La trata de personas, como manifestación del crimen organizado, forma parte de los graves delitos que alimentan las economías ilícitas a costa de la dignidad de seres humanos.
En la mayor parte de los casos, las víctimas son los más vulnerables: personas en contextos migratorios; niñas y niños que atraviesan nuestra región, muchas veces no acompañados; jóvenes y adultos buscando fuentes de sustento o familias huyendo de las crisis económicas y políticas, de la violencia, los conflictos sociales o de las graves consecuencias del cambio climático.
En el primer trimestre de este año, más de 100 mil personas migrantes atravesaron la selva del Darién, que conecta a Colombia y Panamá. Aunque la mayor parte son venezolanos, los ecuatorianos se han convertido en el segundo grupo mayoritario, según las autoridades migratorias panameñas.
El Darién, el infierno que madres migrantes camuflan como una aventura para sus hijos
Las niñas y niños migrantes no acompañados son el principal objetivo de los tratantes. De acuerdo con Reporte Global sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), una de cada tres víctimas de trata de personas es una niña o un niño; los grupos armados reclutan a niños, mientras que las niñas se enfrentan a la esclavitud sexual o al trabajo doméstico.
El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, fecha designada en 2013 por la Asamblea General de la ONU con el objetivo de concientizar sobre la situación de las víctimas de este crimen y proteger sus derechos.
Este año, la campaña global para este día busca redoblar las acciones que como sociedad debemos dirigir para no dejar ninguna niña o niño atrás en la lucha contra este delito.
Ecuador, como Estado parte del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres, niñas y niños, ha buscado abordar los desafíos para mejorar la respuesta penal frente a un delito de difícil detección de cara a temas que, sin duda, han complejizado la agenda de seguridad del país.
UNODC tiene el mandato de apoyar a los países en la lucha contra este fenómeno criminal. En Ecuador se han emprendido acciones de entrenamiento con fiscales, policías e inspectores de trabajo; también se han realizado estudios con la academia y se ha buscado que las organizaciones de la sociedad civil se articulen alrededor de esta problemática.
Es vital contar con mejores sistemas de justicia adaptados a las necesidades de niñas y niños, que garanticen el apoyo a las víctimas y sobrevivientes, y exijan responsabilidades a los tratantes.
La niñez y la adolescencia necesitan protección urgente. Robustecer las capacidades para investigar y judicializar adecuadamente los casos de trata permitirá encontrar enfoques que, desde múltiples miradas, prioricen una agenda centrada en los riesgos.
Todas las personas tenemos un papel que desempeñar para decir NO a la trata de niñas y niños. (O)
