de cualquier tendencia sin que caigan víctimas del chantaje político ni rehenes de una constitución que fue impuesta como trofeo de una victoria coyuntural. El Ecuador debe dar un vuelco fundamental en su diseño institucional. De nada sirve ganar en primera vuelta o barrer en la segunda vuelta, o ser muy popular o llegar con buenas intenciones. Si no hay una reforma institucional de fondo, nuestro país seguirá prisionero del péndulo de autocracia y anarquía, de incertidumbre y arbitrariedad.
Ejemplos sobran. Mientras que el presidente es electo con una mayoría absoluta de votos luego de la segunda vuelta, o con un considerable margen de más del diez por ciento sobre el segundo, lo cierto es que esa mayoría no se refleja en el poder Legislativo. Hay un fatal desencuentro entre estas dos elecciones. El presidente es elegido con una cancha ya trazada de antemano. Gracias a la fragmentación de los partidos y movimientos –que la propia Constitución alienta–, el Ejecutivo queda atrapado fácilmente desde el día uno. Como tantas veces lo he dicho, la salida a esta encrucijada es elegir a los asambleístas en la segunda vuelta electoral, o un mes después de la primera si la segunda vuelta no es necesaria. Naciones de una larga tradición republicana como Francia van más lejos, puesto, que obligan a los diputados a correr en dos vueltas a menos que se lleven el distrito respectivo en la primera, algo que es inusual. De esa forma logran equilibrar democracia con gobernabilidad.
El modelo económico previsto en la Constitución, el control constitucional, la independencia de los poderes, la eliminación de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la lista es larga. Pero hay que hacerlo. (O)
