En este desafío del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a la autoridad de la Corte Constitucional, le ha llegado a esta última la hora del ser o no ser: o destituye al presidente del Consejo y a los otros consejeros que se han sumado al desafío, por acción u omisión, o se convierte en rey de burlas y queda consagrado el estado de anarquía en que vivimos.

Es evidente que el presidente del Consejo está en su función para cumplir consignas del grupo político que –en violación de la ley que lo prohíbe- lo hizo elegir. Su primer objetivo fue anular a la fiscal general del Estado; cuando esto le falló, pasó a cumplir su segunda consigna y las emprendió contra la Corte Constitucional buscando la conformación de una veeduría para indagar el origen de la conformación de la Corte Constitucional; para ello, obtuvo que un juez de Montecristi disponga la creación de esta veeduría; sustentado en esa resolución de un juez anunció que daba paso de forma inmediata a la conformación de la veeduría.

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Con eso, consumó la violación legal al desconocer el dictamen interpretativo de mayo de 2019, que blindó las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que presidió Julio César Trujillo. La Corte Constitucional al darle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social un plazo de 72 horas para presentar un informe pormenorizado de sus actuaciones, tal vez le ha abierto a este la puerta para dilatar el procedimiento. Pienso que la Corte debió destituir a los responsables fundada en la evidencia pública.

Es también evidente que el actual presidente del CPCCS no ha llegado a su función por otra causa que la de su fiel cumplimiento de las consignas que recibe de su grupo político; así actuó en el caso del juicio contra el Diario EL UNIVERSO; así lo hizo en el ataque a la fiscal general, y continuará haciéndolo en el futuro. Llegó él auspiciado públicamente por su grupo político en contradicción con la ley que lo prohíbe; la impugnación que se le hizo no fue acogida por el juez de primera instancia del Tribunal Electoral, y se aguarda la resolución de segunda instancia, que ojalá sea fundada en derecho, si es que el derecho todavía tiene algo que hacer en estas materias. Víctor Hugo decía “que el derecho no puede estar, como el Coloso de Rodas, con sus pies en dos orillas”. Esta infracción de la ley se cometió abiertamente, sin pudor, a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral.

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Es imposible el rescate del derecho, de la ley, de la justicia, mientras esté vigente la Constitución de Montecristi. Esta creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo objetivo principal era que la Presidencia de la República, que escogía a sus integrantes, pudiera designar a las autoridades de control. Luego, en el referéndum, se estableció que serían elegidos por votación popular y ya vemos los resultados.

La solución para eliminar esta anarquía generalizada es la derogatoria de la Constitución de Montecristi. Como fue aprobada por referéndum, de la misma manera puede ser derogada por el voto popular y quedaría vigente la anterior, la de 1998, como lo ha sostenido el doctor Simón Espinosa. (O)