Acciones, no solo declaraciones frente a uno de los pilares de una sociedad democrática como es la administración de justicia. Cuando funciona con independencia, imparcialidad, oportunidad y apego al ordenamiento jurídico, sin ninguna injerencia político-partidista, genera confianza y seguridad.

El dilema es justicia o impunidad. Existen experiencias recientes en la región que reflejan los contrastes de cómo funciona la justicia. El caso peruano, con la liberación del expresidente Alberto Fujimori, que fuera sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, violaciones de DD. HH. y corrupción, ha generado duras críticas, aunque estuviera 16 años en la cárcel.

Sin embargo, con todos los errores, debe reconocerse la institucionalidad y funcionamiento de los tribunales de justicia, que ha llevado a la cárcel a expresidentes, aunque el primero acaba de salir en medio de cuestionamientos.

Otros dos exmandatarios siguen presos. Pedro Castillo por haber atentado contra la institucionalidad e intentar un golpe de Estado. Está a la espera de su sentencia. El tercer exmandatario, Alejandro Toledo, fue extraditado de los EE. UU. acusado de corrupción, de haber recibido millones de dólares de la empresa Odebrecht.

Un cuarto expresidente, Ollanta Humala, estuvo 9 meses preso con su esposa por el financiamiento de Odebrecht a su campaña electoral. Un quinto exmandatario, Allan García, se suicidó cuando iba a ser detenido por corrupción debido a los sobornos de Odebrecht. Un sexto exmandatario, Pedro Pablo Kuczynski, fue procesado por lavado de activos y tuvo 36 meses de prisión preventiva con arresto domiciliario.

Qué contraste en Ecuador: delincuentes condenados por corrupción invocan persecución política. Se refleja en la inestabilidad e inseguridad jurídica, con jueces, no todos por cierto, que actúan a favor de la impunidad y en contra de la ley, protegidos por el cuestionado órgano administrativo y disciplinario de la Judicatura. Benefician a delincuentes y a políticos sentenciados por corrupción. Dilatan procesos judiciales con artimañas. Qué contrasentido cuando impulsan una campaña burda, sucia y de venganza, sin sustento constitucional, que busca tumbar en la Asamblea a la fiscal general, porque lucha contra el crimen organizado, y quieren sacarle para allanar el camino de la impunidad y revisar sentencias. Dijeron que no apoyarán el juicio y hacen todo lo contrario para viabilizarlo, incluido el bloque oficialista. Así deshonran su palabra.

Se llega a algo insólito cuando el Consejo de la Judicatura persiste en un concurso para designar jueces nacionales, cuestionado por todo el mundo, que está lleno de irregularidades, viciado, deslegitimado y criticado hasta por delegados de la ONU. Consejo que extiende ilegalmente periodos a jueces a la medida que han beneficiado con sobreseimientos y declaratorias de nulidad de actos de corrupción.

Jueces que deben juzgar a vocales de la Judicatura por tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, independencia judicial y lavado de activos, pero que también dilatan su procesamiento. El país no puede permitir que siga este proceso de mayor deterioro de la administración de justicia. (O)