En la novela Los miserables de Víctor Hugo, Jean Valjean roba pan para alimentar a su familia y es condenado a 5 años de prisión, que se prolongan por intentos de fuga. Siglos antes de la época en que está situada la obra, fueron ejecutados en Europa cientos de miles de “grandes y pequeños ladrones”, trabajadores expulsados de sus tierras que se dedicaron al vagabundeo. Tempranos casos de ensañamiento con los empobrecidos.

¿El estado de emergencia para siempre?

En abril último otro Jean, este de carne y hueso, es víctima de un sistema de exclusión: Un adolescente con otras personas entra a una hacienda en la provincia de Bolívar para hurtar aguacates. Son sorprendidos y el chico no logra escapar, es linchado y quemado en el 90 % de su cuerpo por los pobladores, que se quejan de los continuos robos. Murió. No es al comendador que expoliaba tierras y mancillaba doncellas a quien mató Fuenteovejuna, sino a un ser humano en la flor de su vida ¡por sustraerse aguacates! El derecho de propiedad vence al de la existencia. ¿Qué principio autoriza a esos pobladores a asesinar al infractor, sin esperar a que los jueces cumplan su papel? Un hurto famélico que aquellos decidieron que debía castigarse con la muerte, de un bárbaro modo.

Justicia y paz

No se inauguró entonces la atrocidad. Para citar solo recientes casos: El 2022 en Cuenca golpeó el populacho a un hombre hasta matarlo, confundiéndolo con otra persona. El mismo año en Manabí la multitud incineró a un colombiano que habría asaltado a unas personas en un cíber. La xenofobia atiza el fuego de las manos prontas a quitar vidas. El 2023 una muchedumbre golpeó y quemó a un presunto extorsionador en Tungurahua. En algunos lugares del país letreros hay: “Ladrón agarrado, ladrón quemado”, lo que constituye apología del delito, que impasibles o cómplices miran los ciudadanos y las autoridades.

El miedo hace lo suyo y nubla las mentes y las conciencias. Así, no importa a un segmento de la población la suerte de los sospechosos o condenados de haber perpetrado fechorías. Que pierden sus derechos quienes violan los ajenos, exclaman algunos y así pretenden instalar la barbarie, resucitando a Pinochet, nacionalizar a Bukele o instar al presidente Noboa a que siga con sus desafueros. En la memoria colectiva herida yacen las imágenes de las masacres carcelarias en las que entre 2021 y 2023 murieron unos 500 reos, mezclados los ladrones de teléfonos con criminales armados, ante la permisividad negligente y vil de las autoridades. Veremos si las recetas de la consulta popular funcionan: Militarizar al país, aunque se sacrifiquen derechos humanos; y el aumento de las penas, que la experiencia demuestra que no es la solución.

En Ecuador se cae a pedazos la condición humana: En este año se informó que el 26 % de la población, 4′800.000 ecuatorianos, viven con menos de $ 90,8 mensuales y en el campo la pobreza es del 42,2 %, con ingresos menores a $ 3 al día. 10 de 100 padecen de extrema pobreza. El año lectivo anterior casi 120.000 niños dejaron de estudiar, más que en el del 2022-2023. ¡Curemos a esta sociedad enferma de miseria y deshumanización! (O)