¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Así empezaba Cicerón, el 8 de noviembre del 63 a. C., su primera Catilinaria, para desnudar la conjura golpista del corrupto senador de ese nombre. He recordado ese episodio ya varias veces, al enterarme y observar el devenir de una propuesta de reformas al Código Orgánico Integral Penal que llegó al pleno de la Asamblea Nacional con voto unánime de los legisladores de la Comisión de Justicia.
Hoy la propuesta, por suerte, está entrampada y se desconoce su futuro, luego que se haya descubierto la conjura con la cual se pretendió desnaturalizar el recurso de revisión, quizá para beneficiar a personas específicas y no a nuestro precario sistema de justicia. La experiencia del debate ha sido triste porque hasta abogados cultos y leídos, sin avergonzarse, han contribuido en sus peroratas al debilitamiento de los sistemas de protección a los derechos humanos esgrimiendo, en el delirio, que Ecuador no está obligado a acatar informes de los comités de la ONU, sino solo sentencias de la Corte Interamericana. ¡Increíble!
Otras reformas, populistas o no, serán materia de una consulta popular, con la que el Gobierno no solo logrará mayores herramientas para combatir el crimen, sino que podría consolidar su proyecto de poder y reelección. Se incluyó, además de los temas penales, una pregunta sobre la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional, adoptando la ilusión de que el problema en la resolución de las garantías jurisdiccionales tiene su origen en la formación de los jueces y no en su deformación ética. ¿Contará el Consejo de la Judicatura con presupuesto para implementar estas judicaturas en todo el país? ¿Cuándo? ¿Acaso con el IVA de 15 puntos? De hecho, la misma consulta costará alrededor de 60 millones.
¿Error o fraude a la voluntad del presidente?
Más o menos dos milenios han pasado y la política humana no deja de parecerse a la de Roma. Allá también era usual el entrampamiento del Senado en abyectas negociaciones partidistas, así como la banalización de los comicios y demás procedimientos plebiscitarios, con el fin de consagrar lo que otro hijo de la península itálica, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, siglos después explicaría así en El gatopardo: que cambie todo, para que nada cambie.
Quienes debieron propiciar los cambios, no lo han hecho a tiempo. Me refiero, por ejemplo, a la Corte Constitucional, que cuenta según la Constitución con la iniciativa para plantear reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Quizá si lo hubiese hecho, no tendríamos que acudir en consulta popular a responder una pregunta tan compleja, que casi nadie entiende, para resolver el problema del mal uso de las acciones constitucionales. Ahora lo decidirá el coliseo romano.
Por eso es imperativo, presidentes Álvaro Román y José Suing, que convoquen a la academia y al resto de la comunidad jurídica para pensar en las más urgentes reformas que requiere el Código Orgánico de la Función Judicial y otras normas, a fin de restaurar el funcionamiento de la justicia ecuatoriana y de la abogacía, presas de tantas conjuras. ¿Hasta cuándo esperaremos? (O)
