En la segunda vuelta electoral, el Ecuador elegirá entre dos opciones de centro, la una con mayor énfasis a la intervención del Estado y la otra a la funcionalidad de la relación Estado-empresa. El desgaste político ideológico debe ser superado por el sentido práctico que exige nuestra urgencia económica. Ambos candidatos, en su eventual ejercicio del poder, deberían tener reacciones inmediatas que permitan al Poder Ejecutivo demostrar su real capacidad de cambio.

La inversión extranjera y nacional reclama un nuevo enfoque que permita su rápida activación. Una acción inmediata que desmonte los engorrosos trámites burocráticos para la firma de contratos que se han convertido en una feria de beneficios tributarios a los que se accede aun antes de que se verifique la inversión, creando una competencia desleal a la inversión ya establecida, así como perforaciones del arancel a la medida que destruyen el objetivo de desarrollo que debe caracterizar toda política arancelaria. La inversión se atrae con una política fiscal de aplicación general acorde a una economía dolarizada más competitiva que la de países vecinos para impulsar la industrialización de nuestro sistema productivo, a partir de las ventajas comparativas del Ecuador: economía dolarizada, salario digno, fuerza laboral joven, ubicación geográfica e infraestructura de interconexión vial tanto nacional como internacional suficiente, aunque mejorable.

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Estas son las propuestas económicas del plan de Gobierno de la candidata Luisa González

Una industrialización que no llega desde hace dos décadas, al implementar una política de inversión focalizada en proyectos tradicionales de exportación de materias primas, que se caracterizan por su baja intensidad de generación de empleo. De acuerdo con el BID, en Ecuador, entre el 2010 y el 2014, el sector de explotación de minas y extracción de petróleo captó 50 % de la Inversión Extranjera Directa (IED) y generó apenas 0,5 puestos de trabajo por cada millón de dólares invertido. Es importante resaltar que desde el 2015 Ecuador prácticamente no ha diversificado su catálogo de proyectos de inversión ni tampoco ha integrado valor agregado en el proceso industrial de las materias primas para su exportación. En el 2023, los 39 contratos de inversión firmados tienen beneficios tributarios muy altos, alguno de ellos con contrapartidas fiscales mayores a la misma inversión. Mientras Ecuador registra un estancamiento relativo en IED, otros países como Perú, Colombia, Chile y Bolivia han crecido entre el 85 % y el 590 %.

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La necesaria diversificación del portafolio de inversión, donde se integre con mayor fuerza la empresa privada, tanto extranjera como nacional, debe atraer, captar y retener nuevas inversiones en sectores con alta intensidad de empleo, que responden a las nuevas tendencias financieras, ambientales y digitales que están desarrollando los inversionistas; como las anunciadas la semana pasada por El Salvador y Costa Rica orientadas a la digitalización de la salud, la educación y a la industria de chips de nueva generación.

La inversión debe entrar en modalidad “fast track”, con carácter de urgente, para recuperar el empleo dramáticamente perdido en lo que va del año. (O)